Superricos y tramposos: sus cuentas offshore crecen mucho más de lo imaginable

La magnitud de la riqueza offshore no declarada supera todo lo imaginable. Así lo advirtió la organización Oxfam a principios de mes, cuando recordó los diez años de la divulgación de los llamados Panamá Papers. La red internacional, una de las que destapó la olla que liberó el asqueante olor emanado de las cuentas ocultas de los superricos, y casi como un S.O.S desesperado, proclama ahora que “se necesita con urgencia una acción internacional coordinada para acabar con el abuso de los paraísos fiscales”. Lo hace tras cuantificar en 3,55 billones (millones de millones) de dólares el total de los capitales fugados a cuentas y estructuras financieras que están fuera de la jurisdicción tributaria de cualquier Estado. La cifra duplica el total del PBI de los 44 países con menores ingresos del planeta.

Lo cierto es que pasaron diez años, se multiplicaron las denuncias y el mapa no cambió. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Cuando en 2016 se publicaron los Panamá Papers, la filtración expuesta en los casi 12 millones de documentos publicados describió los mecanismos que los grandes capitales usaban para trasladar activos a jurisdicciones con escasa o nula tributación. Diez años después Oxfam concluye que esas estructuras no se desmantelaron, por el contrario, se ampliaron y perfeccionaron: “Los superricos siguen valiéndose del entramado de los paraísos fiscales para evadir impuestos, ocultando activos no declarados”.

Según Christian Hallum, un especialista en justicia fiscal de Oxfam, “no se trata sólo de sofisticados mecanismos de ingeniería contable, hablamos de poder e impunidad. Cuando los millonarios o multimillonarios esconden sus billones de dólares en paraísos fiscales, eligen pararse fuera del sistema y por encima de las obligaciones que imperan para el resto de la sociedad”. El informe se divulga cuando las condiciones políticas de la economía norteamericana operan contra las reformas aconsejables (ver aparte). Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se redujeron los impuestos a los grandes patrimonios, se bloquearon los avances en cooperación fiscal internacional para las grandes corporaciones y se limitaron los mecanismos de control sobre el poder monopólico.

El informe se adentra en aspectos políticos de gran trascendencia. Habla de las condiciones peligrosas que se han generado para la institucionalidad democrática y delata una tendencia preocupante a la concentración de medios y plataformas. Precisa que “más de la mitad de las principales empresas periodísticas del mundo y la totalidad de las grandes redes sociales están bajo control de milmillonarios”. Oxfam se detiene en los más emblemáticos de cada área: la compra y “limpieza” de personal del The Washington Post por Jeff Bezos; la absorción de Twitter por parte de Elon Musk; el pasaje del paquete accionario de Los Angeles Times al sudafricano Patrick Soon-Shiong (en la transacción entraron además el The San Diego Union-Tribune y el equipo de básquet Los Angeles Lakers) y la compra de la mayor parte del The Economist por un consorcio..

Estados Unidos es, desde siempre, el país que con su sistema financiero, legislación y peso económico más contribuye a que los superricos oculten su riqueza. Según la Red para la Justicia Fiscal, las facilidades que da la economía todavía más grande del mundo para encubrir activos, duplican a las de Suiza. De alguna manera, la provisión de servicios de secreto financiero, como los usados por los oligarcas rusos, va encontrando trabas, pero EE UU, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia –cinco de las grandes economías del G-7– son responsables de frenar estos avances en más de la mitad. Cuando incursiona en estos asuntos, la red siempre recuerda que la riqueza oculta equivale a casi tres veces el valor de todos los billetes y monedas de dólares y euros que circulan hoy en todo el mundo.

