El bolsillo de los trabajadores argentinos enfrentará una presión renovada a partir de la próxima semana, cuando entre en vigencia un esquema de incrementos escalonados que impactará directamente en servicios esenciales, desde el transporte público hasta la salud privada. En un contexto de ajuste constante de los costos fijos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó que las tarifas de colectivos y subtes sufrirán una actualización inmediata del 4,8 por ciento. Esta subida inaugura un mecanismo de indexación mensual que se calculará mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec con un recargo adicional del 2%, una fórmula que asegura que el costo del transporte se mantenga por encima de la inflación general.
Bajo este nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de colectivo para las 31 líneas que operan exclusivamente en territorio porteño pasará a costar $ 650,11 para aquellos usuarios que posean la tarjeta SUBE debidamente registrada. Por su parte, el pasaje de subte experimentará un salto significativo hasta alcanzar los $ 1320, una cifra que el Ejecutivo local justifica bajo el argumento de una suba del 84,85% en los costos operativos del servicio. Sin embargo, el impacto sobre el salario real no se detiene en el transporte. Según datos de la Agencia Noticias Argentinas, los servicios de red también se suman a la tendencia alcista: los usuarios de AySA en el AMBA recibirán facturas con un incremento del 4%, situando la boleta promedio en torno a los $ 26.899, mientras que un hogar de zona alta deberá destinar al menos $ 31.709 mensuales solo para cubrir agua y cloacas.
En el ámbito de la vivienda y la salud, el escenario de «tarifazo» generalizado no da tregua. Los inquilinos que todavía se rigen por contratos bajo la derogada Ley de Alquileres percibirán en febrero una suba del 34,6% por el Índice de Contratos de Locación (ICL). Aunque el porcentaje muestra una desaceleración nominal frente a meses anteriores, representa un peso determinante sobre ingresos que no acompañan la misma velocidad de ajuste. A esto se añade el rubro sanitario, donde las empresas de medicina prepaga ya han comenzado a notificar a sus afiliados incrementos promedio del 2,8% en sus cuotas.
De este modo, febrero se perfila como un mes crítico para la economía doméstica, donde la sostenibilidad de los servicios se garantiza a costa de una reducción sistemática en la capacidad de consumo y ahorro de las familias argentinas.
