La Patagonia vive días de emergencia ante las llamas. El epicentro es Chubut, donde el incendio forestal que sufren las localidades de El Hoyo y Epuyén dejó en evidencia como nunca antes la enorme brecha existente entre los gobiernos nacional y provincial. Ambos abdicaron de su rol preventivo y protector de la sociedad para centrarse en lo punitivo y represor, frente una sociedad civil organizada en tramas solidarias para cubrir el vacío gubernamental, salir en defensa de su territorio agraviado y proteger a los vecinos brigadistas que le ponen el cuerpo a las llamas. El Estado policial contra la comunidad organizada.
El fuego que estalló en la tarde del lunes 5 en el balneario de Puerto Patriada, en El Hoyo, ya consumió más de seis mil hectáreas de bosque, produjo un daño ambiental incalculable y carbonizó al menos una veintena de viviendas, cultivos y acopios, mientras se acerca peligrosamente a producir un colapso energético. También mató a miles de ejemplares de una fauna silvestre de la más diversa del país que habitaban en la biodiversidad del Cerro Pirque, hoy reducido a un desierto de cenizas.
El panorama se agravó en las últimas horas cuando las llamas bajaron del cerro y cruzaron el río Epuyén en los parajes El Pedregoso y Las Pataguas. Vecinos y brigadistas voluntarios aún defendían anoche sus chacras, con asistencia de aviones que mojaban el suelo sin contener las llamas. Más al sur, el fuego consumía bosques de pino y seguía su marcha hacia la subestación eléctrica que abastece la Cordillera. En El Pedregoso están la escuela 81 y la escuela técnica comarcal. El fuego ya está ahí. “En cualquier momento baja sobre nosotros, ya está en la escuela y se nos viene para acá”, advertía el viernes desde su terreno Matías Vergé, microproductor de frambuesas, y docente de la técnica. El sábado ya debió ponerse a defender su casa con manguera y motobomba.
Desde el minuto uno, la Casa Rosada y el gobernador Ignacio Torres impusieron frente a los incendios un discurso punitivo y amenazante, centrado en un difuso enemigo público malvado, externo, al que presentan como un agresor al acecho. Construyen el debate público sobre la violencia para evitar que la conversación se instale en el desfinanciamiento y su negligencia por la falta de prevención. A pesar de que los fuegos ya no son novedad.
“Va a haber definitivamente una medida ejemplificadora. No le vamos a dar el gusto a estos violentos”, declamó Torres apenas iniciado el fuego. Dos días más tarde, abundó: “Vamos a hacer que los responsables paguen como tienen que pagar; son los mismos violentos de siempre”. El ministro del Interior, Diego Santilli, aportó: “Tolerancia cero a estos criminales que atentan contra la naturaleza, la propiedad privada y la vida de los seres humanos. Hay que ir a fondo”.
A las 48 horas, en un comunicado desde Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de Nación instaló el nombre de su enemigo favorito de la Patagonia: “En la zona se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches con antecedentes de atentados contra la propiedad privada bajo la modalidad de terrorismo ambiental”. El show del punitivismo oculta el vaciamiento de todos los organismos vinculados a la protección ambiental. El gobierno nacional redujo de 700 a 450 la cantidad de brigadistas, quienes a su vez perciben un salario de 850 mil pesos bajo contratos basura de tres meses.
Todos los fuegos el fuego
En el centro está el ajuste y la falta de fondos para prevención y acción. Degradada de Ministerio a Subsecretaría, el área de Ambiente tendrá en 2026 un presupuesto del 33,8% menor a 2025, y será un 80% más bajo en términos nominales que el de 2023, según relevó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En 2026, los recursos del Fondo Nacional de Bosques Nativos serán 28 veces menos de lo que exige la ley 26.331: recibirá el 0,0107% del presupuesto, cuando debería ser del 0,3%. Este año, además, habrá sólo 23 planes de protección de bosques, tras un 2025 y 2024 sin ninguno y cuando en 2023 existieron 2000 planes protectivos.
Los datos del FARN cuantificaron también que el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SMNF), ahora rebautizado AFE, recibirá este año 20.131 millones de pesos, un 53,6% menos que en 2025 y por debajo del 70% respecto de 2023. Más que un desfinanciamiento y una destrucción del Estado, se trata de un llamado a la quema de los bosques nativos de la Cordillera. Una política de gentrificación que también se evidencia en que, en el régimen de La Libertad Avanza, el manejo del fuego pasó del degradado Ministerio de Ambiente al de Seguridad. Reprimir en lugar de prevenir.
Un informe de Greenpeace reveló que Chubut representa el 56% de la pérdida del bosque andino. Según datos oficiales del gobierno nacional, solo en un año se cuadruplicó la superficie de bosque nativo quemado: de 7747 hectáreas entre octubre y marzo de la temporada 23/24, a 31.722 en igual período de 2024/25.
