Mientras el número de inscriptos, para participar en la audiencia pública que se realizará en la Cámara de Diputados por la modificación de la ley de glaciares, crece de manera exponencial distintos sectores de la oposición trabajan en el análisis de la iniciativa. En la semana se reunieron con la episcopal y se suman cada vez más observaciones al dictamen que tuvo aprobación en el Senado.

Hasta el momento, son casi 35 mil las personas interesadas en participar de las audiencias públicas que se realizarán el 25 y 26 de este mes en el marco del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales. El número puede seguir creciendo ya que hay plazo de inscripción hasta el 20 de marzo.

Sin bien legisladores de la oposición reclamaron ampliar las jornadas previstas para garantizar que todos puedan exponer, desde el oficialismo confirmaron a Tiempo que el cronograma no será alterado, pero que la expresión de todas las voces estará garantizada.

En el medio, los diputados Adriana Serquis (UxP), Juan Grabois (UxP), Fernanda Miño (UxP), Eduardo Valdés (UxP), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Mónica Frade (Coalición Cívica), Esteban Paulón (Provincias Unidas), Juan Brügge (Provincias Unidas) y Carolina Basualdo (Provincias Unidas) mantuvieron un encuentro el martes con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Daniel Colombo.

Según comentaron los participantes a este medio, desde el sector se pidió la necesidad de defender la normativa vigente que hoy protege estos ecosistemas, ya que permite el desarrollo de actividades productivas sin introducir cambios que impliquen un retroceso en la protección ambiental.

En ese sentido, en diálogo con Tiempo, Serquis comentó que la reunión el arzobispado expresó que “no es necesario hacer esta modificación que podría ser regresiva hacia los derechos de quienes habitamos esta tierra. Fue interesante el intercambio en este contexto. El arzobispo remarcó que los representantes del pueblo tenemos que escuchar a quienes pueden verse damnificados en el futuro”.

“Defender nuestros glaciares es defender el agua, la vida y el futuro de Argentina. Por eso es clave seguir sumando voces y construyendo consensos para frenar la modificación de la Ley en Diputados” agregó la legisladora que tiene una postura en contra de la iniciativa del Ejecutivo.

En el mismo sentido, el diputado de la Coalición Cívica Ferraro expresó que “la actual Ley de Glaciares es una política de Estado con alta legitimidad democrática”. Al respectó, recordó que “fue el resultado de una deliberación pública intensa y prolongada, con debate parlamentario amplio, movilización social y mayorías transversales. Su aplicación atravesó gobiernos de distintos signos políticos, consolidándose institucionalmente, y produjo resultados concretos”.

“El Inventario Nacional de Glaciares está concluido y constituye una base científica robusta, reconocida internacionalmente”, agregó en diálogo con Tiempo y opinó que el proyecto del Ejecutivo “implica una derogación tácita de los presupuestos mínimos ambientales. Esto quiere decir que “no se trata de una reforma interpretativa, sino materialmente regresiva”. En términos económicos, Ferraro indicó que “sin ley implica USD 12.000 Millones, mientras que con ley son USD 45.000 Millones”.

El diputado agregó que la modificación que introduce el Ejecutivo a la ley “sustituye reglas generales y criterios científicos homogéneos por decisiones administrativas caso por caso, aumentando discrecionalidad, opacidad y fragmentación”.

“Traslada el núcleo decisorio a las provincias, desactiva el Inventario como piso común y habilita estándares variables, en contradicción con el artículo 41 de la Constitución Nacional”, marcó.
Finalmente, afirmó que “no podemos compararnos con Chile porque es otra cordillera y otro diseño institucional. Además de ser un país unitario”.

En ese sentido, aportó cuántas reservas de cobre tienen los países en el mundo. En el caso de la nación hermana, cuenta con 190 Millones de toneladas; Perú 100 Millones de toneladas al igual que Australia. En tanto Rusia 62 Millones de toneladas, le sigue México con 54 Millones de toneladas y más abajo Argentina con 17,5 Millones de toneladas.

Finalmente, desde el cordobecismo, Brügge puso el ojo en el impacto interjurisdiccional que puede tener el texto tal como viene de la Cámara de origen. En entrevista a Diputados Tv manifestó: “Una provincia por si sola no puede resolver sobre el uso de un recurso que tiene un impacto en otras provincias. Quien tiene que garantizar a todos los ciudadanos el orden federal es el gobierno nacional, así lo establece la Constitución Nacional”.