El Gobierno estableció la cesión a 9 provincias. La respuesta del Sindicato de Viales.
El gremio conducido por Graciela Aleñá sostuvo que esta medida de “descentralización” en realidad se trata de “una precarización sobre las rutas no rentables y un avance hacia el vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)”.
El Decreto, publicado el 16 de abril en el Boletín Oficial, estableció que el Gobierno nacional le delega a las Provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz “la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio”.
Como respuesta, el STVyARA afirmó que esta medida “altera de raíz el sistema vial argentino, desconociendo el espíritu y la arquitectura del Decreto-Ley 505/58”, asegurando un “cambio de modelo” que rompe el esquema que establece que “la Dirección Nacional de Vialidad es el organismo rector del sistema troncal, debe planificar, construir, conservar y administrar las rutas nacionales bajo un criterio integral, federal y solidario”.
Así, indicaron que “fragmenta la gestión delega funciones centrales y convierte rutas en unidades de negocio”, mediante un comunicado.
En ese sentido, el gremio aseguró que “al sector privado solo le interesan las rutas rentables, es decir, aquellas con alto tránsito y capacidad de cobro de peaje”, por lo que si este esquema avanza “vas a tener rutas ‘de primera’ para los negocios y rutas destruidas para los pueblos; provincias ricas conectadas y provincias olvidadas”, en un modelo de “desigualdad planificada”.
En consecuencia, afirmó que “rompe el principio de igualdad territorial y atenta contra el desarrollo federal”.
A su vez, el sindicato recordó que el financiamiento de Vialidad Nacional para el mantenimiento de rutas se obtiene en gran parte por el SISVIAL, pero que a través del “déficit cero” se produjo una desfinanciación del organismo.
“Desfinancian la DNV, recortan inversión, frenan obras y preparan el terreno para justificar el achique. Ajustan sobre las rutas, sobre los trabajadores y sobre el interior del país”, aseveró.
Finalmente, el STVyARA llamó a defender el “principio básico” de que “las rutas nacionales no pueden regirse por la rentabilidad, porque conectan pueblos, integran economías regionales y garantizan soberanía territorial”. Y aclaró: “no vamos a mirar para otro lado, no vamos a aceptar el vaciamiento, no vamos a dejar caer la Dirección Nacional de Vialidad”.
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