Tras un largo debate, el oficialismo logró este viernes concretar otra ley potente pretendida por el presidente Javier Milei: en el último día de la convocatoria a sesiones extraordinarias el nuevo régimen penal juvenil -que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años- cosechó 44 votos positivos contra 27 negativos y la abstención de la cordobesa Alejandra Vigo.
En una jornada marcada por las protestas afuera del Congreso, donde gremios, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda tomaron las calles, el oficialismo optó por demorar el tratamiento del proyecto del Ejecutivo que propone una reforma laboral. Mientras el peronismo votó en contra, el oficialismo logró sancionar la ley con el apoyo de radicales, PRO, el flamante interbloque dialoguista “Impulso país” y la tucumana Sandra Mendoza de Convicción Federal.
De esta manera, la estrategia fue estirar el debate de la iniciativa que establece una escala de castigos (sanciones socioeducativas para delitos menores hasta penas de 15 años de prisión para delitos graves) y que ya cuenta con aprobación del Senado.
“Nuestra ley está del lado del ciudadano, venimos a terminar con una doctrina peligrosa, que es la que del delincuente es víctima del sistema”, disparó Patricia Bullrich.
La senadora, se movió como pez en el agua en la defensa de un proyecto que viene impulsando desde su gestión como ministra de Seguridad en el macrismo. En ese contexto, reiteró la consigna que vienen repitiendo los libertarios: “el que las hace, las paga”.
“Nosotros venimos con un mandato el orden, y no nos da vergüenza decirlo, no vivir en el mundo de que cada uno hace lo que quiere”, expresó la ex ministra.
Con la presencia de la mamá de Jeremías Monzón y otros familiares de víctimas de la inseguridad en los palcos del hemiciclo, Bullrich pidió un minuto de silencio para todas las victimas “que no han podido tener justicia porque no han podido vivir en paz”.
Asimismo, apuntó contra los padres que son responsables de iniciar a los menores en los delitos: “Tienen que ser civilmente responsables porque genera un problema enorme en las familias porque los chicos no tienen referencia. Esto pasa en todos los sectores sociales”.
“La prisión en esta ley es el último recurso, no es prisión para cualquier cosa, y en casos gravísimos. Y está bien, porque si alguien mata no puede volver a dormir a su casa como si nada. No puede no tener consecuencias”, agregó.
En esa línea, su compañero de banca, Juan Carlos Pagotto criticó que se sostenga una ley firmada por Videla, pero consideró que “hubo otros iguales o peores”.
“Hace 40 años tenemos la misma ley. Fue firmada por el que todo el mundo denigra y ha catalogado como el peor dictador del siglo XX, que es Jorge Rafael Videla. Yo creo que hubo otros iguales o peores, pero bueno, lo uno no justifica lo otro”, disparó.
Más allá fue la senadora neuquina Nadia Márquez (LLA) quien sostuvo que la Ley Penal Juvenil actual es “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”. “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”, confrontó a los senadores del kirchnerismo.
Las críticas de la oposición
La mayor crítica por parte de la oposición fue referida a los escasos fondos que propone la iniciativa, ya que establece un presupuesto de poco más de 23.700 millones de pesos. Según indicaron los opositores, ese dinero dividido por los 24 distritos, sólo permitirá construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.
Desde el interbloque “Popular”, la senadora Alicia Kirchner, cuestionó el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil impulsado por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que “la iniciativa carece de presupuesto suficiente, ignora la salud mental y las adicciones, y desvía la atención del verdadero problema: la pobreza y la ausencia de un Estado presente”.
“No me queda claro si esos fondos se van a derivar a las provincias o si todo va a volver a caer nuevamente en ellas”, advirtió sobre el presupuesto. Y agregó: “En la Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños que han delinquido”.
Asimismo, cuestionó la mirada punitiva del proyecto: “Evidentemente, la edad no es el problema. El problema va más a fondo. Va que nosotros, como Estado, no estamos preparando, mirando las medidas que corresponden”.
En tanto, el rionegrino Martín Soria aprovechó la ocasión para recordar que en 2019 Patricia Bullrich dijo que el celular con el cual se le comprobó que mantenía diálogo fluido con el falso abogado Marcelo D’Alessio “lo usaba su nieto para jugar”.
“Con este texto, así como está el nieto de la senadora debería haber desfilado por Comodoro Py”, disparó el rionegrino, al tiempo que agregó: “Esta ley que van a votar no explica qué van a hacer con los menores no punibles. No mientan más. Van a votar una ley que no prevé medidas de prevención”. “Comparar y castigar como a un adulto a un menor va a generar nuevos delincuentes”, finalizó.
El texto que giró al Poder Ejecutivo establece una pena máxima de prisión de 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con penas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.
Respecto a la asignación presupuestaria, establece una partida de $3.131.996.784,28 del Ministerio de Justicia y de $ 20.607.158.518,80 de la Defensoría General de la Nación para las provincias que convenien con la Nación.
