En el Presupuesto 2026 que se aprobó los últimos días de 2025 había 15.061 millones de pesos asignados al Programa 65 del Ministerio de Salud de la Nación. Es el destinado a investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. La Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial la semana pasada incluyó, en el marco de un ajuste de 2,3 billones de pesos sobre más de 200 sectores, la quita de 5000 millones a ese Programa. Un recorte del 33% para un área abocada a una enfermedad que representa la segunda causa de muerte en el país. Datos, no opinión.
“La modificación presupuestaria responde a la decisión de ordenar la inversión sanitaria para hacer más eficiente el sistema. La integración del ex Instituto Nacional del Cáncer (INC) a la órbita del Ministerio generó ahorros administrativos en alquileres, limpieza y estructuras duplicadas, al tiempo que se incorporó una lógica de compra centralizada de medicamentos de alto costo. Este nuevo esquema permite mejorar precios, promover mayor transparencia y optimizar recursos sin afectar la atención. La inversión en medicamentos y tratamientos está garantizada”, fue la respuesta de la cartera que conduce Mario Lugones ante la consulta de Tiempo sobre cómo impactaría el recorte presupuestario.
“No tenemos mucha información sobre su impacto real. La interpretación es que como el Presupuesto que había era de noviembre, se vieron impactados los despidos que tuvimos en diciembre. En 2025 se llevaron casi a la mitad de la dotación”, afirman trabajadores del ex INC, hoy Dirección Nacional del Cáncer, a cargo de Susana Blanco. En noviembre de 2023 trabajaban allí 209 personas. En mayo del año pasado eran 132. Hoy, según confirmó el Ministerio de Salud a este diario, quedan 89.
A la reducción presupuestaria y de personal se suma un dato aportado por la periodista especializada en ciencia Nora Bär: “Una persona que tiene fluida comunicación con funcionarios del Ministerio de Salud me dice que están prácticamente agotando las existencias del Banco de Drogas Oncológicas”.
En abril, una investigación de la Red Federal de Periodismo e Innovación publicada por Chequeado reveló que en la mayoría de las provincias relevadas se detectaron problemas en la provisión de medicamentos contra el cáncer. En Santa Fe, por caso, aumentaron un 84% los rechazos en los pedidos de medicación al Banco Nacional de Drogas Especiales del Ministerio de Salud de la Nación. En 2024 se efectuaron 3.711 solicitudes y se rechazaron 1.372. En 2025 hubo 3990 pedidos y las negativas treparon a 2525.
“Es importante dejar en claro que esta medida no afectará la continuidad de ninguno de los programas de entrega de medicamentos”, dijo Lugones el año pasado, al anunciar la “absorción” del INC.
Qué viene después
En la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) están llevando adelante una encuesta sobre el rechazo de tratamientos oncológicos en todo el país. El relevamiento sigue abierto, pero los datos preliminares son preocupantes. “Tenemos una situación alarmante. Hay un número muy alto de rechazo de tratamientos. Casi el 50% viene de prepagas. Otro 40%, de PAMI”, detalla Rubén Kowalyszyn, presidente de la entidad.
En 2025, ante el anuncio de la disolución del INC como tal, la AAOC emitió un comunicado para expresar su preocupación: “Enviamos varios pedidos de audiencia al Ministro para plantear nuestra preocupación y ofrecer colaboración. El año pasado no tuvimos respuesta. Este año enviamos nueva nota y se supone que nos recibirían”.
“Vemos con buenos ojos que hayan puesto como obligación la notificación del cáncer (según la reciente Disposición 1/2026), pero no sabemos qué viene después. El INC tuvo programas de registro, como RITA (el Registro Institucional de Tumores de Argentina, implementado en 2012), pero nunca logramos tener una real dimensión de cuántos casos tenemos en Argentina. Nos preocupa la política de control del cáncer a futuro y esto queremos transmitir al ministro”, remarca.
Kowalyszyn plantea que “la inequidad en el acceso a medicación y tratamiento viene de hace mucho. Cuando tenemos bonanza económica baja un poco, pero cuando aparecen las crisis se profundiza. Es lo que está pasando hoy”. Agrega que “el paciente que tiene posibilidad de presentar recursos de amparo consigue su medicación. No son todos”.
Sobre el impacto del reciente recorte, que además quita 20.000 millones de pesos al área de acceso a medicamentos y tecnología médica, señala: “No sabemos cuál es la decisión del Gobierno sobre el Banco de Drogas de Nación. Es el que sale en rescate de los bancos provinciales. No tenemos idea cuál va a ser el impacto de la disminución del presupuesto. Pero ya algunas provincias tienen grandes dificultades para proveer y suponemos que esto puede generar mayor dificultad”.
Absolutamente fiscalista
Elda Meli tiene 58 años y vive en Bahía Blanca. En noviembre, tras sufrir fuertes dolores de cabeza y mareos, le detectaron un tumor entre el oído y la cervical. Por su gravedad la derivaron al Hospital Posadas. Desde entonces, aguarda el llamado que confirme cuándo podrá ser operada allí. Mientras tanto, casi no sale de su casa porque pierde estabilidad y depende de la ayuda de su hijo.
