El Grupo Techint evalúa denunciar como caso de dumping la licitación de tubos para el transporte de gas del yacimiento de Vaca Muerta que ganó la compañía de origen indio Welspun.
Fuentes del conglomerado que lidera el empresario Paolo Rocca argumentaron que el objetivo de la presentación es “evitar el daño a la producción y el empleo asociado” dentro del país. La compañía TenarisSiat, que produce los tubos sin costura, integra el holding, emplea a unas 420 personas en forma directa y aproximadamente otras 1600 dependen de su producción indirectamente.
A la licitación del consorcio Southern Energy para la provisión de caños para el gasoducto de 480 kilómetros, que trasladará gas natural entre Vaca Muerta, Neuquén, y el puerto de San Antonio Oeste, Río Negro, se presentaron 15 oferentes de Argentina, la India, China, España, México y Japón, entre otros países.
El consorcio eligió como ganadora a la india Welspun, que presentó una propuesta por U$S 203 millones, aparentemente un 40% más barata que la que presentó Techint.
Desde la empresa de Rocca plantearon que “en condiciones de competencia leal, la oferta de Tenaris para el proyecto de FLNG de Southern Energy es competitiva con el precio internacional” y remarcaron que la diferencia del 40% en relación con la que resultó ganadora “es falsa”.
La empresa no difundió el monto de su oferta. Una versión indica que habría sido U$S 90 millones más elevada que la de la firma india.
Según fuentes relacionadas a Techint, tras la realización de la oferta “de tubos indios fabricados con chapa china”, Tenaris intentó una maniobra para dar vuelta la situación y ofreció, en una carta enviada al directorio del SESA (Southern Energy Sociedad Anónima) “igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa”, para no perder la operación de largo plazo.
Según se pudo saber, la carta argumentó que este negocio en especial representa el 60% del mercado interno de tubería.
Las fuentes criticaron que lo resuelto va a contramano del RIGI, Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, impulsado por el gobierno libertario, que se planteó como un instrumento para fomentar el desarrollo de las cadenas productivas nacionales asociadas a los proyectos de inversiones.
Con el resultado de la licitación, suma el argumento, el Estado resigna ingresos fiscales y financia el trabajo de la India y de China.
El lobby de Techint no pudo revertir la situación y la empresa salió a difundir que estudia la denuncia por el posible caso de dumping.
En el medio hubo cruces varios con el presidente de la Nación, Javier Milei, y con su ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, quienes defendieron la licitación en clave tribunera, a través de redes sociales.
El ministro salió rápidamente el lunes con la versión de que Techint “ofreció los caños un 40% más caros”, argumento que la empresa rechazó este martes: “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, agregó el titular de Modernización.
Milei, por su parte, apuntó contra Rocca a quién llamó “Don Chatarrín de los tubitos caros”. La burla todavía no obtuvo respuesta y posiblemente nunca la motive.
Por lo pronto, la relación de Rocca con el gobierno nacional es bastante estrecha. Como integrante de las asociaciones de empresarios más importantes del país, el directivo saludó el ascenso de Milei al poder y el programa de ajuste que la Casa Rosada viene aplicando desde diciembre de 2023 con un impacto social e industrial devastador.
Techint puso funcionarios clave en la estructura del gobierno, como Julio Cordero, un abogado con larga trayectoria en el grupo quien pasó a oficiar como secretario de Trabajo.
En los últimos meses, Rocca elogió los proyectos de grandes reformas estructurales, laboral y tributaria, que el Ejecutivo nacional planea concretar en el Congreso Nacional a partir del mes que viene.
Dentro de su campo de operaciones específico, esa posición y la influencia del referente ítalo-argentino en la Unión Industrial Argentina (UIA) es objeto de críticas de vastos sectores, especialmente de las pymes que penan por la apertura comercial irrestricta y demás condicionamientos que les impone el modelo libertario sin posibilidad de diálogo institucional.
