El Juicio a las Juntas es sin duda una bisagra de la transición democrática en Argentina pero también constituye un hito a nivel regional e internacional. Ningún país del Cono Sur consiguió avanzar tanto, ni tan rápido, en el enjuiciamiento de los responsables de la represión a gran escala que se produjo en el contexto de la Guerra Fría con el objetivo de obturar los procesos de radicalización política. Este Juicio permitió reconstruir lo que había sucedido en el contexto del terrorismo de Estado de cara la sociedad y a la comunidad internacional. Fue fundamental en ese sentido que las audiencias fueran orales y públicas, una decisión tomada por el tribunal justamente para proteger el proceso y potenciar su carga simbólica. Ese conocimiento probado y validado por los tribunales, junto con el construido por la Conadep, permitieron revertir el balance hasta entonces predominante y consolidar el pasaje del por entonces denominado “consenso antisubversivo” al consenso del “Nunca Más”.

Argentina pasó de ser un país paria en el mundo a transformarse en un ejemplo de transición exitosa a nivel global. El Juicio permitió avanzar en la investigación y sanción de los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia, como muy pocas experiencias previas en el mundo habían logrado. Fue además en sí mismo una herramienta de construcción de poder democrático frente a la presencia amenazante de las Fuerzas Armadas. El Juicio tenía también ese valor estratégico frente a los condicionamientos que el poder militar imponía por entonces a todas las democracias recuperadas de la región.

De hecho, uno de los grandes logros del Juicio a las Juntas, y los juicios que vinieron después, luego de superar casi dos décadas de impunidad, fue el desplazamiento de las Fuerzas Armadas de la vida política, su subordinación a las jefaturas civiles y su desvinculación en relación con las agendas vinculadas a la seguridad interior. Este legado nunca había estado desafiado hasta este momento, cuando el actual gobierno decidió nombrar por primera vez desde la recuperación de la democracia un militar en actividad como ministro de Defensa. De manera concomitante, considera públicamente el juzgamiento de las Fuerzas Armadas como una especie de dispositivo de humillación. Es decir que estamos ahora nuevamente en un tiempo bisagra, enfrentando un intento de dilución de los principales impactos de este proceso de justicia.

A 40 años de su realización y casi 50 del último golpe de Estado, las lecciones de este histórico juicio se encuentran en el centro de una disputa memorial y discursiva ya que este gobierno discute lo que sucedió durante la última dictadura, es decir, aquello que fue juzgado y probado en este juicio y los juicios que vinieron después; pone en duda, relativiza o justifica el terrorismo de Estado, impone un estado de sospecha sobre enemigos difusos, en un simulacro forzado de reactivación de pasadas disputas. Es por eso que volver a la memoria de este juicio resulta estratégico políticamente.

El momento actual también nos enseña que, aunque se haya hecho justicia, la disputa que se dirimió de algún modo mediante ese Juicio sigue abierta, y su legado no está asegurado. De ahí la importancia de mantener un programa político permanente vinculado al hacer memoria del proceso de justicia, volver a compartir socialmente la verdad que fue construida en ese juicio y en los juicios que vinieron después. Hacerlo como parte de nuestro compromiso con la historia pero también como una forma de resistir el autoritarismo. «