El cierre definitivo de la empresa láctea Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), productora de marcas de consumo masivo como los postres Shimy y Sancorito, de SanCor, abrió una Caja de Pandora judicial y una puja por quedarse con los activos, valuados por la Justicia en una cifra cercana a los 50 millones de dólares.
La planta quedó disponible para su liquidación desde febrero último, convirtiéndose en uno de los activos industriales más atractivos del mercado lácteo argentino. La Cooperativa de Trabajo La Nueva San Andrés Ltda. se conformó recientemente y está integrada por trabajadores que buscan la continuidad de la producción de forma autogestiva.
Sin embargo, se sumaron también a la puja interesados privados, locales e internacionales. Según trascendió, Tregar, Adecoagro, Punta del Agua y Grupo Elcor figuran entre esas empresas. En las últimas horas, el empresario Gustavo Scaglione, dueño de Telefe, presentó un recurso judicial para frenar la licitación y cuestionó los mecanismos judiciales utilizados.
La Nueva San Andrés, los trabajadores de SanCor
La fábrica de lácteos que producía para SanCor se encuentra en la localidad de Arenaza, partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires (PBA). El quiebre de ARSA (del fraudulento grupo Vicentin) dejó en la calle a más de 200 trabajadores, en una localidad de 1.500 habitantes.
Esos trabajadores buscan dar continuidad al trabajo de la fábrica y recuperarla en formato cooperativo, bajo el nombre de La Nueva San Andrés. En ese engorroso camino, cuentan con el acompañamiento del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), del Ministerio de Desarrollo Agrario de PBA y de organizaciones de la Economía Social y Solidaria (ESS).
Andrés Reveles, subsecretario de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo de PBA, habló con ANSOL al respecto: «Vemos con preocupación lo que acontece en todo el sector lácteo y en la quiebra de SanCor. Los trabajadores estuvieron cerca de 10 meses sin derecho al salario y luego los dueños, que ya los conocemos de Vicentin, abandonaron la empresa para concursarse. Esa planta es el corazón del pueblo. La decisión de los trabajadores de organizarse en cooperativa fue una maniobra de salvataje para el pueblo mismo».
Reveles puso el foco en la decisión que debe tomar el poder judicial: «El poder judicial fue haciendo determinadas acciones; en la quiebra, tomó a los trabajadores como cooperativa y tienen todos los papeles en regla. En un acto de coherencia, la justicia debe aceptar a la cooperativa como depositario de los bienes y dar la continuidad para seguir produciendo. No se debe buscar la fragmentación y el remate en partes de la empresa, sino que empiece a andar».
En el mismo sentido, insistió: «Ojalá apareciera en SanCor un interesado como pasó con La Suipachense, con un juez de Mercedes que estuvo a la altura de la circunstancia. Se deben tomar decisiones valientes cuando una comunidad está en peligro. Por ahora, no hay una decisión valiente del poder judicial. Sabemos que hay presiones para que la planta no quede en manos de los trabajadores, que son los únicos que pueden sacar la planta adelante».
«Fragmentar y rematar la empresa sería una locura; sería matar una comunidad. La avenida principal de Arenaza se llama Mendizabal, que fue el nombre de la familia que puso la fábrica y empezó a producir Mendicrim. Existe la empresa por el pueblo y el pueblo por la empresa. Son indisolubles. El poder judicial tiene que tomarse la molestia de conocer todo esto para tomar una decisión valiente», concluyó el funcionario de PBA.
La puja de privados
De acuerdo con datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), Punta del Agua procesa alrededor de 1,3 millones de litros diarios, mientras que Adecoagro supera los 936.000 litros por día tras incorporar dos plantas de SanCor. Tregar, por su parte, procesa cerca de 868.000 litros diarios, consolidándose entre las principales industrias del país.
Para analistas del sector consultados por el diario La Nación, este proceso refleja una reorganización de la industria impulsada por empresas con mayor capacidad financiera e interés en ampliar escala, al tiempo que continúa despertando el interés de inversores nacionales e internacionales.
Con todo, en el sector privado se especula con que los activos de ARSA -y también todos los que integran el proceso de liquidación de SanCor– terminarían distribuyéndose entre distintos compradores, en lugar de quedar concentrados en una sola empresa.
Por su parte, Scaglione hizo una presentación ante el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores de SanCor. En la misma, cuestionó que la aprobación otorgada por el juez Marcelo Gelcich podría comprometer la continuidad de la compañía y afectar las posibilidades de recuperación de la marca.
En el mismo sentido, el empresario impugnó la resolución solicitando su revocación y nulidad, interponiendo de forma paralela un recurso de apelación en subsidio. Asimismo, requirió la suspensión inmediata de cualquier procedimiento asociado a la licitación hasta obtener una respuesta definitiva.
En manos del juez Gelcich queda el futuro de 200 trabajadores y de todo un pueblo que está en vilo, a la espera de una resolución.
