Dirigentes, representantes y figuras de la cultura y la comunicación ofrecerán este jueves una conferencia de prensa para rechazar el contenido del dictamen de la Comisión Conjunta de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Reforma Laboral.

La misma confirmó la política del gobierno nacional de desguace sistemático del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de los medios públicos mediante el desfinanciamiento de la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. También, la decisión de avanzar con el ataque al Estatuto de Periodista Profesional.

“La cultura y la comunicación vienen sufriendo un ataque y un desguace silencioso que afecta a las y los trabajadores de esos sectores, pero también a toda la sociedad porque se afecta sus posibilidades de acceder a producciones culturales y también impacta de lleno en el derecho a la comunicación”, dijo el coordinador general de la Multisectorial Audiovisual, Guillermo Tello, ante la comisión conjunta en el Senado.

Durante la rueda de prensa, que se desarrollará en el emblemático Teatro Picadero, organizada por el Frente Cultural Federal, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA, representantes de la cultura, la comunicación y de diferentes sindicatos que están a cargo de la secretarías de Cultura de las centrales CGT, CTA-T y CTA-A, detallarán los efectos negativos que tendría el dictamen de comisión sobre el financiamiento del INCAA, los medios públicos y el Fondo de Fomento Cinematográfico (Ley 17.741). El Frente Cultural Federal reúne prácticamente a todos los sectores de la cultura y la comunicación y es un ejemplo de articulación.

Además, el gobierno pretende derogar o modificar el corazón del Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, en línea con el pedido de las cámaras empresarias. Estas normas, sancionadas hace 80 años, son la base de los derechos laborales y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de las y los trabajadores de prensa.

En el proyecto original, el gobierno ratificaba -de espaldas a la sociedad- su intención de derogar artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando los gravámenes a las señales audiovisuales con la que se sostienen los medios públicos, medios comunitarios y micropymes.

De este modo, con una misma norma el gobierno buscaba beneficiar doblemente a las grandes empresas de medios: le quitaba derechos a quienes trabajan en sus compañías y las eximía de impuestos que fueron pensados para posibilitar un arco de voces plural y democrático en la información.