Cuando el lunes el Congreso Nacional ponga en marcha oficialmente el período de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, tendrá sobre la mesa distintos proyectos para modernizar la vida laboral. Uno de ellos ingresó el 19 de enero pasado (expediente 7134-D-2025) con un objetivo concreto: presentar una alternativa de discusión frente a la oferta de flexibilización impulsada por el gobierno nacional. “Es imprescindible desarrollar un debate público sobre un tema crítico para la organización social de una sociedad. Proponemos un debate real del siglo XXI, que genere una movilización social”, explica Kelly Olmos, autora de la iniciativa y actual diputada por Fuerza Patria.
Con la firma de otros cinco diputados y la adhesión de otros tantos, el proyecto plantea siete propuestas alineadas “con las tendencias que se están impulsando en el mundo”, sostienen sus autores y adherentes . Los 76 artículos de la iniciativa funcionan casi como un espejo invertido de la llamada modernización laboral del oficialismo. Reducción de la jornada laboral, regulación del trabajo en las plataformas digitales, mayores licencias por gestación, resguardos para cobrar las indemnizaciones y desconexión digital son algunos de los derechos incluidos. “Es central mostrar otra postura. Queremos aggiornar y pensar a futuro una discusión seria, que no sea exprés y sin incluir a los actores principales, como busca el gobierno”, aporta el diputado neuquino Pablo Todero (UxP), otro de los firmantes.
El corazón de esta iniciativa, a contramano de la propuesta oficial, fortalece a las organizaciones gremiales en distintos planos. Reivindica la negociación colectiva como herramienta insustituible, simplifica y acelera los procesos administrativos de los acuerdos paritarios para que lleguen a los bolsillos lo más rápido posible y crea Comités Mixtos de Salud, Seguridad y Prevención para enriquecer “con el saber práctico de los trabajadores”, entre otros puntos. “Es un método que permite equilibrar la cancha donde la asimetría de poder entre trabajadores y patronal se compensa”, explica Kelly Olmos, que además es especialistas en legislación gremial y acuerdos salariales, y estuvo al frente del Ministerio de Trabajo de Nación. “Las tendencias mundiales apuntan a que la jornada laboral semanal sea de 40 horas, como proponemos, y el gobierno habla de 12 horas por día. Es una situación realmente compleja lo que ellos plantean”, analiza Todero.
La economía de las plataformas también forma parte de la iniciativa con una serie de medidas para regular el trabajo, proteger derechos y operar con transparencia algorítmica. Son 28 artículos dedicados a esta temática con una abordaje que va desde el derecho a la desconexión y una remuneración garantizada hasta la cobertura de riesgo y el sistema de encuadramiento de la actividad. Por el contrario, “el proyecto oficial tiene un capítulo donde consolidan la precarización vigente como permanente”, remarca Olmos sobre la iniciativa que se tratará en las extraordinarias. Todero, por su parte, agregó: “El control de ese nuevo mundo tiene que ser en conjunto. No solo desde el Estado sino también con los representantes y organizaciones”. El diputado es promotor en Neuquén de la primera ley de teletrabajo en Argentina aprobada en la provincia patagónica en 2013.
El pago de las indemnizaciones marca otro contrapunto con el oficialismo. En este caso, la propuesta consiste en utilizar al Banco Nación para que el empleado despedido cobre en una única cuota y sin demoras el dinero que le corresponda. A la vez, el empleador tendrá la responsabilidad de devolver el monto a la entidad bancaria estatal y podrá acceder a condiciones de devolución diferenciadas en función de la escala de la empresa. “Ellos ponen en el damnificado la responsabilidad de financiar las indemnizaciones y además complementariamente desfinancian el sistema de seguridad social al eliminar tres puntos para crear fondos de carácter financiero. Es decir, hacen que el propio damnificado o bien los jubilados y pensionados paguen las indemnizaciones”, cuestiona Olmos.
Y Todero refuerza: “El gobierno no dice absolutamente nada de dónde van a salir esos recursos que le recorta a ANSES. Ellos mismos hablan de penalizar a quien presente un proyecto de ley sin decir de dónde sacar recursos, pero son los primeros en hacer eso”.
Desde el lanzamiento del proyecto alternativo, no sólo se sumaron nuevas adhesiones de diputados sino que se realizaron reuniones con sectores empresarios interesados en conocerlo. Esta semana, por caso, Kelly Olmos recibió a referentes pymes que, además, rechazaron el proyecto de Milei. Consideran que no va a generar nuevo empleo y va a deteriorar aún más el mercado interno. “Nada tiene de moderno ni mira al futuro. Es retrógrado. Nos vuelve a principios del siglo XIX y además le saca recursos a las provincias”, dice Todero para argumentar el rechazo a la ley impulsada por el Ejecutivo.
Kelly Olmos lo explica con dos elementos: el informe presentado por la organización Oxfam antes de la Cumbre en Davos y una referencia a un expresidente de Estados Unidos. “Oxfam dice que 12 personas en el mundo concentran el mismo nivel de patrimonio que la mitad de los habitantes más pobres de la humanidad. Ese es el modelo que Millei tiene de referencia y con el que nosotros estamos profundamente en desacuerdo. Como dijo Joe Biden, las clases medias son el producto de la existencia de la organización gremial y de los derechos laborales”, sintetiza y refuerza todavía más los modelos en disputa. «
