A la hora señalada. A partir de las 11 del miércoles 11 empezará a definirse la suerte del proyecto de supuesta “modernización” de las relaciones laborales. Con la programada sesión del Senado Nacional arrancará el debate de una reforma promovida por la elite empresaria, que la imagina tan ambiciosa como definitiva. El mileísmo gobernante, a su vez, la entiende como una conquista casi escenográfica para su búsqueda de hegemonía. Eso más allá de sus efectos prácticos.
El otro bloque social, conformado por centrales sindicales, gremios, más buena parte de la oposición política, comprende y asume lo que está en juego. “Simbólicamente es una ley importantísima”, advirtió a Tiempo una voz autorizada que dedicó toda su vida -laboral y académica- a estudiar la puja entre capital y trabajo.
Reforzado por el libro de pases que deshilachó al PRO, el mileísmo dedicó las primeras semanas del año a negociar sistemáticamente apoyos. Las giras alrededor del país estuvieron a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli (premiado este sábado con una invitación para acompañar al presidente en el acto realizado en la localidad de San Lorenzo, Santa Fe).
De su capacidad de convencimiento y habilidad para la transacción se esperan resultados, muestras concretas desde el arranque mismo de la jornada del próximo miércoles. Primero, senadores sentados en sus bancas, para alcanzar el quórum; luego (en el momento clave), votos afirmativos para la media sanción.
Más allá de las negociaciones previas, en las que intervino una mesa más amplia de funcionarios y legisladores, la Casa Rosada se cuidó de mostrar todas sus cartas. La versión definitiva del dictamen que se debatirá en la Cámara Alta se conocerá recién al arrancar la sesión.
El suspenso podría estar acompañado por cierto arte de la sorpresa y el engaño. Acaso para impactar a último momento con la eliminación de uno o varios de los artículos del proyecto, que suman alrededor de doscientos. Uno de ellos, presumiblemente, podría ser el capítulo fiscal.
En la última semana, el mileísmo dejó traslucir ex profeso mensajes contradictorios sobre sus objetivos y estrategias. Por un lado, a través de algunos medios, instaló una supuesta intransigencia, algo así como una reversión actualizada del “vamos por todo”. El mensaje era que no aceptarían la quita de ningún artículo.
En particular la baja del 35 al 31,5% para las alícuotas del Impuesto a las Ganancias que deben pagar las grandes empresas. Eso reduciría la coparticipación y, por ende, disminuiría aún más los presupuestos de las provincias (ya afectadas por una caída de ingresos que entre noviembre del ’25 y enero del ’26 llegó al 3,1% -descontando la inflación- según datos oficiales del Ministerio de Economía).
Pero junto a los desafíos maximalistas circularon otras conjeturas, que suenan mucho más factibles. Apuntan a que la Casa Rosada, en la hora clave, privilegiará la necesidad de ganar la votación con la mayor holgura posible a los fines de facilitar un tratamiento “exprés” en Diputados. Y para eso, según las versiones, aceptaría aligerar el impacto fiscal o hasta quitar del proyecto todos los artículos que prevén reducciones en las alícuotas de Ganancias. Los reajustes para favorecer a las corporaciones más grandes podrían ser incluidas en otra hipotética ley, más adelante.
Por lo pronto, y según lo que cuentan los propios senadores, los artículos que más resistencia generan son el fiscal (que incluye además una reducción impositiva para la posesión de autos de alta gama, yates y aviones); la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con recursos que se sustraerían del sistema de seguridad social (Anses); la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (entre otros estatutos de actividades específicas); y la eliminación del Fondo de Fomento Cinematográfico.
En cuanto al poroteo de voluntades, la información que circula es favorable al oficialismo. Según esos pronósticos, el reparto de adhesiones, rechazos y abstenciones que mostrará el tablero electrónico al finalizar la jornada del miércoles hará posible la media sanción.
“El gobierno ya cuenta con 40 votos (a favor de la reforma, 37 es el quórum de la mitad más uno) pero además hay diez dudosos”, confió a este diario un senador que no integra La Libertad Avanza ni forma parte del PRO. Se lo podría identificar con una suerte de espacio ‘intermedio’ (en Brasil le dirían ‘Centrão’) que ante los proyectos oficiales oscila entre rechazar, apoyar, abstenerse, obstaculizar o facilitar el quórum, según sea el caso.
Desde el sector mayoritario del peronismo, y en particular desde el movimiento obrero, estarán muy atentos a lo que termine votando cada uno de los senadores. El seguimiento es detallado e individual.