Ya en enero pasado Oxfam había hablado de un grosero aceleramiento de la concentración de la riqueza, y reveló que en 2025 el acumulado de los grandes milmillonarios había crecido tres veces más rápido que en los cinco años previos, a un ritmo verdaderamente pornográfico. Un trabajador promedio de América Latina necesitaría 102 años para ganar lo que un milmillonario gana en un sólo día. El dato mostró que los milmillonarios no crean empleo, no es ese su negocio, que la proclama del “derrame” es una inmoralidad más, propia del discurso neoliberal ahora disfrazado bajo el rótulo de “libertario”.

Lejos de crear empleo y participar del desarrollo de las sociedades que los ven crecer, los superricos se abocan a una competencia de ostentación en la que sus víctimas son el 99% de los seres humanos. Una investigación de la norteamericana University of New Mexico cita algunos ejemplos. Pagan 55 millones por un reloj de Graff Diamonds Hallucination, un mamarracho de 110 quilates de diamantes de colores raros montados sobre platino; 30 millones por un Rolls-Royce la Rose Noire; 450 millones para tener una obra patrimonio de la Humanidad, como el Salvador Mundi de Da Vinci; 4800 millones por el yate History Supreme revestido con 100 mil kilos de oro y platino o 230 mil por una noche en una habitación submarina de un hotel del Caribe.

El copamiento global de los medios de comunicación y las plataformas digitales –que se verifica igualmente a los niveles nacionales– se repite en todos los ámbitos. Oxfam hace una lectura política del tema y observa que la brecha entre los superricos y el resto de las sociedades se amplía cada vez más y genera también una brecha socioeconómica enormemente peligrosa. El informe destaca que tanto los hechos como la percepción ciudadana permiten sostener que los milmillonarios tienen 4000 veces más posibilidades que un ciudadano común de ocupar cargos públicos de relevancia. Un sondeo realizado en 66 países reveló que casi la mitad de los encuestados asegura que los más ricos compran los resultados electorales, una forma de comprar las instituciones y jibarizar la democracia.

Amigos son los amigos

Con Donald Trump “EE UU  se consolidó como uno de los mayores paraísos fiscales del mundo, caracterizado por una alta opacidad financiera, rígido secreto bancaria y generosas exenciones impositivas para no residentes –especialmente bajo estructuras tipo fideicomiso– en estados como Dakota del Sur, Delaware, Wyoming, Alaska y Nevada. Los estudiosos muestran que la desregulación, la negativa a compartir información financiera y el blindaje de activos, operan como un refugio, atrayendo capitales extranjeros que encuentran aquí una cueva protectora”. Esto lo escribió en abril del año pasado el Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz en www.project-syndicate.org, una red de 506 medios de 156 países. Hoy, Oxfam lo comparte y el gobierno sigue callando.

Stiglitz se explica. Basta con observar la orden del Departamento del Tesoro de retirarse del régimen de transparencia que comparte las identidades reales de los titulares de empresas y de las negociaciones orientadas a establecer un convenio sobre cooperación tributaria internacional en el marco de la ONU; la reticencia a aplicar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la gigantesca desregulación que rige para las criptomonedas. Según el Nobel, tal paquete “parece parte de una estrategia para socavar 250 años de salvaguardias institucionales. Trump violó tratados internacionales, ignoró conflictos de intereses, desmanteló controles y equilibrios y confiscó fondos asignados por el Congreso”, resumió. La Casa Blanca no debate políticas, pisotea el estado de derecho.

A Trump le encantan los aranceles. Se imagina que los extranjeros pagan la factura, dando su dinero para reducir impuestos a los multimillonarios. En un mundo en el que el capital y los ricos cruzan libremente las fronteras, la cooperación internacional es la única forma de que los gobiernos aseguren que las multinacionales y los ultrarricos tributen de forma justa. En este contexto, interrumpir la puesta en marcha del acopio de datos sobre propietarios reales, tolerar los mercados de criptomonedas que favorecen el anonimato y abandonar el proceso para concluir una nueva convención fiscal revelan un patrón deliberado: desmontar los marcos multilaterales destinados a combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.