Según lo dispuesto hasta el momento por las autoridades de Télam, a las 0 horas del lunes los trabajadores de prensa de la agencia deberían retomar sus tareas habituales.
Es que, según la información girada por circular interna a todos los empleados, el interventor de la agencia nacional, Diego Chaher, estableció una dispensa de tomar servicios a los trabajadores por un período de siete días durante los cuales, se descontaba, el gobierno y las autoridades de los medios públicos definirían y darían a conocer el plan oficial sobre el destino de la agencia y de sus trabajadores.
Impasse e incertidumbre
Sin embargo, al cierre de esta edición y a horas del cumplimiento del plazo establecido, nada de eso tomó estado público ni fue informado a los delegados gremiales. Así las cosas, lo que prima entre los trabajadores que mantienen el acampe en la puerta de la redacción es la incertidumbre.
Lo único que se conoce al momento es la “voluntad política” del gobierno de cerrar a la agencia, tal como lo anunció el presidente Javier Milei en su discurso de inauguración de las sesiones del Congreso, el viernes 1 de marzo. Sin embargo, para eso, debería contar con herramientas legales y legislativas de las que, por el momento, carece. La vigencia de los DNU 70/23 y 117/24 resultan insuficientes para ese objetivo en tanto, a priori, habilitan el camino para la eventual privatización de los medios públicos, pero no su cierre.
El artículo 48 del DNU 70/23 establece que “las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas” y, por lo tanto, “estarán sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la Ley General de Sociedades”.
El DNU 117/24 nombró los interventores en reemplazo del directorio a quienes les confirió la potestad de “elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades» que incluye la “designación y remoción de funcionarios y personal”, así como disponer una auditoría de los mismos que incluya una revisión de las compras y contrataciones de los diferentes medios públicos.
De este modo, el alcance de la cuestionada pero vigente normativa no habilita al cierre unilateral de Télam, creada por ley y que solo podría ser revertida por una norma equivalente. Es por ese motivo que, a seis días del vallado de la agencia y la dispensa de sus trabajadores, los interventores no han podido adelantar la estrategia adoptada y ni siquiera ampliar el período de la dispensa a sus trabajadores que, en todo caso, debería ser acompañada de alguna fundamentación o propósito.
En pie de lucha
Por su lado, los trabajadores se mantienen en estado de alerta y en lucha. Ya el primer día realizaron un abrazo multitudinario y en asamblea definieron la permanencia en la puerta de la redacción a través de un acampe que sostienen desde entonces a la espera de definiciones y reclamando el retiro de las vallas y la continuidad de su actividad periodística.
El sábado sostuvieron diferentes actividades entre las cuales se desarrolló un plenario abierto de la Multisectorial «la Patria no se vende». Hoy buscarán visualizar el conflicto con la participación de las familias de los trabajadores.
Agustín Lecchi, secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) señaló a Tiempo que “estamos junto a los trabajadores y trabajadoras de Télam desde el primer momento, acompañando esta lucha que es ejemplar para todo el gremio de prensa y toda la clase trabajadora”. El dirigente destacó que “hay mucha fortaleza y acumulación del conflicto gremial de 2018, cuando derrotamos más de 350 despidos. Un dato fundamental es el acompañamiento de todo el movimiento obrero, de la CGT, de las CTA y de una enorme cantidad de sectores de la clase trabajadora y de la sociedad en general, que manifestaron su solidaridad con la causa de Télam en redes sociales”.
Lecchi explicó que, ante el escenario de indefinición, “exigimos que saquen las vallas y den tareas a los trabajadores. Vinieron a provocarnos para que entremos en un conflicto físico y tanto Javier Milei como Patricia Bullrich plantearon que hay 100 barrabravas. Pero acá hay profesionales que quieren trabajar. Tienen el discurso de que somos ñoquis del kirchnerismo. No tenemos ningún problema con la identidad política de cada trabajador. Tanto en los medios públicos como en los privados hay compañeros que adscriben al kirchnerismo como al radicalismo, al trotskismo y a todas las tendencias políticas. Ese no puede ser un motivo para despedir, cerrar un medio o atacar la libertad de expresión. Es un argumento fascista muy peligroso. Buscan generar una profecía autocumplida. Como no encuentran a los ñoquis, los quieren generar ellos mandándonos a casa sin tareas y el sueldo pago”.
El lunes la intervención se habrá visto obligada a tomar una definición acerca de la estrategia de largo plazo o, al menos, sobre la continuidad o no de la dispensa. Los trabajadores tienen pautada una asamblea donde definirán los pasos a seguir. Para Lecchi “esta lucha se va a ganar junto con todas las luchas del pueblo, unificando el conflicto. Jefatura de Gabinete centraliza todas las empresas del Estado, que Milei pretende pasar a sociedades anónimas para luego reducir, liquidar o privatizar con el DNU 70/23, que rechazamos por inconstitucional. Hay que atacar la política de Jefatura de Gabinete que encarna (Nicolás) Posse, que es el responsable de un ajuste brutal sobre los trabajadores del Estado, sobre el patrimonio público, nuestra soberanía y, en particular, sobre los trabajadores de las empresas que son estratégicas”.
