Rocío San Miguel, de funcionaria chavista a férrea opositora

Rocío del Carmen San Miguel Sosa tiene 57 años. Nació en Caracas, cuenta con nacionalidad española, y es abogada especializada en Derecho y política Internacional. Fundó y preside la ONG Control Ciudadano, institución que desde que fue creada, en 2005, es sumamente crítica del actual gobierno, al que su líder perteneció hasta menos de un año antes, marzo de 2004 como directora del Ministerio de Infraestructura, en el Consejo Nacional de Fronteras.

Ciertas críticas al propio gobierno de Hugo Chávez la obligaron a alejarse. A partir de entonces, se convirtió en una severa opositora, ligada a los organismos de DDHH. San Miguel fue detenida el pasado viernes 9, junto a cuatro familiares (entre ellos, su hija, Miranda, de 24 años, comunicadora social, liberada a las pocas horas, junto a su padre Víctor Díaz Paruta). También habían sido encarcelados su expareja, Alejandro González, y sus hermanos, Miguel Ángel y Alberto. Todos, menos ella, fueron puestos en libertad condicional.

Desde entonces, Rocío San Miguel permanece recluida en El Helicoide, como se conoce a la sede del cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas. «Traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación» es la acusación que pesa sobre ella.

La incluyen en una conspiración que tenía el objetivo de «atentar en contra de la vida» del jefe de Estado, Nicolás Maduro y de otros importantes funcionarios,  como también del «ataque a varias unidades militares».

Su detención fue relacionada por el gobierno venezolano con una investigación que derivó en un operativo producido a principios de enero en el que fueran detenidos 36 civiles y militares, a quienes se los vinculó con cinco supuestos complots frustrados contra el régimen, que incluían eliminar a Maduro. Los complots se habrían intentado producir entre mayo del año pasado y los primeros días de este 2024. Según informó el gobierno, la principal acción, obviamente malograda, que consistía en matar al presidente se denominaba Brazalete Blanco y se iba a perpetrar en el Estado de Táchira, el pasado 1° de enero.

Expulsión y críticas

Los partidos opositores calificaron la detención de San Miguel como “desaparición forzosa”. Así lo definió el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab. A las pocas horas se sumaron 204 organizaciones que presentaron un documento suscripto por 415 personalidades relacionadas con organismos de DDHH.

Pocas horas después el canciller Yvan Gil realizó un anunció que repercutió muy fuerte en la región. El Gobierno Bolivariano de Venezuela había decidido suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establecida en Caracas en 2019, a la vez que otorgaba 72 horas para que su personal (un total de 13 funcionarios) dejara el territorio venezolano. Se adujo la necesidad de realizar en los 30 días siguientes, una «revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento». Claro que pocas horas antes desde las propias oficinas del organismo internacional denunciaron que los «programas ante el hambre» del gobierno de Maduro «se han convertido en donaciones susceptibles al clientelismo político». Esa declaración se sumaba a la situación de Rocío San Miguel, encarcelada pocos días antes.

Yvan Gil replicaba: «Venezuela solicita que rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas». Aseguró que, lejos de tener una actitud imparcial, se convirtió en «el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que de modo permanente se confabulan contra el país». También criticó que «no condene ese hecho ni pida un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y, por el contrario, falsee hechos y agreda a Venezuela con mentiras, desinformación y manipulación».

La ONU, mediante una de sus voceras oficiales, Ravina Shamdasani, a su vez, respondió: «Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir».

Claro que la posterior reacción de la comunidad internacional dejó entrever algunas sorpresas.

Por caso, la opinión muy fuerte del expresidente uruguayo José Mujica. El Pepe, señaló desde Montevideo: “La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido cercado. Y tiene un Gobierno autoritario que se pasa para el otro lado. Llámelo dictador, llámelo como quiera”. Y agregó: “Yo aprendí esto: en una plaza sitiada cualquier discrepante es un traidor”.  «