El escándalo en torno al patrimonio y el frenesí consumista del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo crítico que complica de manera directa su situación judicial. Según una investigación revelada por la periodista Paz Rodríguez Niell en el diario La Nación, el funcionario gastó en agosto de 2025 la suma de $ 5.848.589 en un monitor gamer y dos proyectores de alta gama adquiridos a través de Mercado Libre.
Adorni utilizó las tarjetas de crédito y las identidades de dos funcionarios de menor rango bajo su órbita para facturar los equipos, repitiendo la misma matriz de desvío que ya se había detectado con la compra de sábanas y sommiers de lujo por un valor de 8 millones de pesos.
El desglose de los gastos recreativos del ministro expone una fuerte desconexión con los ingresos que percibía formalmente por parte del Estado argentino. El 19 de agosto del año pasado, mientras percibía un salario que rondaba los 3,5 millones de pesos, Adorni adquirió un monitor gamer de última generación —modelo Samsung Odyssey Oled G8 4K de 27 pulgadas— por $ 2.184.999,05. Apenas unos días antes, el 13 de agosto, sumó dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K por un valor de $ 1.831.795 cada uno. El volumen de estas compras y de lujos adicionales —como un flipper de colección de Los Locos Addams valuado en 8000 dólares para su propiedad en un country— supera con creces el doble de su poder adquisitivo mensual legítimo, dejando al descubierto inconsistencias patrimoniales imposibles de soslayar.
La operatoria de financiamiento descubierta por la prensa expone una faceta de sometimiento e informalidad institucional en las oficinas de la Casa Rosada. De acuerdo a la información publicada, el monitor gamer fue pagado con el plástico de Laura Daniela Schiuma, actual directora general de Actividades Presidenciales. Por su parte, los proyectores quedaron registrados a nombre de Luis Enrique Aluju, quien al momento de la transacción se desempeñaba como coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace. Estas maniobras replican el accionar ejecutado previamente con su secretaria privada, Gisela Kocsis, a quien el jefe de ministros forzó a figurar en las facturas de sus compras de blanquería premium.
Ante la contundencia de estas revelaciones, el plano judicial reaccionó de inmediato. El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien encabeza la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni y su esposa Bettina Angeletti, ordenó una batería de medidas de prueba y solicitó la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) para trazar un peritaje contable sobre la evolución patrimonial de los imputados. Asimismo, la fiscalía ya emitió requerimientos a las firmas criptográficas Lemon y Binance, informes fiscales a ARCA y solicitudes de datos al country Indio Cuá, consolidando el paso previo para exigirle formalmente al cuestionado funcionario que intente justificar un nivel de vida que sus haberes estatales claramente no pueden sostener.
