El 23 de agosto de 2024, mediante la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), se aprobó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), ese anzuelo de beneficios fiscales, aduaneros y legales (¡por 30 años!) pergeñado para atraer inversiones nacionales y, sobre todo, extranjeras superiores a los 200 millones de dólares con el consecuente derrame de prosperidad hacía las comunidades locales que alojen dichos proyectos productivos. Se sabe: expectativa y realidad suelen parecerse poco. A un año exacto, la profecía de la “avalancha de capitales” (los afamados “brotes verdes” de otra administración, aunque con los mismos actores) no se cumplió. En cambio, ya son palpables los impactos negativos desde una perspectiva socioambiental.
“El RIGI no inaugura un modelo extractivo: lo blinda, lo profundiza y lo desliga aún más a las comunidades de la naturaleza. Propone fórmulas que, en términos socioambientales, de distribución equitativa de la riqueza, de paridad de género y de inclusión social, fracasan de manera sistemática en Argentina desde los años ’70”, afirma Ariel Slipak, coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las organizaciones sociales e institutos de investigación y académicos que conformaron el Observatorio del RIGI para monitorear los proyectos que ingresaron formalmente al régimen.
Slipak enumera las que para él son las tres cuestiones perjudiciales que presenta el RIGI en materia socioambiental. “La primera es el blindaje jurídico a las empresas. El artículo 165 del régimen pone por encima de cualquier ley, ya sea municipal, provincial o nacional, los beneficios aduaneros fiscales y legales de las empresas. En segundo lugar, también les asegura a los proyectos que inviertan el abastecimiento de los insumos, léase agua y energía, privilegiándolos por encima de las comunidades locales, pero también los prioriza por sobre las evaluaciones territoriales y de impacto ambiental, lo que es muy grave. Por último, a los beneficiarios del RIGI se les la posibilidad de litigar en los tribunales internacionales. Si la ley argentina logra frenar un proyecto productivo en, por ejemplo, un área marina protegida, las empresas pueden litigar en el exterior. Así, nuestra legislación laboral y ambiental queda subordinada, y hasta pueden demandar al Estado nacional”.
Mandato exportador
El Observatorio del RIGI está conformado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG/UNSAM), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), el Transnational Institute (TNI) y el mencionado FARN. Además de relevar información sobre las empresas involucradas, los montos comprometidos, los sectores económicos, su localización y el empleo proyectado, el Observatorio realiza un mapeo de las resistencias territoriales, “mediante el seguimiento de las expresiones locales de oposición, sus discursos, acciones colectivas y demandas”. De esa forma, logran identificar los riesgos e impactos socioambientales asociados a los proyectos promovidos por el régimen.
“El RIGI es un instrumento medular para uno de los principales objetivos del gobierno de Javier Milei, que es seducir a empresas extranjeras para que realicen inversiones en actividades extractivas en la Argentina”, afirma Luna Miguens, directora del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, y enseguida argumenta: “Este régimen ofrece a las empresas garantías absolutas, blindadas ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, si se aprueba una ley de protección del ambiente que afecta de alguna manera las condiciones otorgadas por el RIGI, esa ley se declara inmediatamente nula. Esto suprime el recurso jurídico para cualquier actor que quiera denunciar el impacto social o ambiental de estas inversiones”.
Una de las conclusiones del monitoreo que realizó el Observatorio destaca que “en la búsqueda para salir de la crisis externa inminente, el gobierno apuesta a inversiones y exportaciones de hidrocarburos, profundizando el mandato exportador. En esto no repara en los potenciales daños ambientales, laborales o sociales que produzca, así como tampoco las concesiones institucionales que deba hacer”.
Miguens insiste en que “el RIGI es un dispositivo más en el objetivo del gobierno de neutralizar todo lo posible la conflictividad social. Tiene que leerse en línea con la creación de un cuerpo de seguridad creado para intervenir ante protestas que afecten procesos productivos, y con el desmantelamiento de la estructura institucional que buscaba proteger los derechos de las comunidades campesinas e indígenas”. «
Vaca Muerta y minería
De acuerdo al análisis del Observatorio del RIGI, desde su puesta en marcha se han presentado 19 solicitudes de adhesión, de las cuales siete ya fueron aprobadas y una rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares (dos de hidrocarburos, dos de minería, dos de energías renovables y uno de siderurgia). Sin embargo, estas inversiones prevén apenas poco más de mil empleos directos. Una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen. Las inversiones de mayor volumen de divisas se concentran en actividades primario-extractivas, en especial en proyectos para expandir las exportaciones de Vaca Muerta y de la minería .
Además, ya son 15 las provincias que adhirieron formalmente a la normativa específica del régimen.
