El gobierno nacional dio un nuevo paso en su avance contra la salud sexual y reproductiva, y recortó 900 millones de pesos del programa “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable”.
El Centro de Estudios de Estado y Sociedad junto a ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) y REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) difundió el impacto de estos recortes particularmente en las mujeres y adolescentes. A la falta de insumos se suma el desmantelamiento del Plan ENIA.
“Los recortes en las compras de métodos anticonceptivos tienen como consecuencia una drástica caída en la cantidad de mujeres protegidas: de más de 1,2 millones en 2024 a apenas 63 mil proyectadas para 2026”, expresan desde los organismos.
Este vaciamiento podría implicar la desprotección a 840 mil mujeres contra embarazos no intencionales, 240 mil embarazos no intencionales adicionales, más de 112 mil abortos que podrían haberse evitado. A ello se suman 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales.
“En Argentina, cada peso invertido en anticoncepción genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica. Y cuando se consideran los efectos en educación, empleo, productividad y recaudación fiscal, el retorno total asciende a veinte veces el valor de la inversión”, analizaron. “La fuerte reducción en la compra pública nacional de anticonceptivos en Argentina no representa austeridad inteligente. Es, en realidad, una pérdida de inversión en el principal recurso de un país: su gente. Menos acceso a la anticoncepción implica menos oportunidades educativas, menor participación laboral de las mujeres, más pobreza y mayores costos futuros para el Estado.”
