Nuevo rechazo de organizaciones campesinas al proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada»

La Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), que nuclea a organizaciones campesinas y de productores familiares de todo el país, salió al cruce del proyecto de «Ley de inviolabilidad de la propiedad privada» impulsado por el Gobierno nacional. La entidad rechaza lo que considera un nuevo avance en la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros y una profundización del desequilibrio estructural en el campo argentino.

“Esta ley introduce nuevos elementos normativos y modifica aspectos centrales de leyes clave como la de manejo del fuego, la de tierras rurales y la de zonas de frontera para ampliar el poder del propietario por sobre el interés social”, señala la MAA. Advierte que la norma habilita incluso procesos de privatización de tierras fiscales, lo que podría derivar en la pérdida de patrimonios públicos estratégicos.

Rentismo contra producción de alimentos

Uno de los puntos más críticos es el fuerte impacto en la estructura productiva del país. Según datos aportados por la propia Mesa, en la zona núcleo agrícola el 80% de la superficie se trabaja bajo arriendo, y entre el 60% y el 70% de los productores de agricultura familiar son arrendatarios.

“Esta ley profundiza un desequilibrio estructural porque otorga más poder a quienes poseen la tierra, pero no la trabajan, en detrimento de quienes producimos alimentos. Esto agravará situaciones de desalojos y precariedad”, denuncian.

Desde la MAA sostienen que la norma convierte la tierra en un activo financiero disponible para capitales concentrados –muchos de ellos extranjeros– en lugar de ser considerada un bien común al servicio de la producción. En ese sentido, recuerdan que la Ley 26.737 de Tierras Rurales, aún vigente, establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, y prohíbe adquisiciones en zonas fronterizas. Pero consideran que la nueva legislación vacía de contenido esas restricciones.

Más desalojos y menos posibilidades de defensa de tierras campesinas

Otro eje central del rechazo es el impacto sobre las familias campesinas que habitan tierras sin título regularizado desde hace generaciones. “Esta ley encarece y judicializa los procesos de regularización, lo que abre la puerta a desalojos de comunidades enteras”, advierten.

Además, la norma encarece las expropiaciones al incorporar criterios como el lucro cesante –la ganancia futura que dejaría de percibir el propietario–, lo que, según la MAA, “hace imposible pensar en políticas de colonización o acceso a la tierra para los productores sin tierra”.

En materia de desalojos, la ley acelera los procedimientos al permitir la ejecución anticipada antes de la sentencia, con apenas tres días de aviso previo. “Esta ley tiene una lógica rentista y de mercado como única política posible para la urgente necesidad de miles de familias de acceder a una vivienda digna”, sostiene la Mesa.

Preocupación por incendios y especulación

La MAA también apunta contra la modificación que la nueva norma pretende hacer sobre la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. La legislación actual prohíbe el cambio de uso del suelo en terrenos incendiados por hasta 60 años para evitar especulación inmobiliaria. “Con la modificación se busca flexibilizar esas restricciones, favoreciendo la especulación y los incendios intencionales”, denuncian.

Frente a este escenario, la Mesa Agroalimentaria Argentina recordó que ya presentó en el Congreso proyectos de ley orientados a la defensa de la producción de alimentos, el arraigo rural y la soberanía alimentaria, que incluyen soluciones para el acceso a la tierra, los arrendamientos rurales y la defensa del territorio campesino indígena.

Entre las exigencias de las entidades campesinas se destacan:

• Pleno cumplimiento de la actual Ley de Tierras.
• Freno al intento de extranjerización.
• Políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra para quienes la trabajan.
• No a los desalojos inmediatos contra inquilinos y respeto por los contratos de alquiler.
• Transparencia y control sobre operaciones de compra que escondan concentración a través de testaferros.

“La tierra no es una mercancía más: es un bien finito cuyo control define qué se produce, cómo se produce y para quién”, concluye la MAA, que apela a una consigna histórica del movimiento campesino: “La tierra es de quienes la trabajan. La tierra es para alimentar a nuestro pueblo, no para la especulación”.