Frente a este panorama que conoce bien, Torres igual decidió bloquear desde marzo de 2024 más de 600 mil dólares enviados por organismos internacionales para la prevención de incendios forestales, justamente, en El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo; hoy quemados. Esos fondos integran una partida de 3,5 millones también retenidos para el resto de las provincias patagónicas. Lejos de brindar respuestas, y protegido por medios que encubren sus actos, Torres reaccionó con violencia cuando se conoció esa información, atacó con mentiras a Tiempo y volvió con falacias para argumentar que el dinero sí había llegado a destino.
La comunidad organizada
La violencia con que los gobiernos responden a la realidad de los incendios contrasta con la solidaridad que brota de las organizaciones sociales, culturales, sindicales, barriales, rurales y de género de toda la Comarca Andina, que frente a la tragedia se convierten en un cuerpo articulado que funciona con un sólo espíritu.
En la lucha contra el incendio trabajaban ayer unos 450 brigadistas nacionales y provinciales de todo el país. Junto con ellos combate las llamas una cantidad mucho mayor de los infaltables brigadistas voluntarios, además de vecinos y vecinas que aportan vehículos que se dañan significativamente, ponen el dinero que no tienen para comprar combustible, aceite y repuestos para motosierras y motobombas.
En lugares como el Centro Cultural Galeano y el Centro Integrador Comunitario (CIC), de El Bolsón; en La Vecinal del Paraje Entre Ríos y el Centro Cultural Keukén Aonikenk, de Lago Puelo, o el Antu Quillen y el Lihuen de Epuyén, entre muchos otros, decenas de personas preparan cada jornada las viandas y las botellas de agua que alimentan e hidratan a los brigadistas voluntarios. Organizaciones como el sindicato docente Unter, o afiliados de ATE y CTA se suman a las colectas que sirven para financiar compras.
Los medios de comunicación comunitarios se vuelven claves para cumplir el rol de horizontalizar las voces y circular la información en medio de la tragedia, como Radio Fogón, de El Hoyo; La Continua y Alas, de El Bolsón. La comunidad organizada que se pone en marcha en defensa de sí misma: su propia tarea es la constatación más notoria de que, frente al incendio, el Estado se corre y deja suceder la tragedia que permitió ocurrir. «
Sin manejo
Más de 20 organizaciones sociales y ambientales emitieron un informe dando cuenta de cómo «la inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia». El mayor ejemplo es el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
Durante 2024 el gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto asignado a esta área, a pesar de haber sido el año con la mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos ocho años.
En 2025, la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados: casi $ 20.000 millones.
En el presupuesto 2026 el SNMF sufre una caída real del 69% de sus fondos con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025.
Ignacio Torres y los carteles «amenazantes»
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, inauguró temprano este año su temporada de papelones estivales, cuando ordenó el despliegue en Epuyén de fuerzas especiales de la policía provincial “para garantizar la paz”, ante la aparición de varios “artefactos explosivos” y “carteles amenazantes”. Proclamó: “Tolerancia cero. No permitiremos intimidaciones contra la comunidad”.
El acontecimiento fue motivo de burlas en el pueblo. Los “artefactos explosivos” no eran otra cosa que viejas y oxidadas granadas FMK2 de 1988 sin espoleta detonante y que, recuerdan los memoriosos, se hundieron en 1993 en el naufragio de una lancha de Gendarmería Nacional. Cada tanto aparecen algunas en la costa, y algunos sitios de prensa local arman un escandalete amarillo.
Acompañados por la «A» del anarquismo, los “carteles amenazantes” decían: “Te va a explotar” (foto ab.). En realidad son pintadas que llevan años en piedras y maderas callejeras y refieren a la vieja canción homónima del grupo Acid Punk.
El gobernador desplegó sus fuerzas especiales en Epuyén justo el día en que en el El Hoyo estalló el incendio, y tal vez sólo por casualidad lo encontró con parte de su gabinete reunido en la Subcentral de la Brigada de Manejo del Fuego de Las Golondrinas, cerca de Puerto Patriada, construida con aportes de la Embajada de Estados Unidos. Cerca de allí, llamaba la atención un pequeño avión de esa Embajada que repostaba en el aeródromo de El Bolsón.
Fuego en el PN Los Alerces: «No son conscientes»
Iniciado hace 40 días por un rayo, el incendio que ya quemó más de 500 hectáreas de bosque nativo del Lago Menéndez en el Parque Nacional Los Alerces desató un conflicto entre las autoridades y los habitantes del Parque, que exigen su renuncia. Enfrentado por sólo un puñado de brigadistas, el fuego está fuera de control y hace temer por la integridad del alerzal milenario donde se encuentra “El Abuelo”, un alerce de 2600 años.
Esta semana, la Asociación de Pobladores Rurales de Los Alerces exigió la renuncia de las autoridades en una carta que enviaron al directorio de la Administración de PN. Piden echar al intendente Danilo Hernández Otaño y la jefa de guardaparques, María Laura Fenoglio, entre otros. Acusan a los directivos locales de mal desempeño en el incendio y los responsabilizan por “la destrucción de enormes e invaluables superficies de bosques nativos, infraestructura y vivienda”. Y que «no son conscientes del valor del bien natural que se encuentra bajo su custodia».
