Trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) convocaron a un abrazo en la sede central del organismo luego de que el Gobierno Nacional anunciara el cierre de la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, mientras que advirtieron una posible falta de “rigurosidad de controles” en productos y servicios.

Mediante la Resolución 213, publicada en el Boletín Oficial el último día hábil de 2025, la gestión del presidente Javier Milei ordenó dar de baja la dirección de dicha área a partir del 31 de enero, donde se desempeñan “más de 150 técnicos y profesionales encargados de realizar la verificación y certificación de los instrumentos de medición de todo el país”.

Desde las 10hs. empleados del INTI se manifestarán, en el edificio ubicado en General Paz 5445, en rechazo esta medida y aseguraron que la decisión tomada por el Gobierno Nacional, “les quitará a los usuarios la posibilidad de acudir a un ente público para verificar multas, productos o servicios”  ya que la falta de controles recaerá en los surtidores de combustible, las balanzas ubicadas en comercios y puertos, los radares con los que se realizan las multas por exceso de velocidad y los etilómetros con los que se mide la concentración de alcohol en sangre de los conductores.

Asimismo, sus trabajadores explicaron que el INTI también incluía, entre sus verificaciones, los medidores de agua potable y de energía eléctrica, los termómetros clínicos y los taxímetros.

“La potestad que tenía el INTI, de custodiar los patrones nacionales de medida y así poder afirmar que ‘un metro es un metro’, ‘un litro es un litro’ y ‘un kilogramo es un kilogramo’, le fue otorgada hace 22 años a través de un Decreto del Poder Ejecutivo como facultad indelegable por el nivel de conocimiento de su personal científico-técnico y porque al ser un organismo público de referencia internacional detenta el rol de tercero imparcial en las transacciones comerciales entre privados, entiendo por estos tanto a comerciantes como a usuarios”, indicaron.

Con la Resolución llevada a cabo por el Gobierno Nacional “se puso fin al área de Metrología” y dispone “la total transferencia del control de instrumentos de medición a laboratorios y organismos de certificación privados” acreditados por el Organismo de Argentino de Acreditación (OAA), que ya hacían esta tarea, “pero para quienes el INTI representa su principal competidor, ya que es el más elegido por las empresas y usuarios que fabrican y utilizan instrumentos de medición en todo el país”.

Según sus trabajadores, el nivel de satisfacción de los clientes con los servicios del INTI “se refleja en la cantidad de órdenes de trabajo abiertas cada año y en su facturación”, dos datos objetivos que desmienten las supuestas “demoras” y la pretendida “búsqueda de desburocratización” y “eliminación de trabas al comercio” que se expresan en los considerandos de la normativa que dispone el cierre del área.

“Vale mencionar que antes de estas medidas, verificar un alcoholímetro en el INTI le costaba a un municipio $140.000 y a partir de ahora le saldrá $1.200.000 verificar cada instrumento en un laboratorio privado. En este contexto, los profesionales del Instituto advierten que existen potenciales riesgos en la seguridad civil, ya que los gobiernos municipales podrían dejar de hacer dichos controles al no poder costearlos”, concluyeron.