En abril de 2024, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a organizaciones de Brasil, Paraguay y Bolivia, presentó una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra la empresa Bayer AG responsabilizándola por los graves impactos en el ambiente y los derechos humanos que genera la agricultura industrial en Sudamérica.
Casi un año y medio después, con dilaciones injustificables, el Punto Nacional de Contacto en Alemania (PNC) -órgano de aplicación de las directrices de la OCDE en los Estados miembro y responsable de la revisión- llamó a una mediación entre la sociedad civil y la empresa pero consideró que debía dejarse fuera de ese diálogo los cuatro casos concretos de afectación incluidos en la queja.
«La rendición de cuentas en la responsabilidad corporativa no debe ser una opción de las empresas, sino una obligación como parte del acceso a la justicia de las comunidades afectadas, y el Punto Nacional de Contacto alemán, que es parte de la OCDE, debe garantizar esto”, asegura María José Venancio, abogada del equipo Tierra, vivienda y justicia económica del CELS.
“Sin las comunidades afectadas y la discusión sobre daños concretos –insiste la abogada– no nos sentaremos a una mediación con Bayer para hablar sobre sus políticas. Sería una discusión abstracta mientras las comunidades de nuestros países siguen envenenándose y perdiendo sus tierras».
La queja ante la OCDE documenta cuatro casos concretos que muestran los impactos negativos de este modelo agrícola en áreas donde la empresa comercializa sus productos. Como parte de la denuncia, el Cels (Argentina), Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y ECCHR (Alemania) demandaron a Bayer AG que “realice cambios sostenibles en sus prácticas empresariales con el fin de respetar los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente”.
El caso argentino
El caso de Sabrina Ortiz fue el que más pruebas presentó sobre las afectaciones concretas que los agrotóxicos generan a las comunidades. Ella y su familia vivían en el barrio Villa Alicia, Pergamino, lindante con campos de soja. En 2011, empezaron a tener problemas de salud graves como alergias y afecciones respiratorias, como consecuencias de las fumigaciones.
De los resultados de los análisis surgió que tanto ella como sus hijos tienen altos porcentajes de glifosato y ampa (que es el metabolito del glifosato) en orina. El caso está judicializado y desde febrero está transcurriendo el juicio oral, a lo largo del cual declararán más de 100 testigos.
“La presentación de la queja ante la OCDE contra Bayer era una oportunidad para poder aplicar la responsabilidad no solamente a quienes aplican el producto sino también a quienes lo producen y comercializan. En este sentido los tiempos y condicionamientos que impusieron desde este mecanismo generan una gran frustración”, dijo Sabrina al enterarse de las restricciones impuestas por el PNC para la mediación.
Desde el CELS expresaron que “llama la atención que la prueba que sirvió para alcanzar un juicio penal, no sea tenida en cuenta a la hora de analizar la conducta de una empresa. Una denuncia ante la OCDE es un mecanismo que debería exigir estándares probatorios menores a los de un proceso penal. Sin embargo, el PNC alemán desestimó las pruebas presentadas y así negó el derecho de las comunidades a obtener algún tipo de reparación o acceso a la justicia vinculado a la responsabilidad corporativa”.
La organización remarcó, además, que “el PNC tardó 17 meses en dar una respuesta a nuestra demanda. Los propios códigos institucionales de la OCDE establecen que esa respuesta debería darse dentro de los tres meses después de la presentación. Si bien el plazo suele extenderse para procurar la información necesaria, en nuestro caso el tiempo pasó todo límite. El PNC parece desconocer que la dilación de los tiempos siempre juega en contra de la parte más débil de un reclamo, en este caso, las comunidades afectadas y las organizaciones que presentamos la demanda”.
Y concluyó: “No podemos dejar de remarcar nuestra desilusión ante el modo en que el PNC alemán procesó nuestra demanda. No sólo no proporcionó una instancia para promover la rendición de cuentas por parte de las empresas, sino que bloqueó un análisis real de las pruebas y así excluyó del mecanismo a quienes padecen día a día los efectos de los agroquímicos en su salud y en sus lugares de vida”.
