El conflicto gremial en Fate parece empantanado. La empresa ratificó el viernes en una reunión en el Ministerio de Trabajo bonaerense su decisión de cerrar la planta y despedir a sus 920 operarios.
La cita no pudo superar siquiera el debate sobre cuál de las dos partes habría violado la conciliación obligatoria decretada por la cartera que dirige Walter Correa.
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) denuncia que la empresa, a pesar de haber anunciado el mismo 18 de febrero que acataría la resolución dictada por el gobierno nacional, se negó a poner en funcionamiento la planta e incumplió el pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero. Luego, ya en el marco del mismo recurso provincial, la empresa persistió en su actitud incumpliendo el pago de los salarios de la primera quincena de marzo. La infracción le valió, al menos en términos formales, la fijación de multas por parte del Ministerio de Capital Humano nacional.
Del otro lado, los letrados de la patronal fundamentaron que la ocupación de la planta constituyó una violación de esa conciliación. La versión, sin embargo, fue desmentida por un fallo de la justicia de San Isidro que revocó el pedido de desalojo planteando que la medida se enmarca en una acción gremial legítima de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo y que, como tal, no constituye delito alguno.
Una salida
Sin embargo, la reunión en La Plata resultó significativa. Es que, más allá de la presencia de los representantes de la patronal que participaron durante más de cuatro horas en la elaboración de un acta de siete carillas y, por lo tanto, el reconocimiento de ese ámbito como propicio para llevar adelante una negociación, la misma empresa incorporó en la mesa de discusión (y el acta) el debate sobre la “ocupación temporánea” que propone el SUTNA para dar una salida productiva a la fábrica. La empresa dejó sentado por escrito que “no puede guardar silencio” ante esa versión.
Si bien, los letrados expresaron que la propuesta “debe ser rechazada de plano”, su sola invocación generó estupor entre los trabajadores y la representación ministerial.
La propuesta del SUTNA ya logró el respaldo del sindicato camionero de Pablo Moyano que lo consideró clave “tanto por la necesidad de la utilización de cubiertas con los correspondientes controles de seguridad para proteger, no solo las vidas de los choferes sino a toda la comunidad, así como la necesidad de proteger la soberanía argentina mediante la continuidad de la producción local de neumáticos”. Solo Fate produce ruedas para camiones.
Proyecto
La propuesta está siendo evaluada por diputados y senadores de casi todos los bloques del Parlamento bonaerense que mantuvieron reuniones con los representantes del SUTNA.
El proyecto de ley en elaboración se vale de la ley nacional 21.499 de expropiaciones que además de la incautación directa (con indemnización) establece en su Título IX el recurso más moderado de la “ocupación temporánea” de carácter “transitorio” para aquellas empresas que sean consideradas de “utilidad pública”.
La estrategia del SUTNA apunta a preservar los puestos de trabajo sobre la base de demostrar la esencialidad de Fate en el entramado productivo y la soberanía nacional en un contexto internacional de exacerbación de los conflictos entre naciones. Por eso, el proyecto se propone “garantizar la continuidad de la producción, preservar las fuentes de trabajo y asegurar el abastecimiento del mercado interno”.
La Ley 21.499, en su Título IX, artículo 58, establece que “la ocupación temporánea puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente”. Y que “ninguna ocupación temporánea anormal tendrá mayor duración que el lapso estrictamente necesario para satisfacer la respectiva necesidad” que, además, “ninguna ocupación temporánea normal puede durar más de dos años”.
Por eso el proyecto establece, a priori, “un plazo de un año”.
La propuesta plantea que el gobierno provincial asuma la dirección de la empresa por ese plazo y, asegura el equipo de letrados del SUTNA, “busca no solo enfrentar el posible el desabastecimiento sino también el desmantelamiento. Son plantas que, por más que cambie el escenario macro, no se pueden poner en funcionamiento de un día para otro”.
Desde el equipo jurídico destacan que “la ley 21.499 no contempla ninguna retribución. No implica un gasto a la Provincia de Buenos Aires”. Además, insisten, “la empresa no se expropia» y, aclaran, «la propia empresa dice que la actividad no es rentable. No pueden reclamar una compensación o una renta. El proyecto dice que la utilización de las potenciales rentas va a ser utilizada para la continuidad del proyecto productivo, se reinvertiría”.
Alejandro Crespo, titular del SUTNA, le dio proyección: “Camioneros, con 350 mil afiliados, elaboró una declaración muy fundamentada. Una serie de gremios van a enviar declaraciones en los mismos términos. Estamos hablando con la CGT de reunirnos y actuar en este sentido”. Es que, en perspectiva, el proyecto plantea una salida para muchas de las fábricas que están cerrando en la Argentina y para los miles de empleos que se están destruyendo en el sector.
Crespo señaló que “queremos instalar la discusión. Que las partes involucradas lo analicen. Fate es clave en temas de defensa nacional. Hacia las fronteras hay que moverse”.
Crespo explicó que «los diputados pidieron profundizar los detalles. Se generó una mejora para que se ajuste a la jurisprudencia. Estamos hablando con los que concuerdan, por lo menos, con la importancia de las cubiertas y de evitar una catástrofe social. La puesta en funcionamiento generaría más de 4 mil empleos. Además de los 1600 operarios promedio de las últimas décadas, hay 400 jerárquicos y una gran lista que incluye compañeros del comedor, de limpieza y choferes de camiones. No requiere inversión provincial sino la intervención para evitar el desguace de una planta fundamental».
La pelota, por ahora, está en la Legislatura bonaerense. Los trabajadores confían que el Ejecutivo provincial, si fuera aprobado, no pondría objeciones. Consultada la cartera laboral provincial sobre este tema, prefirieron no opinar en nombre de su rol de árbitro en la conciliación obligatoria vigente.
Se usó en el caso de Vicentin
El recurso contemplado en la Ley 21.499 se tomó en cuenta en otras situaciones de la historia local. La más reciente fue en ocasión del conflicto en la cerealera Vicentin cuando el gobierno de Alberto Fernández decretó la ocupación temporal de la planta.
El texto, con la firma de todo el Gabinete, dispuso por un plazo de 60 días «la ocupación temporánea anormal de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. en los términos de los artículos 57, 59 y 60 de la Ley N° 21.499 por el plazo previsto en el artículo 1°».
