El jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público fiscal removió de su cargo al fiscal Julio César Castro por haber incurrido en episodios de violencia de género y malos tratos hacia sus empleados.

Se trata del fiscal que en noviembre de 2019 fue condenado a seis años y medio de prisión por el delito de “violación” a una ex pareja, fallo que todavía no está firme.

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Castro siguió siendo fiscal, pero hoy el jurado de enjuiciamiento, por unanimidad, decidió su destitución, con gravísimas consideraciones sobre su conducta, especialmente hacia las mujeres que trabajaban con él.

El fallo del tribunal, cuya parte resolutiva fue leída por la presidenta, la abogada Adriana Donato, cuestión el “ejercicio abusivo de poder” que ejerció Castro, que “dista de lo que la sociedad espera y exige de un magistrado”.

El ahora ex fiscal actuó con “ensañamiento” hacia sus empleados en general, y las mujeres en particular.

Para el tribunal, Castro incumplió con la “exigencia de una conducta ejemplar caracterizada por el respeto a la Constitución Nacional en todos sus actos, dentro y fuera de sus funciones”.

En ese sentido, los juzgadores valoraron negativamente que Castro se consideró víctima de una persecución política pero no mostró empatía con sus acusadores ni arrepentimiento por las conductas que se le reprocharon.

“Insistió en la corrección de sus acciones, negó responsabilidad y culpó a circunstancias externas sin demostrar un atisbo de arrepentimiento. Tampoco existieron pedidos de disculpas” a sus víctimas.

Castro fue destituido por “mal desempeño y violaciones al deber de observar buena conducta”, después de un proceso que comenzó a mediados de abril pasado y hoy llegó a su fin.

El tribunal calificó como “sumamente deleznable” que los malos tratos, especialmente contra mujeres, “los haya cometido un magistrado integrante del órgano al cual la Constitución Nacional le ha encomendado la defensa de la legalidad”.

Castro tiene la posibilidad de apelar la decisión de remoción de su cargo ante la Corte Suprema de Justicia.

“La conducta que se reprocha al magistrado se manifestó en incumplimiento de distintos deberes que le son exigidos”, resumió la sentencia.

Castro tenía la “obligación de observar una conducta irreprochable” tanto dentro como fuera del ámbito laboral, y según los juzgadores “no lo hizo”.

En ese sentido, la sentencia recordó que al utilizar la red social Twitter el destituido fiscal incurrió en la “violación a los deberes de observar buena conducta fuera del ejercicio de sus funciones”.

El tribunal resolvió, además, enviar a la Procuración General de la Nación el pedido de los fiscales acusadores, Federico Reynares Solari e Indiana Garzón, para una reparación para las víctimas de Castro, consistente en promociones laborales y reintegro de gastos que debieron afrontar como consecuencia de la situación laboral que atravesaron.