Ante el desguace que está protagonizando Javier Milei en el Estado argentino, trabajadoras y trabajadores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), denuncian despidos masivos, sueldos adeudados desde diciembre y reclaman la reincorporación laboral. Se está ejecutando el vaciamiento de una política pública que está destinada a la primera infancia y que costó mucho su implementación.

Están defendiendo la continuidad del Programa Nacional Primeros Años, “que desde el año 2006 promueve el acceso a los derechos de las infancias y que hoy está sufriendo un vaciamiento”, denunció Eva Reinoso, una de las trabadoras despedidas e integrante de la Organización Social y Feminista YoNoFui.

Es por eso que “exigimos la continuidad laboral de todas y todos los trabajadores y el pago de los sueldos adeudados desde el mes de diciembre, lo que el gobierno está haciendo es algo muy grave, porque esto impactará en forma directa en las infancias”, alertó.  

Bajo el lema “En la SENAF no sobra nadie”

Cabe destacar que el Programa Nacional Primeros Años se creó a partir de la Ley 26.061, que garantiza la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Actualmente se inscribe en el programa PNUD, “a partir del cual se definen objetivos, metas, lineamientos de trabajo y aspectos presupuestarios”, detalló Reinoso. También apuntó que “en la SENAF no sobra nadie”.

Se trata de un programa cuyo principal objetivo es “acompañar a familias con bebés, niñas y niños de 0 a 4 años y personas gestantes en espacios comunitarios, para fortalecerlas en sus prácticas de crianza”, contó la trabajadora. En el marco del PNUD se realizan “encuentros con familias para compartir experiencias, enriquecer reflexiones y prácticas sobre el desarrollo infantil integral y la crianza, generando entornos protectores libres de violencias”, agregó.

El gobierno está haciendo “un daño muy grande que afectará ferozmente en el futuro de las niñas, niños y adolescentes que reciben cuidados a través de este programa que vela por sus derechos”, enfatizó Eva. También reclamó la inmediata “reincorporación de todas y todos los compañeros que fueron despedidos injustamente y el pago de las Becas adeudadas desde el pasado mes de diciembre”.

El programa en números

Funciona en 21 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 113 localidades. También en 105 zonas de crianza y 519 espacios comunitarios. Emplea a 200 trabajadoras y trabajadores que conforman equipos técnicos interdisciplinarios, 1.300 facilitadoras y facilitadores (beneficiarias de potenciar trabajo, referentes comunitarios de primera infancia). Además, durante los últimos años acompaña a 75.000 familias en sus prácticas de crianza y llega a 113.000 niñas y niños de 0 a 4 años de todo el país.

Brindan capacitación en acompañamiento perinatal, buenos tratos en la crianza, soberanía y seguridad alimentaria y desarrollo infantil integral: “Nosotras queremos seguir acompañando a las infancias, realizamos un trabajo cotidiano, genuino con mucho amor y queremos continuar haciéndolo”, expresó.

Al día de hoy, “a 21 compañeras y compañeros no les han renovado el contrato, la semana pasada recibieron notificación de despido 49 compañeros -más otros 67 que fueron despedidos en febrero y que habían sido contratados en 2023- y 348 facilitadoras no han cobrado la Beca desde el mes de diciembre”, enumeró Reinoso.

Los sindicatos

Ante la motosierra de Milei, la comisión interna del organismo afectado, junto al gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), explican que con amenazas de seguir despidiendo trabajadores y trabajadoras «el organismo encargado de diseñar y articular con las provincias “las políticas públicas para el cuidado integral de la niñas, niños y adolescentes se encuentran en una situación muy gravosa y de extrema vulnerabilidad”.

Hasta el momento el desguace llegó al Plan Nacional Primeros Años y al Programar Aunar Familias. También se vio afectada la Línea Telefónica 102 que está destinada a la recepción de denuncias anónimas sobre situaciones que afectan a las infancias en forma gratuita.  

Por lo cual, el accionar del gobierno resulta violatorio de la «Ley Mica Ortega”, como así también rompe con la campaña «Crecer Libres de Violencia», citó la trabajadora. Y con todas “las políticas públicas que fueron creadas para garantizar derechos a través de las distintas luchas de las militancias”, finalizó Reinoso.