Trabajadores denuncian persecución gremial, amenazas y aprietes en una distribuidora de San Justo

Se trata de un fuerte conflicto sindical en la distribuidora Los Primos que tiene varias sucursales en La Matanza, cuyos trabajadores piden mejoras en las condiciones laborales. Un delegado gremial denunció que mafiosos le prendieron fuego dos autos.

Decenas de trabajadores de la distribuidora Los Primos, que cuenta con varias sucursales en el partido de La Matanza, están en estado de asamblea permanente en reclamo de la regularización de sus actividades laborales. Indican que la patronal se niega a formalizarlos y, más grave aún, uno de los delegados denunció que tras una protesta le incendiaron sus dos coches.

“Me prendieron fuego dos coches en la puerta de mi casa, tuve amenazas de armas. Nuestro reclamo es justo. Estamos en pleno corazón de San Justo y no puede ser que la empresa no nos pague los aportes, no tenemos jubilación, obra social, nada”, explicó Guillermo Ocarranzo, delegado del Sindicato de Empleado y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste (SEOCA).

El referente sindical agregó también que en la sucursal de Juan Manuel de Rosas al 3400 hay una intensa “persecución gremial donde el que habla de sindicato es suspendido o despedido”.

El secretario gremial del SEOCA, Jorge Vega, precisó que el conflicto viene “desde el año pasado, cuando arrancamos una lucha permanente porque este es uno de los mayoristas que peor trata a nuestra gente. Tiene a todos en negro. Los dueños cuentan con muchos años de impunidad en los que hizo lo que quiso con los trabajadores”.

En dialogo con Tiempo, el abogado del gremio Javier Valenzuela expresó que “la empresa arrastra un nivel de conflictividad desde hace muchos años, evadiendo todo cumplimiento de las normas laborales” y describió que el empresario Sergio Sack sería quien está detrás del emporio aunque no figura en los papeles ya que “se crearon cuatro sociedades con razones sociales distintas vacías de contenido” por lo que desde el SEOCA sospechan que se trata de una estrategia para eludir todo tipo de obligaciones.

“Pudimos establecer que una de las empresas LP2012, tiene domicilio legal en Corrientes. Cuesta pensar cómo sigue funcionando porque un 90% de las transacciones son sin factura. Mantenemos diálogo con la municipalidad de La Matanza para ver si puede profundizar las inspecciones. Desde la comuna nos informaron que el año pasado clausuraron una nueva sucursal que había abierto en el distrito por no contar con autorización ni habilitación», añadió Valenzuela, al tiempo que reconoció que hace poco lograron poner un delegado en apenas una de las sucursales de la empresa, en referencia a Ocarranzo, y eso “generó una reacción desmedida por parte de la patronal”.

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