Las últimas horas de enero y las primeras de febrero serán claves para el futuro de la relación del presidente Javier Milei con el Congreso. Este miércoles será la primera sesión del año para debatir el proyecto de Ley Ómnibus. Se extenderá por más de 35 horas con un pronóstico agridulce para la Casa Rosada: una posible aprobación en general que podría superar los 150 votos a favor, pero una batalla cuerpo a cuerpo en la votación de cada artículo, donde la discusión por el paquete de privatizaciones asoma con final abierto. Si fracasa podría poner en crisis el umbral de tolerancia del oficialismo y poner en riesgo todo.

El recinto extenderá su sesión, como mínimo, hasta el jueves y posiblemente siga adelante cuando el peronismo intente activar el Senado para tratar y rechazar el DNU 70/23, la otra pieza del shock que se complementa con la Ley Ómnibus.

Luego de la reunión de labor parlamentaria de este martes, que concluyó de noche, las autoridades del oficialismo y la oposición se fueron con algunas previsiones para el debate que comenzará este miércoles. Se trata de una sesión de 35 horas que podría contar con un cuarto intermedio luego de la votación general. La posibilidad está disponible, hay un acuerdo entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal para echar mano a un receso que separe la votación en general del comienzo del debate artículo por artículo, pero en el bloque de Unión por la Patria, ven esa alternativa como una instancia remota.

Se definirá en el transcurso del debate, pero el tema es sólo un anticipo de lo que vendrá en las próximas jornadas.

Se esperan 22 cuestiones de privilegio, dos homenajes y un momento crucial. Será cuando el secretario parlamentario lea los cambios que decidió impulsar el Ejecutivo sobre el dictamen de mayoría del martes a la madrugada. El más importante fue anunciado el viernes pasado por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, cuando sacó el capítulo fiscal del proyecto, pero durante el fin de semana y hasta este martes continuaron negociaciones para continuar con otras modificaciones.

El dictamen ya esta firmado y, para buena parte de la oposición, los últimos cambios son tan importantes que debería volver al plenario de comisiones. «En realidad, ya es otro proyecto. Primero tenía 664 artículos, después 523 y ahora 386. Cómo mínimo es otro dictamen, pero el oficialismo no quiere volver a comisión y quiere seguirlo en el recinto», resumió a Tiempo uno de los legisladores de la oposición dialoguista, que aceptó finalmente que el texto no vuelva a comisión.

Cuando suceda la lectura de los cambios en pleno recinto el panperonismo insistirá con devolverlo a comisiones. Ahí se abrirá una herida muy fresca, porque el oficialismo leerá las modificaciones antes del debate, pero no exhibirá el dictamen firmado el martes a la madrugada. Ahí recrudecerán las sospechas y acusaciones veladas de UxP sobre la presunta existencia de un dictamen paralelo o «blue».

El tema podría estirar el debate, aumentar la tensión e insumir cuatro horas de discusión reglamentaria hasta que llegue el momento de las definiciones iniciales para la votación en general. En cada tramo de la sesión el oficialismo tendrá que ponerse a prueba para no quedarse sin quórum o dejar algún flanco abierto.
Las negociaciones que se estiraron desde el lunes todavía tienen huecos que generan inquietud en el oficialismo. Hay integrantes de LLA que dudan de contar con los votos suficientes para cerrar la votación en general.

Otros vaticinan sorpresas en algunos momentos, pero la mayoría coincide en las previsiones que se vienen tejiendo desde la semana pasada, con un respaldo cercano a los 150 votos a favor repartidos entre: 38 de La Libertad Avanza, dos del bloque Buenos Aires Libre (que lidera Carolina Píparo), 37 del PRO, 34 de la UCR, 21 de Hacemos Coalición Federal, 9 de Innovación Federal, uno de Unión Mendocina, uno de CREO, uno de Avanza Libertad y los tres del flamante bloque Independencia que se separó de UxP.

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La acumulación de respaldos se fue confirmando este martes antes de la reunión de labor, a partir de los pronunciamientos de la UCR y del bloque que conduce Miguel Pichetto, donde se perdieron dos votos, porque los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón se diferenciaron, no darán quorum y votarán en contra en general y en particular. De ese modo los respaldos de HCF se reducirán de 23 a 21.

Hasta ahí el inventario de voluntades que suma el oficialismo para poder sesionar y alcanzar la aprobación en general. Los más desconfiados siguen asegurando que habrá sobresaltos en ese tramo y que luego todo podría ser más agitado, especialmente cuando llegue el momento de votar cada artículo. En esa perspectiva, la idea de un receso, o cuarto intermedio, aparece como una posibilidad, pero no como una certeza.

