La frenética guerra de borradores del Presupuesto 2026 que surcó el aire de la Casa Rosada hace 20 días, ahora comienza a tener una explicación más clara, pero después del duro revés que afrontó el oficialismo el jueves por la madrugada en la Cámara de Diputados. Durante el tratamiento del proyecto del plan de cuentas nacionales para el año que viene, la oposición, liderada por el peronismo, consiguió el rechazo del capítulo once del texto, donde había aparecido, a último momento, la anulación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
Fueron 123 rechazos que se impusieron a los 117 respaldos y las dos abstenciones de ese puñado de artículos y de ese modo el oficialismo afrontó una ratificación preocupante: durante 2025 el gobierno afrontó tres derrotas consecutivas por esas dos normas: primero con la sanción de ambas, luego con la insistencia de dos tercios para superar el veto presidencial y este jueves con el golpe que sufrió en el repechaje para revertir una pulseada que, aún con el respaldo de las elecciones del 26 de octubre, no pudo ganar.
Según pudo reconstruir Tiempo, el garante de la última derrota fue el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, señalado por distintas fuentes oficiales como el impulsor de los cambios que hicieron naufragar la victoria parlamentaria que el gobierno quería anotarse antes de fin de año. “La anulación de las dos leyes fue una idea de Toto, que estaba convencido de que se trataba de una excelente señal para los mercados. Ahora retrocedió y tenemos que emparchar el agujero de alguna manera”, confió una alta fuente de la Casa Rosada para reconocer el sabor amargo que tienen desde la madrugada del jueves. El primer impacto que sufrieron en el quinto piso del Palacio de Hacienda no fue suficiente: la administración libertaria se demoró 72 horas en definir los pasos a seguir, a partir de la interna que recrudeció a partir de la una de la mañana del último jueves, cuando los distintos sectores en pugna de la Rosada comenzaron a echarse la culpa unos a otros. La controversia no fue fácil de controlar. Recién este sábado surgió una voz clara sobre los próximos pasos a seguir, es decir, un día después de haber obtenido el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto del Senado. El oficialismo, con Patricia Bullrich a la cabeza, consiguió las firmas suficientes, pero sin cambiar una coma, al giro que vino de Diputados. Aunque Bullrich había dicho que volverían a la carga con introducir el capítulo once, se impusieron los negociadores con los gobernadores. Los funcionarios que venían de tejer las mayorías legislativas pudieron salvar la ropa, sobre el filo, luego de advertir que la lectura del ministro Caputo era totalmente errada y los podía llevar a un desastre numérico en el Congreso, que podría impactar en la otra pieza de la guerra relámpago que había diseñado la Casa Rosada: el proyecto de reforma laboral.
Entró por el Senado y, con las heridas frescas de Diputados, tuvo dictamen de mayoría, con un oficialismo apurado. Por orden de Bullrich, cerraron un dictamen pero a cambio de postergar los plazos. El objetivo de máxima apuntaba a llevar el dictamen al recinto un día después de Navidad. Pero la exministra de Seguridad tuvo que redefinir los plazos ante el golpazo sobre el Presupuesto 2026. Tal como anticipó Tiempo, el gobierno considera que puede conseguir una sanción de la reforma laboral si hay una ley de Presupuesto sancionada por el Congreso. Esa ofensiva se trizó e impactó directo en el paquete laboral: Bullich pudo advertir que hay más críticas de las esperadas sobre el proyecto y obtuvo el dictamen de mayoría gracias a la promesa de llevarlo al recinto del Senado recién el 10 de febrero y no la semana que viene.
La decisión de ganar tiempo, pero sin resignar el dictamen de mayoría, fue producto de la necesidad y también de la insistencia de quienes advirtieron que el ministro Toto se había equivocado en el diagnóstico. “Por darle señales a los mercados casi se nos cae el Presupuesto, aunque quizás buscó darle señales a otros dentro del Gabinete”, contó una alta fuente parlamentaria.
