Las Neciones Unidas y organizaciones de Derechos Humanos de todo el mundo rechazaron fuertemente la nueva ley de pena de muerte aprobada este lunes por el Parlamento israelí, que contempla la aplicación el ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo solo para palestinos. Una aberrante medida festejada como un triunfo -con chmpagne- por los grupos extremistas que la promovieron en la Kneset y que lidera el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido Poder Judío, Itamar Ben Gvir. El dirigente extremista fue el principal impulsor de la reforma legal, que fue apoyada por el partido Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que estuvo presente en la votación, y por el partido Yisrael Beitenu, en la oposición. Igualmente respaldaron la norma los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá.

«Esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza. Está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial», denunció el director del Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, Suhad Bishara.

El grupo recuerda que aplicar la legislación interna israelí a palestinos residentes en Cisjordania «es una flagrante violación del derecho internacional» porque la Knesset «no tiene autoridad para legislar sobre la población ocupada». Por ello, Adalah adelantó que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo israelí «como cuestión de máxima urgencia».

La ley solo se aplicaría en los tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles. El texto formalmente prevé que se aplique a toda la ciudadanía, pero en uno de sus artículos especifica que solo se aplicará a quienes «causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel», una definición por demás ambigua que excluye en la práctica a cualquier individuo de creencias sionistas, aunque haya perpetrado actos similares.

Además limita la discreción judicial, permite las ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone un régimen de casi total aislamiento a los condenados a muerte. Por otro lado, contempla que la condena sea por simple mayoría del tribunal y no por unanimidad, y por si fuera poco, elimina el derecho de apelación.

El proyecto de ley fue aprobado en votación tras casi doce horas de debate. «Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte», dijo Ben Gvir a la prensa. “Hemos hecho historia; de ahora en adelante, toda madre en Judea y Samaria sabrá que si su hijo sale a asesinar a alguien, será condenado a la horca. Y les digo a los miembros de la Unión Europea que han estado ejerciendo presión y amenazando al Estado de Israel: No tenemos miedo, no nos rendiremos, estamos en nuestro propio país con nuestra soberanía, protegeremos a nuestros ciudadanos”,escribió en la red X.

De inmediato, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado señaló que la «ley discriminatoria» aprobada en la Knesset contraviene las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional.

Añadió que el proyecto de ley consolida aún más la violación por parte del Estado hebreo de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, esto porque «se aplicará exclusivamente a los palestinos de la Cisjordania ocupada y de Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos».

El Centro Palestino de Derechos Humanos manifestó también su «condena en los términos más enérgicos» contra un texto que «ataca a los palestinos y afianza la política de larga data de Israel de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de la ley, en clara violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos».

Al hilo, la organización insta a la comunidad internacional «a intervenir urgentemente para proteger a los presos palestinos y garantizar la rendición de cuentas». «El silencio y la inacción solo agravarán la impunidad y erosionarán el orden internacional basado en normas», agrega.

Amnistía Internacional, por su parte, exigió a las autoridades israelíes que «deroguen urgentemente las enmiendas legislativas» aprobadas, que describe como «una muestra pública de crueldad, discriminación y absoluto desprecio por los Derechos Humanos», según las palabras de la directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas de la ONG, Erika Guevara-Rosas.

«El hecho de que esta ley se haya aprobado el mismo mes en que el fiscal general militar israelí retiró todos los cargos contra soldados israelíes acusados de agresión sexual contra una detenida palestina, decisión celebrada por el primer ministro y varios ministros, pone de manifiesto el grado de deshumanización que Israel inflige a los palestinos», denuncia Guevara-Rosas, que recuerda que «Netanyahu, buscado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ha sido uno de los que han votado a favor de la ley».

Human Rights Watch, a su vez, mostró su oposición a la pena capital -«una práctica singular por su crueldad y carácter definitivo»- bajo cualquier circunstancia, también en este caso. De hecho, su subdirector en Oriente Próximo, Adam Coogle, sostuvo que, «aunque algunos responsables israelíes argumentan que la imposición de la pena de muerte responde a una cuestión de seguridad», en realidad, «afianza la discriminación y un sistema de justicia de dos niveles, ambos característicos del apartheid». «La pena de muerte es irreversible y cruel. Sumada a las severas restricciones a las apelaciones y a su plazo de ejecución de 90 días, este proyecto de ley pretende ejecutar a los detenidos palestinos con mayor rapidez y menor escrutinio», remata.

Las reacciones negativas a esta reforma tuvieron réplica asimismo en el viejo continente, donde el Consejo de Europa, cuyo secretario general, Alain Berset, expresó la oposición del organismo a la ampliación de la aplicación de la pena de muerte, advirtiendo de que seguirá de cerca la evolución de esta ley y «analizará sus implicaciones para los convenios del Consejo de Europa de los que Israel es parte, así como para los mecanismos de cooperación en los que participa este Estado».

Esta institución, que lamentó la aprobación del texto «a pesar de los reiterados llamamientos a las autoridades israelíes, en particular por parte del Consejo de Europa, para que la revoquen», alerta de «un mayor distanciamiento de Israel del marco de valores con el que históricamente se ha identificado».

ALG con Europa Press y NA