En una sorpresiva combinación de sucesos, el director del Indec y promotor del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), Marco Lavagna, renunció a su cargo el lunes, antes de que se publique el indicador de enero. Inmediatamente, el gobierno anunció que posponía sin fecha su aplicación.
La salida de Lavagna, la asunción de su sucesor, Pedro Lines, y el cajoneo de la nueva metodología se produjo en medio de una escalada de la inflación, que llegó a diciembre en franco ascenso.
Con la medición vigente, el IPC oficial aumentó sostenidamente desde mayo de 2025. Ese mes la suba de precios promedió 1,5% y fue el tercer registro consecutivo a la baja, al cabo de una serie que el gobierno interpretó como el inicio de un descenso que pronto rompería el piso del 1 por ciento.
Pasó todo lo contrario: el IPC acumuló seis meses de alza apenas pausada por una breve estabilidad en el bimestre julio-agosto. En el último tramo del año, el IPC pasó del 2,3% en octubre al 2,8% en diciembre.
Esa carrera disparó las expectativas sobre la actualización del método de cálculo y preocupó seriamente al gobierno libertario, pero nadie anticipó los hechos de esta semana.
En una nota que brindó a la revista Newsweek en las últimas horas de 2025, Lavagna destacó su trabajo en la renovación del IPC y subrayó la importancia de la autonomía del Indec como elemento clave para la construcción de credibilidad.
Con el diario del lunes, aquellas palabras suenan a una apertura de paraguas preventiva en un contexto de tensión interna creciente, por el recalentamiento de los precios y por la complicación potencial que suponía la nueva herramienta de cálculo.
Lavagna aseguró que el índice estaba listo desde el primer trimestre del año pasado y que su aplicación se demoró por detalles técnicos: “Los cambios los anunciamos con mucho tiempo para que no haya dudas del momento que elegimos”, agregó, con tono de advertencia.
El gobierno argumentó que no lo aplicará hasta que se produzca la desinflación total, un argumento que suena exótico en el contexto de aceleración de los precios de los últimos meses.
El ministro de Economía, Luis Caputo, agregó un detalle en una entrevista con el canal de noticias LN+, en la que dijo que la idea de la gestión es aplicar el instrumento pero después de la elaboración de una canasta de consumo más representativa de la demanda actual de las familias.
En otras palabras, una vuelta de rosca adicional a la espontaneidad técnica de la administración nacional y a su característica tendencia a caer indefectiblemente parada, como el gato, pase lo que pase.
Entre broncas y silencios
Las repercusiones de la intervención oficial al Indec recorrieron todo el espectro de la política y la economía, pero también hubo silencios llamativos.
Entre los que hicieron ruido, los trabajadores del ente estadístico pusieron el grito en el cielo por la salida de Lavagna y el frizado forzoso del nuevo IPC, pero hicieron énfasis especial en la filtración del dato de enero por parte de Caputo en otra entrevista.
El secretario General de ATE-Indec, Raúl Llaneza, apuntó contra la “intromisión del Poder Ejecutivo” en el organismo técnico “que debería ser independiente en el poder político”: “Exigimos que se publique el dato de IPC el 10 de febrero con las nuevas ponderaciones y la independencia del poder político, no hay lugar para sugerencias de los políticos de turno”, remarcó.
El economista Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y coordinador del instituto IPyPP, consideró que “para un gobierno cuyo único factor de legitimación es la lucha contra la inflación, la decisión de que tendremos un índice de fantasía, o resultante de las ‘fuerzas del Cielo’, le abre las puertas del infierno”.
“De manera desembozada e impune decretan (desde el gobierno) que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec”, sumó.
En las antípodas de Lozano, varios economistas liberales reconocidos también criticaron la intervención como una afrenta a la autonomía del ente.
Los que se mantuvieron en curioso silencio fueron los grandes empresarios, el círculo rojo. Aunque en la historia reciente abogaron intensamente por un Indec independiente y por la transparencia de las estadísticas como piedra fundamental de la credibilidad del país, por alguna razón no percibieron todavía la intervención del gobierno ni la suspensión del nuevo IPC como agresiones a esos reclamos. Ni siquiera como distorsiones preocupantes.
En estricto off the record, algunos se atrevieron a vaticinar un impacto negativo en la estabilidad del organismo encargado de medir la evolución de los precios, pero el análisis no pasó de ahí.
El único empresario que mencionó el tema, lateralmente, fue el textil, Claudio Drescher, directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el marco de un cruce que protagonizó en la semana con Caputo, por la polémica que generaron dichos del ministro sobre el precio de la ropa fabricada en el país. «
«Ahorro» fiscal de $ 5 billones
Un informe del Banco Provincia advirtió que la decisión del gobierno nacional de dar marcha atrás con la actualización de la metodología del Índice de Precios al Consumidor, además de afectar el porcentaje de la inflación impactará “también a las partidas del gasto público” que actualizan con esa variable como referencia.
El estudio indicó que el Estado se ahorraría cerca de 5 billones de pesos en concepto de una menor actualización de prestaciones sociales y de menores pagos por títulos públicos capitalizables por CER.
En términos relativos, los 5 billones de pesos en cuestión “representan poco menos de 0,5% del PBI y más que el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el BCRA al cierre de enero: 4,3 billones de pesos”, señala el texto.
El informe del Bapro agrega que, en contraste, el aumento de la recaudación depende de la “evolución ‘real’ del nivel de precios, ya que los ingresos por IVA y débitos y créditos, entre otros, se ajustan de manera automática por valores de venta”.