LOS PUNTOS IRRESUELTOS

El futuro del debate en el recinto sería menos intrigante si no fuera por la cantidad de puntos que siguen irresueltos dentro de la negociación. El más álgido sigue siendo el paquete de privatizaciones. El oficialismo sólo accedió a sacar a YPF, pero la oposición dialoguista sigue reclamando evitar un paquete de 41 empresas y analizar caso por caso. La UCR sigue insistiendo que se preserven las empresas estratégicas, pero la lista que incluía al Banco Nación, ARSAT, Nucleoeléctrica Argentina e YMAD sigue sin sumar un gesto del Gobierno para reducir las chances de privatizarlas. En HCF sigue el mismo reclamo y junto al radicalismo recuerdan que 13 de las 41 empresas públicas tienen superávit.

El debate sobre las emergencias y las facultades delegadas tampoco se resolvió. La cantidad se redujo de 11 a 6, pero crece la posición dentro de la UCR y HCF de reducirlas aún más y hacer caer las emergencias tarifaria y energética, dos puntos que el oficialismo no quiere resignar, porque son claves en el esquema que planea el Gobierno.

Se esperan cruces y negociaciones sobre el capítulo de Seguridad. Antes de la reunión de Labor Parlamentaria, la ministra del área, Patricia Bullrich envió a uno de sus funcionarios para despejar dudas y desmalezar errores jurídicos. Sin embargo habrá discusiones sobre la definición de legítima defensa y el artículo que considera como «manifestación» a toda reunión que sume a más de 30 personas. El tema será un punto de inflexión para el panperonismo y los cinco diputados de la izquierda, pero también tiene reparos radicales y de HCF.

Respecto al endeudamiento también hay discrepancias al rojo vivo. El oficialismo busca reestructurar las deudas sin pasar por el Congreso y la oposición dialoguista no está dispuesta a acompañar esa decisión. No sucedió lo mismo con el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, porque finalmente habría un acercamiento de posiciones para avanzar con la transferencia al Tesoro de los bonos de deuda, pero el FGS se quedaría con las acciones de otras empresas. Queda un interrogante respecto a las compensaciones para las 13 cajas previsionales provinciales y otra discrepancia sobre la derogación de la norma que crea el FGS, porque el radicalismo no quiere que deje de existir.

Las diferencias sobre el régimen de biocombustibles y los cambios a la ley de pesca son dos ejes que habrían encontrado una salida, pero también son parte de la hoja de ruta que continuará en el recinto.

El oficialismo llega sobre el filo de enero a la primera sesión del año, pero sus funcionarios y legisladores arriban a este bautismo de fuego como si hubieran transcurrido seis meses. El desgaste de una negociación compleja caló hondo en los enviados del Gobierno y, especialmente, en los flamantes diputados de La Libertad Avanza. Tanto para ellos, como para Milei, la sesión de este miércoles será un examen determinante para los métodos que eligió el presidente en su relación con el Poder Legislativo.

NEGOCIADORES

Las negociaciones dejaron un saldo político revelador sobre los mecanismos que elige Milei. La Casa Rosada no tuvo un solo interlocutor. Fueron varios y superpuestos, con movimientos y respuestas que terminaron confundiendo y desautorizando a quienes más diálogo tenían con la oposición. Quizás por eso los intercambios fueron hasta último momento y, al menos en el tramo critico, tuvieron al asesor Santiago Caputo como la última palabra presidencial.

Su rol estuvo por encima del titular de la Cámara, Martin Menem y del ministro del Interior, Guillermo Francos, que este lunes también fue desautorizado por el propio presidente luego de una reunión con los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones. La divergencia giró en torno al impuesto PAIS. Los mandatarios pidieron coparticipar el 30%, Francos había aceptado. Una hora después Milei mandó a decir que todo se debatiría más adelante y ordenó sacar el artículo. Si el tema surge en el recinto y la oposición lo incluye, el Gobierno anticipó que lo vetará.

La omnipresdencia de Caputo y las desautorizaciones del presidente sumaron una pieza desequilibrante el viernes. Fue Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, la figura que intervino y se reunió con Menem y su primo Eduardo «Lule» para analizar el escenario. Luego fue a la Casa Rosada y después Caputo anunció la resignación del capítulo fiscal. Así comenzó el fin de semana, con una oposición empoderada que le reclamó más cambios al Ejecutivo. Los intercambios continuaron lunes y martes. Se extenderán al recinto este miércoles y si no prosperan podrían poner en peligro todo el debate.

Todavía hay diferencias sobre el capítulo ambiental, pero la gran duda que sobrevolará la sesión es: ¿Cómo podría reaccionar el oficialismo y Milei si se cae el capitulo de privatizaciones? Santiago Caputo ya dio una pauta cuando amenazó con dar marcha atrás con la sesión si ese punto no avanzaba. El tema sigue sin una síntesis y podría ser la inflexión más importante de la sesión. Resta saber en qué momento de las 35 horas quedará al desnudo.