Sin jueces y sin imputados en la sala. Así comenzó este lunes en La Plata el nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad contra tres integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), la banda paramilitar de ultraderecha que sembró el terror antes del golpe de Estado de 1976.
El único de los cuatro jueces que puso la cara lo hizo de manera virtual, por conexión remota: Jorge Luciano Gorini, conocido por integrar el tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner y que ocupa el lugar de presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 en forma subrogante, llevó adelante la sesión por videollamada. Las querellas reclamaron que el Tribunal estuviera presente en las audiencias.
Los otros jueces, también subrogantes, son Roberto Fernando Minguillón, María Gabriela López Iñiguez y Ricardo Basílico como cuarto juez. Pero ni siquiera de molestaron de aparecer en la pantalla.
El banquillo de los acusados también fue virtual. De manera remota estuvieron los imputados: Carlos Ernesto “el Indio” Castillo (ya condenado a perpetua en 2017), Juan José “Pipi” Pomares (que fue absuelto en el mismo juicio) y Antonio Agustín “Tony” Jesús. Los primeros dos desde la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo, mientras que Jesús lo hizo desde su casa donde cumple domiciliaria.
Tal como informó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, querellante en el proceso, los tres están acusados de homicidios doblemente calificados, secuestros y tormentos contra 13 víctimas. Para este juicio se prevé que comparezcan al menos 66 testigos.
El Tribunal lo mira por TV
La audiencia de la primera audiencia se desarrolló con Gorini conectado por videollamada, lo que despertó el rechazo de las querellas. “La foto hoy acá es que no están presentes ninguno de los tres jueces. La conexión es débil. No estamos en condiciones de tener un debate oral atento a la causa que representa este debate”, sostuvo la abogada Pía Garralda, representante de la querella de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.
“No queremos que los testigos hablen ante un tribunal ausente y que los imputados lo miren por televisión”, denunció.
A su turno, Guadalupe Godoy, abogada de la querella de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, le recordó a los jueces que “el principio de inmediación exige el contacto del tribunal con las partes y que la presencia física del tribunal fortalece la confianza en el proceso”. En ese camino, advirtió que las querella admiten la modalidad mixta (presencial y virtual) pero remarcó: “no imaginamos que eso iba a significar la ausencia de los señores jueces de la sala de audiencia”.
La respuesta de Gorini —conocido por sus partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri y por condenar a Cristina— fue cortar los planteos y mandó a las abogadas a presentar sus quejas por escrito. Luego dispuso un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo.
Banda paramilitar
En la audiencia, que se llevó a cabo el lunes y que transcurrió con fallos en la conexión digital, la secretaria del Tribunal, Verónica Michelli, leyó la elevación a juicio. “La CNU fue una organización armada paraestatal que llevó adelante de manera sistemática, organizada y con connivencia estatal, una serie de crímenes en el periodo en que acontecieron los hechos aquí investigados que tuvieron como epicentro sus actividades en las ciudades de La Plata y Mar del Plata”, leyó la secretaria del Tribunal.
En el pliego se expusieron informes de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba, la desarticulada inteligencia de la Bonaerense), en los que ya en 1973 se consignaba que Castillo comandaba la CNU platense; Pomares era capitán de esa organización y Jesús figuraba como un integrante de menor jerarquía.
Entre las 13 víctimas por las que se busca justicia se encuentran Ricardo “Patulo” Rave, Jorge Rosendo Ruda y Alcides Méndez Paz, Daniel Rayson Midon, Walter Martini, Elía Zanata, Graciela Martini, Néstor Hugo Dinotto, Hugo Pastorino, Adelaida Ursula Barón, Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera.
Las víctimas eran jóvenes cuya militancia en el peronismo revolucionario o la izquierda los convirtió en blanco de la patota de ultraderecha que operaba bajo el ala de Victorio Calabró y el Batallón 601.
Por el Ministerio Público Fiscal asistieron el fiscal Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlín. Como parte querellante, además de las dos abogadas antes citadas, estaban presentes las letradas Luisina Gallo y Verónica Bogliano, en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y Pablo Llonto en representación de las familias Rave y Urrera.
La orfandad de la era Milei
La gran ausencia política la marcó el Gobierno Nacional. Por primera vez en dos décadas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (degradada a Subsecretaría por la gestión de Javier Milei) no se presentó como querellante. Este retiro efectivo del Estado nacional de los juicios de lesa humanidad confirma el giro negacionista de la Casa Rosada y deja la carga del impulso procesal en manos de la Subsecretaría provincial y los organismos de derechos humanos.
La próxima audiencia se desarrollará en la sala de audiencias de la Cámara Federal de La Plata, en calles 8 y 50, el miércoles 4 de marzo. Se puede ver en directo por los canales de Youtube del Poder Judicial; por la página web del Centro de Información Judicial (CIJ); y por el canal de La Retaguardia TV.
