El 27 de febrero, el Congreso Nacional aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Se trata de un hecho de enorme gravedad institucional y social: un retroceso histórico en derechos conquistados por décadas de lucha del movimiento obrero. Aunque su aplicación hoy enfrenta resistencias judiciales, el sentido político es claro: avanzar en un modelo de precarización estructural que golpea con más fuerza a quienes ya parten de condiciones desiguales.
Desde la asunción de Milei, la economía argentina se reorganiza sobre una lógica brutal: transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados, destrucción del empleo formal y disciplinamiento social. La reforma laboral no corrige ese rumbo, lo profundiza.
Defender los derechos laborales es hoy, más que nunca, la prioridad número uno. Aún más en un mundo cada vez más dependiente de las fuentes de energía, en el que proliferan intervenciones militares, como en Venezuela, o guerras, como en Irán, está en juego la entrega total de nuestros recursos, incluyendo también nuestra fuerza laboral, lo que representa un gran desafío para las y los trabajadores.
En estos momentos nos encontramos frente a una de las propuestas que más evidencia cómo se instrumenta la política para ceder nuestros recursos a un sector minoritario, privilegiado y extranjerizado; esta vez, con el trabajo. La precarización y consecuente intensificación de la pobreza relativa hacia la pobreza absoluta es una constante desde que inició el gobierno de Milei, y la reforma laboral vino a profundizarla.
La cada vez más endeudada clase media y la desaparición de un modelo histórico de sectores medios extendidos en este último período de gobierno es una carrera de fondo. Vemos cómo las mayorías empobrecidas crecen, se acentúa el sobreendeudamiento de las familias y el “rebusque”, se cierran fábricas, comercios y se pierden empleos todos los días. El número espanta: cerca de 30 empresas cierran por día en Argentina desde finales del 2023 y ya se perdieron más de 270.000 puestos de trabajo formales. Todo ello a un ritmo acelerado y sin red, con un impacto directo en las condiciones de vida cotidiana. La angustia y la falta de perspectivas de futuro son el pan nuestro de cada día. Para la juventud esto es dramático, porque todos los indicadores laborales empeoran en edades menores. Siete de cada diez jóvenes desarrollan su trabajo en la informalidad.
Son múltiples los efectos que tendrá la aplicación de la reforma laboral. A esto se suma la inseguridad jurídica, que suscitará procesos de judicialización permanentes, y el impacto diferencial en cuanto al género. En este artículo destacaremos, a modo introductorio, tres de esos efectos, que muestran de manera cabal el resultado que anticipamos: la profundización de las desigualdades.
En primer lugar, la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas. La división sexual del trabajo, que es la asignación de tareas en base al género, recayendo mayormente en las mujeres el trabajo de cuidado no remunerado, es una constante: las mujeres realizamos doble, y a veces, triple jornada laboral dentro y fuera del hogar. Una extensión de jornada que nos roba 4 horas diarias significa una pobreza de nuestro tiempo debido a la doble carga de trabajo laboral y de cuidado, y al pequeño margen de tiempo que nos queda para el descanso. Resulta obvio que la ampliación de la jornada laboral afecta a toda la población trabajadora, pero en el caso de las mujeres se agrava, ya que directamente nos expulsará de la fuerza laboral cuando no tengamos manera de conciliar el cuidado de personas dependientes con jornadas que se extenderán, casi sin límites.
Al empobrecimiento en las condiciones de trabajo y los ingresos, hay que sumarle la pobreza de tiempo. Sabemos que ya hay muchas personas con empleos de jornadas extendidas y extenuantes para intentar llevar una canasta básica de ingresos en los hogares. De lo que se trata no es de legalizar esa situación de explotación y así nivelar para abajo, sino de buscar la forma de mejorar la calidad, la cantidad y las condiciones del trabajo. O sea: nivelar para arriba, exactamente en el sentido contrario de esta ley de retrocesos laborales.
En segundo lugar, la flexibilización de las formas de pago salarial. Se habilita el pago de salarios en moneda nacional, extranjera o ‘en especie’, y se incorpora el ‘salario dinámico’. En Argentina la brecha salarial de género en el 2026, y antes de la entrada en vigor de la reforma, se situaba entre el 22% y el 34%, superando este porcentaje en algunas regiones del país. Esto significa que las mujeres perciben entre un 22 y un 34 por ciento menos de salario que los varones por trabajo de igual valor. La ampliación y diversificación de la modalidad de salario supone una importante injerencia en nuestros derechos laborales, casi única en el mundo. Significa la cesión ante el empresario de la capacidad de decisión sobre la modalidad de pago. Este hecho se traduce en que, en un sistema económico donde el dinero es la principal medida de valor, su acceso sea prioritario para cubrir los servicios necesarios que garanticen nuestra vida y la de nuestras familias. La habilitación para emitir salarios de forma flexible y diversa, según modalidad e interés, afecta directamente la capacidad monetaria de la población trabajadora. Acentúa sus necesidades insatisfechas, agudizando la caída del consumo e intensificando los ya de por sí incrementados endeudamientos. Actualmente contamos con una tasa de petición bancaria de préstamos del 70% de los hogares sostenidos por mujeres, que en muchas ocasiones se combinan con préstamos informales. Esto indica un grave problema de pobreza estructural que priva de servicios básicos a una gran parte de nuestra sociedad y se manifiesta con gran preocupación en el caso de las mujeres.
