Hace algunos años, el por entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, transparentó la estrategia que utilizaban para implementar reformas que, sabían, se encontrarían con la oposición de los trabajadores y trabajadoras. Era sencillo, según sus palabras. Había que avanzar en muchísimos frentes a la vez, obligando a los sindicatos a concentrarse en los temas más importantes, que así dejaban el terreno liberado para otras iniciativas. Y una vez que estas últimas tenían avances sustanciales, los sindicatos debían traer aquí la resistencia, debilitando las acciones que habían sostenido en los temas que, en un primer momento, habían considerado prioritarios.
En la actualidad nos enfrentamos a un desafío similar, aunque más intenso. El gobierno nacional (deberíamos empezar a decir las fracciones de la gran burguesía que lo sostienen y cuyos intereses expresan con total claridad) implementó una ofensiva en toda la línea, con medidas que son centrales en su estrategia de corto plazo y otras que tienen un gran efecto distractivo, aunque si pasan mucho mejor.
Este es el caso del DNU 340/25, que regula la actividad de la marina mercante y, como quien no quiere la cosa, incluye un artículo que intenta limitar al extremo el ejercicio del derecho de huelga en los mismos términos que ya lo había intentado hacer en el DNU 70/23 y en los primeros borradores de la Ley Bases.
Esta nueva norma es tan burda que no resiste el menor análisis (qué tiene que ver la situación de la marina mercante con el derecho de huelga de los trabajadores gastronómicos o de la industria del azúcar por citar sólo un ejemplo). Sin embargo, si pasa, pasa. Por ende, no queda otra que salir de lleno contra esta iniciativa, que más temprano que tarde será considerada inconstitucional. ¿Y mientras tanto?
Aquí está la clave del asunto. Mientras nos vemos obligados a salir en defensa del derecho de huelga, el gobierno avanza en otros frentes: desregula la actividad de la marina mercante y del transporte aéreo, se retira de la paritaria nacional docente y amenaza con destruir miles de puestos de trabajo de un día para el otro en la provincia de Tierra del Fuego, tan sólo por citar algunos ejemplos de estos últimos días. A Esteban Bullrich le gusta esto.
La resistencia tiene que ser integral y estratégica. El ataque al derecho de huelga no debe pasar, y de hecho no lo hará en el corto plazo (el gobierno también lo sabe). Pero las amenazas siguen allí. Podemos dar por descontado que el gobierno intentará impulsar una nueva reforma laboral luego de las elecciones de octubre. Allí incluirán gran parte de las normas que quedaron en el camino luego del cuestionamiento judicial del DNU 70/23 y el recorte de la versión original de la Ley Bases. Nada bueno puede esperarse de un gobierno (de las fracciones de la gran burguesía que lo sostienen) que se ha fijado como un objetivo estratégico reformar integralmente el sistema de relaciones laborales y debilitar la capacidad de acción colectiva de todas las organizaciones sindicales. El gobierno nos tiene en la mira y no tiene ninguna intención de abrir una negociación. Cuanto más tardemos en asumir esta realidad, más tardaremos en diseñar una respuesta acorde a este desafío. «