A cambio de anular la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Ejecutivo proponía actualizar los pagos a los prestadores privados. Sin embargo, los desconfiados que deambulan en las entrañas del oficialismo interpretan el enroque de otro modo. Señalan a Toto Caputo como el motor de un cambio repentino para beneficiar el ministro de Salud, y empresario, Mario Lugones, sindicado como el mayor beneficiario de los eventuales aumentos para prestadores de pacientes con discapacidad que incluía la norma para compensar la anulación de la ley. La versión sobre las presiones de Lugones no sólo conecta con el ministro Caputo, sino con su sobrino, el asesor presidencial Santiago Caputo, socio de Rodrigo Lugones, hijo del ministro sanitario. La sospecha retumba en los pasillos del Senado, de la Cámara Baja y también de la Casa Rosada y, por ahora, suma un señalamiento directo sobre el ministro de Economía, pero a partir de su presunto deseo de ofrendarle una victoria simbólica a los mercados.
Por momentos tiene más peso la creencia de que Toto buscó cerrar una victoria económica para los prestadores y para el ministro Lugones. En medio de ese clima de cruce de facturas, finalmente el oficialismo decidió retroceder y pagar un costo menos alto. La Casa Rosada decidió resignar todo el capítulo perdido en Diputados, mantener el dictamen del Senado y llevarlo a una sesión el viernes 26. El gesto no encierra una certeza, porque con esta nueva debilidad existen chances de que la oposición le introduzca nuevos cambios y devuelva el texto a la Cámara Baja. Si sucede, la derrota será peor que la sufrida el jueves por la madrugada con la caída del objetivo de máxima presidencial de conseguir el Presupuesto 2026 sancionado antes del 31 de diciembre. Por eso algunos diputados contaron que recibieron una señal de alerta del bloque, conducido por el libertario Gabriel Bornoroni, para movilizar a sus bancas de emergencia en caso de afrontar un escenario adverso en la próxima sesión del Senado. Por ahora, la soga sigue siendo corta: el período de extraordinarias convocado por el presidente termina el 30 de diciembre.
La postergación del tratamiento de reforma laboral para el 10 de febrero anticipa que habrá una ampliación de las extraordinarias, pero con la pulseada del Presupuesto en el medio, cualquier titubeo en los plazos será leído y vivido como otro retroceso para el Ejecutivo, cuando sus funcionarios estaban seguros y convencidos de contar con el camino allanado después de la victoria electoral del 26 de octubre.
Antes de que sea demasiado tarde, el gobierno buscará revertir la pendiente declinante. Tres interlocutores provinciales de la Rosada aseguraron que la anulación de las dos leyes insistidas por el Congreso nunca estuvo en la negociación. Un punto para el ministro del Interior, Diego Santilli, que buscó cerrar la aprobación en Diputados sin sobresaltos. Por eso algunos dedos con poder apuntan al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, de haber cumplido con el pedido de Hacienda sin mediaciones. Lo cuestionan por sostener una negociación de último momento que tomó por sorpresa a los demás involucrados y que no prosperó.
No fue el único problema. Después se sumó la designación de las tres vacantes en la Auditoría General de la Nación, antes de las 3 de la mañana del ultimo jueves, en una votación compartida entre peronistas y libertarios que hizo estallar de furia al jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo. En pleno recinto le recordó al riojano que esa decisión era inconstitucional, porque violaba el temario de extraordinarias y que a partir de ese momento dejaban de sostenerlo. También amenazó con judicializar la medida. La advertencia se concretará con un amparo que llevará el gancho de Ritondo. Distintas fuentes hablan de un desayuno entre Menem y Ritondo para controlar daños, pero el recurso judicial no será suspendido y la tensión seguirá escalando. La discusión del PRO con LLA demostró que la relación entre ambos socios desconfiados sigue siendo tan mala como antes. El problema es que ahora Santilli es ministro de Milei y la controversia entre su expartido y la nueva fuerza que lo cobija podría debilitarlo todavía más.
La pelea entre karinistas y caputistas dentro de la administración libertaria comenzó a desgastar el “efecto Colo”. En las ultimas 72 horas se pudo apreciar cómo el sector más duro, con Toto detrás, insistía con vetar el Presupuesto si era sancionado sin el capítulo once. El temor a desgranarse ante una derrota provocada por un vidrioso error interno pudo más, y ahora Milei buscará reunir a toda su tropa este lunes en Olivos. Dicen que será para despedir el año con un asado, pero el objetivo será reordenarlos antes de que vuelvan a crujir, incluso luego de haber triplicado sus bancadas después de las elecciones. El foco está puesto en el próximo viernes y evitar que los errores cometidos en este final de año se proyecten con mucha potencia a partir del próximo.
