El Gobierno no da tregua a las personas con discapacidad, sus cuidadores y prestadores. Pese a la lucha por la Ley de Emergencia, defendida del veto presidencial, los recortes e incumplimientos continúan. Ante demoras en pagos por parte de Incluir Salud y Pami, las organizaciones que integran el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunciaron un cese de actividades para viernes 13, miércoles 18 y jueves 19.

“Con este gobierno la no preocupación por el sector fue desde el primer día y las medidas que buscaron tomar siempre fueron para destruir, nunca para construir. Lo que no lograron hacer vetando la ley, o con el presupuesto sin fondos para discapacidad, lo hacen no pagando. Es así de simple. Por algún lado hacen que esto se destruya. Por eso convocamos al cese de actividades”, dijo en conferencia de prensa Pablo Molero, al frente del Foro.

Detalló que muchas instituciones que dependen de pagos a través de Incluir Salud no cobran desde octubre y se sumó la demora de Pami que sólo pagó hasta noviembre. Desde esa obra social les prometieron que el viernes retomarán los pagos.

“Incluir Salud devolvió 30 mil millones de pesos a rentas generales, porque no los ejecutó cuando debía haber pagado obligaciones prestacionales. En su momento Alejandro Vilches –ahora responsable de la Secretaría en Discapacidad, tras la disolución de la Agencia- contó que no tenía firma. Cuando tuvo firma, dijo que en realidad como habíamos pasado al Ministerio de Salud había problemas burocráticos. Todo se fue atrasando. A cada llamada su respuesta fue ‘esto es injusto y estamos haciendo todo lo posible para solucionarlo’. Que alguien le avise que no sucedió”, cuestionó Molero.

Aclaró que el problema no solo tiene que ver con los pagos atrasados, sino también con el valor de los aranceles que se pagan por las prestaciones. “Según nuestros cálculos, están atrasados alrededor de un 40%. Hubo un aumento en enero de alrededor del 5,7%, pero no responde al atraso que existe”, lamentó.

El referente del Foro contó que entre otras cosas se le envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, sin respuesta. “Tendríamos que haberla mandado a Washington o Nueva York. Quizás en el avión la podía leer”, ironizó sobre el viaje del titular de la cartera sanitaria a Estados Unidos, junto al presidente Javier Milei. Mientras tanto, en el país del Norte, Lugones disertaba sobre “la salud como motor de crecimiento”.

Sensación de asfixia

La actriz Valentina Bassi, mamá de un adolescente con discapacidad, fue parte de la conferencia y también apuntó contra el rol del ministro de Salud. “Hacen que cumplen pero no. Eso nos destroza. No entiendo dónde está el min de salud, está en Estados Unidos. ¿Qué hace ahí? ¿A qué fue? ¿A hablar de su gestión? ¿Del desastre? ¿A hacer negocios con farmacéuticas? ¿Por qué no está acá apagando los incendios que provoca?”, se preguntó. Y remarcó: “El responsable directo de que se haya roto la cadena de pagos, y de que los hogares estén colapsados porque no pueden más, es Lugones. Y no está, no escucha, no habla. Necesitamos que nos den una respuesta”.

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Bassi definió el panorama de las familias cuidadoras como una “sensación de asfixia. Siempre uno está pensando por dónde nos van a atacar. Ahora reglamentaron la ley, pero no pagan. Eso es asfixiar a las familias”.

Además de las demoras en los pagos a prestadores, con tanto atraso que motivó el cese de actividades, la actriz criticó que “el ministro de Salud declaró como un libre albedrío, las obras sociales y prepagas pueden hacer lo que quieren. Si tuviste la suerte de no quedarte sin transporte, la obra social no te lo autoriza. Quieren destruir un sistema de prestaciones que funcionaba”.

Pese al desgaste, anunció: “Vamos a seguir en las calles, pero la sensación es que siguen atacando porque nos detestan y quieren que no existamos, que volvamos a estar encerradas en nuestras casas, sin posibilidad de sociabilizar, de tener un futuro. Eso quieren para cuidadores y personas con discapacidad. No vamos a estar encerrados porque ya salimos y estamos organizados. Pero el nivel de desgaste es brutal”.

El referente Jony de la Silla, también presente en la conferencia, resaltó que “hay un colectivo que va a seguir peleando y vamos a recuperar los simples derechos que teníamos antes que metiera la mano este gobierno. La sociedad tiene muchas barreras y una forma de romperlas es que nuestros prestadores, nuestros profes, terapistas, transportistas anden bien. Eso se hace con un Estado presente, cosa que hoy no hay”.

Riesgo de cierres

Por su parte Adriana Salomone, responsable de la Asociación para Personas con Discapacidad (Dinad) comparó la falta de pagos a prestadores con “venir a 180 kilómetros por hora y poner un freno de mano. Nos matamos todos. ¿Quién se perjudica? Las personas con discapacidad».

“Tenemos muchas personas que están judicializadas y que ni familia tienen. La sociedad tiene que entender que es una responsabilidad de todos”, dijo sobre la situación de los hogares donde viven personas con discapacidad que no cuentan con redes familiares.

Salomone aseguró que algunas instituciones ya comenzaron a advertir a las familias sobre dificultades para sostener el trabajo en los próximos meses. “Tuvimos que informar que en abril tal vez tengan que retirar a sus familiares o venir a colaborar, porque no vamos a poder sostener todo el funcionamiento”.

Entre transportistas ya vienen alertando que hay cada vez menos prestadores del servicio para personas con discapacidad, porque se vuelcan a tareas de reparto o venden sus vehículos para pagar deudas.

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