Un informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires expone la dimensión del colapso social en curso: el 72% de los trabajadores argentinos, incluyendo a formales e informales, percibe menos de un millón de pesos mensuales, umbral muy por debajo de la Canasta Básica Total que supera los $1,2 millones. Esta cifra no es una abstracción, sino la radiografía de un país donde la mayoría de quienes trabajan son pobres, evidenciando el fracaso rotundo de las políticas económicas oficiales para preservar el poder adquisitivo.
La categoría del «trabajador pobre» ya no es un mal marginal, sino una norma estructural que atraviesa todo el mercado laboral. En el sector formal, el 58% de los asalariados no alcanza ese umbral crítico, y uno de cada cinco empleados con jornada completa de 40 horas vive en la pobreza. Entre los informales y los cuentapropistas de baja calificación, la situación es catastrófica, afectando a casi el 90% de ellos, demostrando que el problema es sistémico y no se corrige simplemente con un empleo en blanco.
Una economía contra los trabajadores
Este colapso no es casual, sino la consecuencia directa de un plan económico que priorizó el rigor fiscal sobre la protección social y los intereses de la fuerza laboral. Los investigadores identifican la «pobreza residencial» como un flagelo nuevo y masivo, generado por el encarecimiento descontrolado de alimentos y, sobre todo, por el tarifazo en servicios públicos. El peso del gasto en luz, gas y agua pasó de representar el 4% de un salario mediano a fines de 2023 a consumir el 11% en 2025, un golpe letal al bolsillo que anula cualquier posibilidad de ahorro.
La respuesta desesperada de la ciudadanía ante este escenario se refleja en el auge del pluriempleo, que ya alcanza al 12% de los ocupados. Esta estrategia de supervivencia, donde hasta los asalariados formales deben buscar ingresos adicionales, desnuda la insuficiencia de los salarios y la profundidad de la crisis. Lejos de ser un motor de movilidad social, el trabajo se ha convertido en una condena a una carrera exhaustiva para apenas mantenerse a flote.
Frente a este panorama, las prioridades del gobierno quedan al desnudo. Mientras se aplica un ajuste que castiga el consumo y los ingresos populares, el estudio de la UBA confirma que el modelo ha consolidado una Argentina donde trabajar ya no garantiza salir de la pobreza, sino, para la mayoría, solo administrarla. La economía, gestionada con una lógica de números fríos, ha producido una realidad social ardiente: un país de trabajadores que, a pesar de su esfuerzo, son sistemáticamente empobrecidos por las decisiones de quienes administran el presupuesto.
