El juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó esa medida para la vicepresidenta y otros 200 exfuncionarios y empresarios.
La resolución fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de un expediente en el cual su antecesor al frente del juzgado 11, el fallecido Claudio Bonadio, primero había procesado a los imputados. Esa decisión luego fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó seguir investigando.
La maniobra investigada tenía que ver con el otorgamiento de subsidios al gasoil para empresas de colectivos: lo que se buscó determinar es si el sistema implementado facilitó que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, por ende, se entregaran subsidios superiores a los correspondientes.
Para Bonadio, la supuesta defraudación se había prolongado desde julio de 2003 hasta marzo de 2014, cuando se instalaron GPS en los colectivos y había sido por un monto superior a los 609.000 millones de pesos.
Para Martínez de Giorgi, esa supuesta defraudación no pudo ser probada porque, por ejemplo, no fue posible demostrar las supuestas diferencias entre los kilómetros recorridos por los colectivos y los reportados –por declaración jurada- para percibir los subsidios.
La investigación se topó con un escollo: “la imposibilidad de realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados”En un fallo de más de 200 páginas, el magistrado sostuvo que la investigación se topó con un escollo insalvable que lo llevaba a disponer el sobreseimiento de los imputados: “la imposibilidad de realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados”.
Los sobreseimientos dispuestos por el juez Martínez de Giorgi alcanzaron también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y Alejandro Ramos, además de a más de dos centenares de empresarios del transporte.
De Vido y Schiavi, sin embargo, continuarán siendo investigados junto al exinterventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Antonio Sícaro, y a los empresarios Oscar Strano y Ricardo Díaz por el caso de la empresa Transporte Interprovincial Rosarina (TIRSA), que durante el período comprendido entre mayo de 2010 y noviembre de recibió cupos de gasoil a precio diferencial sin prestar servicios.
Cuando la expresidenta fue citada a indagatoria por este expediente, cuestionó el trámite de la causa, señaló que las irregularidades investigadas resultaban ajenas a su competencia como presidente de la nación y recordó que había sido su propio gobierno el que instaló los GPS en los colectivos.
Tras analizar los elementos incorporados al expediente, y avanzar en la dirección encomendada por la Cámara Federal porteña que, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi había ordenado profundizar la investigación y realizar una nueva pericia, el juez Martínez de Giorgi determinó que correspondía dictar los sobreseimientos.
“Si la AGN (Auditoría General de la Nación) y la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) enfrentaron las dificultades detalladas en sus informes ya reseñados y terminaron aludiendo a las complejidades de los sistemas y los problemas para su control, no parece posible encontrar organismo o especialista alguno que pueda superar sus trabajos”, sostuvo el juez al explicar que no le quedaba otro peritaje posible por realizar.
“En tales condiciones, luego de más de seis años de instrucción y sin medidas útiles por producir, las consideraciones efectuadas en los párrafos precedentes conducen indefectiblemente a los sobreseimientos de los imputados”, concluyó.
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