Ser protagonista de uno de los escándalos de los casos de corrupción más burdos de la historia reciente tiene sus consecuencias. A Diego Spagnuolo le costó su cargo como titular de la ahora desaparecida Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la relación que tanto valoraba y ostentaba con el presidente Javier Milei, entre otras cosas. Pero a casi cinco meses de la aparición de los audios que se le atribuyen, donde se lo escucha narrar una parte del aparente entramado de sobreprecios en medicamentos para personas con discapacidad, volvió a trabajar como abogado privado y busca reorganizar su vida.

Hasta el 20 de agosto pasado, Spagnuolo era un hombre bastante cercano al presidente. No sólo tenía un poder para representarlo en sus causas judiciales -como reveló Tiempo– sino que era habitué de los convites de domingo en la Quinta de Olivos donde sonaba ópera y el mandatario se relajaba. Pero con los audios revelados por Carnaval Stream, ese castillo de naipes se derrumbó por completo: fue despedido de su cargo como director ejecutivo de la ANDIS, quedó imputado por la Justicia y no le quedó otra que optar por el perfil bajo, lejano incluso a sus reiteradas muestras de apoyo al presidente en las redes sociales.

A su vez, fuentes cercanas a Milei le dijeron a Tiempo que hace algunos días el presidente le mandó una carta documento para notificarle que fue revocado el poder que lo facultaba a actuar como su abogado.

Rumbo laboral

Para Spagnuolo, las primeras semanas post escándalo fueron de completa tensión y desconfianza. Al punto que varias veces cambió de abogados hasta que logró sentirse cómodo bajo el ala del mediático Mauricio D’Alessandro y de otro abogado llamado Pablo Parera. Poco a poco, ese panorama comenzó a mejorar al punto que Spagnuolo volvió a trabajar como abogado, según confiaron a Tiempo sus allegados.

El exfuncionario nunca fue conocido por trabajar con casos de alcance mediático, salvo por las primeras denuncias contra periodistas en las que patrocinó a un Milei todavía diputado. “Es un abogado del conurbano, de los que trabajan con accidentes de tránsito y temas similares”, describió alguien que mantiene contacto periódico con él.

Las intenciones de Spagnuolo de reordenar su vida y de volver a trabajar ya impactaron en la Justicia. Es que en los últimos días su defensa presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello para que lo dejen volver a tener el control de sus cuentas bancarias, congeladas por orden judicial desde los albores de la causa por presunta estafa, asociación ilícita y negociaciones incompatibles, entre otros delitos.

Ese pedido, dijeron fuentes judiciales a Tiempo, fue girado al fiscal Franco Picardi para que dictamine. Si bien el juez tendrá la palabra decisiva, la Fiscalía viene de endilgarle a Spagnuolo “haber permitido, consentido y supervisado” el direccionamiento ilegal de compulsas de precios en favor de un puñado de droguerías que se habrían quedado con sumas millonarias pagadas por el Estado, en detrimento de las arcas públicas y de personas con discapacidad.

Mientras tanto, Spagnuolo pasa sus días en su casa del country Altos del Campo Grande de Pilar. Ha salido a tomar café y hasta habría comprado regalos navideños en Palermo para no llegar con las manos vacías a la cena de Nochebuena que organizaron allegados del barrio cerrado con los que tiene un vínculo de amistad. Además, hace varios meses que está en pareja.

Qué espera de la causa

Quienes tienen contacto con él sostienen que está al tanto de los pormenores de la causa judicial que lo tiene imputado junto con otros exfuncionarios de la ANDIS y empresarios ligados a las droguerías que habrían sacado una tajada económica importante producto de su influencia en el organismo. Mantiene contacto periódico con sus abogados y sabe que está al caer una definición de Casanello sobre su situación procesal.

Tras las indagatorias, el magistrado debe definir si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de los imputados. Spagnuolo se negó a declarar, pero presentó un descargo en el que manifestó que el esquema descrito por el fiscal en su dictamen de principios de noviembre no pudo haber ocurrido bajo su responsabilidad porque intervinieron sectores de la ANDIS que, por diseño institucional del organismo, no estaban bajo su órbita. Apuntó a su entonces segundo, Daniel María Garbellini.

Sobre esa base es que cree, junto con sus abogados, que el juez debería dictarle la falta de mérito, ya que no hay, según dicen, ningún elemento que permita achacarle responsabilidad. Como un punto intermedio entre el sobreseimiento y el procesamiento, esa figura también reconoce que no hay elementos que permitan desligarlo de la investigación.

Sus abogados sostienen que para que lo procesen debería haber pruebas de que le dio acceso al sistema informático de ANDIS a personas que no deberían haberlo tenido o de que dio una orden para agregar o sacar a una droguería de una compulsa de precios por medicamentos o insumos. Con énfasis sostienen que eso no está en el expediente.

De todos modos, el que tendrá la última palabra es Casanello, que tiene que valorar, entre otros elementos, el episodio de los 5 millones de pesos que habría recibido de parte de Miguel Calvete, sindicato como jefe paraestatal de ANDIS y articulador del esquema de manipulación de compulsas de precios que descubrió el fiscal. El juez tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal de las personas imputadas. Como arrancó la feria judicial de enero, las novedades quedarán para febrero.  «