En tercer lugar, la flexibilización de despidos y la reducción de indemnizaciones. La tasa de actividad laboral femenina se sitúa sobre el 52% frente a la del 70% de la masculina. Que el acceso al mercado laboral para las mujeres sigue siendo un desafío es un hecho. Y con la reforma laboral también se va a convertir en un obstáculo. Según el dossier ‘10 mentiras y una zoncera’ de publicación reciente por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), la informalidad laboral gana incidencia en la estructura de nuestro mercado laboral. Si desagregamos estos datos por género podríamos ver cómo en el caso de las mujeres se acentúa, ya que son quienes en la pirámide laboral ocupan empleos en los que mayormente la tasa de informalidad se dispara, como son servicios de cuidados y limpieza. La tendencia hacia la flexibilización en los despidos, con la consecuente reducción de las indemnizaciones, va a provocar una dinámica laboral tendiente hacia el ofrecimiento de formas más precarias de empleo, dirigidas hacia sectores poblacionales con mayores necesidades debido a sus cargas de cuidados. Esto implica que, en el caso de las mujeres, la dinámica tienda hacia la aceptación de trabajos especialmente informales, a tiempo parcial en la mayoría de los casos, donde no habrá una garantía en el cumplimiento de derechos laborales y prime la inseguridad.
Un modelo contra nuestras vidas
En Davos, mientras Milei preparaba su voz para leer un discurso de forma ceremonial, un grupo de CEO’s puso en común sus preocupaciones sobre Argentina. Definieron cinco: insuficiencia en servicios, infraestructura y protección social; desempleo; caída de la actividad; desigualdad social; y polarización social y política. Cada una de ellas es el ingrediente necesario para el descontento y la rebelión social. No obstante, las políticas del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias y municipios, las estructuras comunitarias, sociales y la solidaridad en los territorios hacen de diques de contención y contribuyen a atenuar posibles escenarios de conflictividad social. Este proceso recae también sobre las mujeres y diversidades, que son quienes en su mayoría sostienen y mantienen las redes de cuidado tanto intrafamiliares como comunitarias. Frente a ello y con una acentuación de la pobreza devenida de la reforma laboral, debemos preguntarnos: ¿hasta cuándo y de qué modo podemos seguir aceptando un sistema que hace insostenible nuestras vidas?
Esto ya lo vivimos y sabemos sus nefastas consecuencias. Son las mismas políticas económicas que se impusieron con terrorismo de Estado hace 50 años, a partir de la última dictadura cívico militar. Son las mismas que implementaron luego del terrorismo económico de la hiperinflación de fin de los ochenta, que nos trajo una década del 90 donde se costruyó una paz casi de cementerios, que voló por los aires en la crisis del 2001. Son las mismas que implementó el gobierno de Macri y nos llevaron otra vez al endeudamiento y dependencia con el FMI que siempre fracasaron en la Argentina y en el mundo. Son las mismas que hoy impone el que vino a decirnos que era distinto y, la verdad, más casta no se consigue.
Ya sabemos las consecuencias de la destrucción de derechos laborales: más precariedad, más pobreza, más desigualdad para las mayorías, más privilegios para unos pocos. Sabemos que por estas leyes no se generan más puestos de trabajo ni se mejora la condición de las empresas. Un modelo de trabajo y producción requiere de protecciones para ambos lados del mostrador, para quienes trabajan y para los dueños de los medios de producción. En términos de género, si los únicos sectores que crecen son la energía, el agro y los servicios financieros, está claro que las brechas se acrecentarán. Allí nosotras estamos casi afuera y nada hace esta política o estas leyes para incluirnos, al contrario.
En el modelo de sociedad y de política de Milei no hay lugar para nuestros proyectos de vida. Pero también hay una certeza: no partimos de cero. Sabemos que hay otro camino y que las mujeres y diversidades de Argentina hemos luchado y lo seguiremos haciendo, porque tenemos derecho al futuro y seremos protagonistas de su construcción.