“El servicio de oncología, por falta de personal, no recibe nuevos pacientes hace casi un año”, confirma a este diario un médico del Posadas. Desde el Ministerio de Salud bonaerense también señalan que “estaba difícil la recepción, no estaban aceptando nada. Ahora empezaron lentamente con algunas admisiones, pero muy extraordinarias”.
“El cáncer es una enfermedad compleja, que se trata desde muchos pasos. Uno es la prevención. Cuando no se puede prevenir, se hacen los tratamientos. Cuando la gente entra en agonía hay que aplicar medicina contra el dolor. Se han hecho recortes en todas esas áreas”, afirma el oncólogo Daniel Gómez, miembro fundador del Centro de Oncología Molecular y Traslacional (COMTra) de la Universidad Nacional de Quilmes y exdirector del INC.
“En prevención es tal vez el daño más silencioso. Por ejemplo, bajó la provisión de kits para detección de cáncer cervicouterino o de test para cáncer colorectal. Eso no produce una caída inmediata de la mortalidad, pero aumenta la probabilidad de muerte. Con menos prevención no nos vamos a encontrar con un tumor chico, sino avanzado. Si fuera solo una cuestión económica, lo mejor sería ahorrar con prevención. Porque luego hay que ir por tratamientos más caros. Ni siquiera desde esa lógica tiene sentido”, cuestiona.
“La conclusión es muy dura –cierra Gómez–. La política oncológica nacional pasó de ser un modelo –imperfecto, pero con pretensión de coordinación federal e inclusivo- a un esquema actual recortado, muy fragmentado, que rechaza peticiones y absolutamente fiscalista. Sólo les importa cuánto se gasta”.
Marcha Federal de Salud
“Frente al desfinanciamiento del sistema sanitario nacional, trabajadores y trabajadoras de la salud de toda la provincia nos estamos organizando junto a vecinos y vecinas, formando petitorios y pensando acciones para defender el acceso a la salud de nuestro pueblo”, plantearon desde el Foro por el Derecho a la Salud, que convoca a marchar el próximo miércoles 20 de mayo, a las 13, ante el Ministerio de Salud de la Nación. “Para decirle ‘basta’ a Milei y Lugones. Porque sin salud pública no hay derechos”.
La medida es en protesta por la situación del plan RemediAR (que pasará a cubrir solo tres medicamentos, en lugar de 79), por la falta de vacunas y “por el ajuste en salud que está haciendo el gobierno”.
Además del recorte puntual en el área abocada a pacientes oncológicos, la reestructuración del Presupuesto 2026 anunciada hace pocos días es drástica para todo el sistema sanitario. Se quitaron $ 63.021.299.401 en Salud Pública, con impacto en gran cantidad de programas y organismos. Por caso, $ 831,3 millones menos para el Incucai, $ 1162,2 millones menos para el Instituto Malbrán, $ 500 millones menos para prevención de enfermedades transmisibles y $ 800 millones menos en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, entre otros.
El Roffo se desangra sin el financiamiento nacional
El reclamo por la situación del Instituto Roffo, especializado en oncología, se incrementó en los últimos días en el marco de las denuncias de autoridades de hospitales universitarios por falta de financiamiento. Pero los trabajadores de ese establecimiento, que depende de la UBA, ya venían advirtiendo por el deterioro en infraestructura y el éxodo de profesionales ante la falta de recursos. Las y los pacientes también lo perciben.
Mónica Saldaña fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin en 2018. Desde entonces, se trata en el Roffo. Enumera lo que sufrió en los últimos dos años: dos veces suspensión de tomografías por falta de líquido reactivo; dos suspensiones de mamografía por rotura de equipo; ecocardiografía fuera del Instituto por renuncia del técnico; lo mismo en neumonología, tras la dimisión de tres especialistas. La lista sigue. “El recorte presupuestario nos enfrenta a la cruel realidad de acrecentar la incertidumbre sobre qué pasará en la próxima consulta médica”, resume.
Débora Vigna es de Junín. Llegó al Roffo con cáncer de cuello de útero avanzado, tras un diagnóstico previo erróneo. Comenzó a tratarse en el hospital Marie Curie, que depende de Ciudad, hasta que se rompió el equipo de rayos. Tuvo que lidiar con IOMA para la derivación al Roffo, donde también se frenó el tratamiento por rotura de equipo. Lo completó en un instituto privado. “El Roffo me salvó la vida, a pesar de todo”, agradece.
Fanny Erriquez inició su tratamiento por cáncer de mama en el Roffo en enero de 2023. Lo terminó con la toma de medicación preventiva por un año: “Con muchos baches, porque la DADSE (disuelta y reemplazada por la DINADIC en esta gestión) cambió los trámites y la entrega de la medicación tardaba cuatro meses. Gracias a los médicos y a la donación de otros pacientes, más o menos cubrí la espera (…) Los costos de los tratamientos son impagables. Sin ayuda del Estado no lo podría haber costeado”.