La expectativa mayor está puesta sobre aquellos que reportan a gobernadores no alineados abiertamente con el Ejecutivo pero que al mismo tiempo muestran disposición a negociar tema por tema.
Dos de ellos son el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, ambos de Provincias Unidas. Gobiernan provincias bastante industriales, pero con el sector sumergido en una fuerte crisis, y de larga tradición sindical.
También hay expectativa, más cierto ejercicio de presión, frente a la postura que asuman al momento de la verdad los cinco senadores de Convicción Federal, el espacio parlamentario de origen justicialista que en los últimos tiempos puso más distancia del interbloque que conduce el formoseño José Mayans. Aunque, eso sí, no terminó de romper.
La mejor prueba de las tensiones que recorren a ese universo amplio y heterogéneo identificado como panperonismo, con su famosa plasticidad invertebrada, la aportó el jueves el secretario general de la UOM, Abel Furlán. Único orador de un acto contra la reforma laboral realizado en la capital cordobesa, el metalúrgico dirigió su mensaje directamente al gobernador Llaryora. Le exigió definirse y sumar su parte para impedir la aprobación del proyecto. “Señor Llaryora, usted va a pagar el costo político de no poder caminar por las calles de Córdoba si manda a sus legisladores a votar favorablemente esta ley”, dijo, desde la intersección del bulevar Juan Domingo Perón con la calle San Jerónimo, en plena Docta.
Para el espacio más orgánico del peronismo, la previsión sobre lo que puede ocurrir el miércoles se resume en dos variables: la hipótesis de máxima -aunque se la considera improbable- es tratar de postergar el debate a marzo, para que se trate con más tiempo y en sesiones ordinarias. Si eso no fuera posible, el escenario resultante obligaría a discutir artículo por artículo, ir por el mal menor.
En lo que empieza a haber más confianza es en que a medida que pasen los días irá creciendo la movilización callejera, tanto en CABA como en distintos puntos del país.
“El miércoles que viene habrá una Plaza Congreso colmada de gente con bronca y rechazando estas reformas, incluso a pesar del poco tiempo, de que es febrero y de que no se discutió porque la agenda mediática pasa por otro lado. Va a ser una gran movilización”, anticipó el senador nacional Mariano Recalde, también abogado laboralista, en diálogo con Tiempo.
Y sobre el trámite legislativo añadió: “Es difícil saber lo que va a pasar en la sesión cuando hay tanto secretismo y misterio. Desconocemos los detalles de los cambios porque Patricia Bullrich instaló algo novedoso en materia parlamentaria que es el ‘dictamen sorpresa’”, ironizó.
Masa crítica
Otro especialista en derecho del trabajo como Carlos Tomada llamó a endurecer las medidas de fuerza y lamentó que no se haya podido anunciar un paro nacional, al menos hasta ahora. “Si nosotros vamos a hacer un gran paro nacional el día que se trate la ley estaremos velando al muerto. Va a haber grandes discursos lamentando la pérdida”, reprochó, con sorna y crudeza. También dijo que en el país percibe un estado de ánimo propio de “una sociedad adormecida”.
“Hay una cuestión específica que es el miedo. La gente tiene miedo a la represión, a quedarse sin trabajo y a que haya una situación de caos”, sostuvo en la charla con este diario. De todos modos, alentó a profundizar las acciones de protesta. “La sociedad está para un poco más”, arengó.
El exministro (2003-2015), en esa línea, planteó que la propia historia argentina “demuestra que no existe nada irreversible”. Y a continuación, para marcar el contraste con el proyecto mileísta, valoró “las transformaciones laborales increíbles” a favor de las mayorías que atribuyó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Tomada, además, destacó logros recientes en materia económica y social del tercer gobierno (el actual) de Luiz Inácio Lula da Silva. El fundador del PT, en una visita al estado de Bahía, acaba de anunciar una mejora del salario mínimo y “el menor desempleo de la historia de Brasil”. Cifras que representan un camino antagónico al de Javier Milei.
El salario mínimo en Brasil es de 1621 reales: equivale a unos 445.000 pesos de Argentina (en el país, en tanto, el salario mínimo vigente, actualizado a febrero de 2026, es de 346.800). Tomada complementó esos números (desde Argentina casi envidiables) con un dato incómodo: en el socio mayor del Mercosur aún rige la reforma laboral aprobada en 2017 durante el período en el que ejerció la presidencia Michel Temer.
“Con esa reforma Brasil retrocedió al siglo XIX. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Y con relación a la ley Temer, Lula no ha podido tocar un artículo», puntualizó para dimensionar los riesgos de los ciclos históricos regresivos. «
