Alexia Abaigar permanece detenida desde el miércoles de la semana pasada por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, acusada por su supuesta participación en un escrache en la casa del diputado libertario José Luis Espert. Si bien el viernes la magistrada accedió a otorgarle la domiciliaria, en la semana entrante habría novedades vinculadas a su liberación.
La prisión preventiva dictada por la jueza de San Isidro fue apelada por la defensa a cargo del abogado Daniel Llermanos, y es por eso que la decisión está ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín. Es la Sala II, integrada por los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones, la que tiene en su poder la decisión respecto de si corresponde o no excarcelarla.
Por lo pronto le corrieron vista al fiscal de Cámara para que dictamine, y Tiempo pudo saber que ya el viernes los camaristas trabajaban en un proyecto de resolución con los fundamentos mediante los cuales se haría lugar al pedido de la defensa. En esa línea, ordenarían la inmediata liberación de Abaigar, justo al filo del vencimiento de los plazos.
Las fuentes consultadas por este medio enfatizaban que no hay razón para que la funcionaria esté detenida y que la búsqueda de los camaristas está centrada en ser lo más claros y concretos posibles en la presentación de sus argumentos. El eje rondaría en torno a la desproporcionalidad entre el hecho que le atribuyen y las medidas adoptadas por la Justicia Federal.
La detención de la funcionaria no solo sacudió a la política, sino que dio que hablar entre los integrantes del Poder Judicial. Varios veían con sorpresa la actuación de la jueza federal de San Isidro e incluso algunos que la ven con simpatía razonaban que había desproporción en su accionar.
Abaigar permanece detenida desde el miércoles pasado. Pasó varias horas en la Alcaidía de Tribunales y luego fue trasladada por orden de la jueza al Penal de Ezeiza, donde estuvo hasta hace dos días.
Abaigar, ya en su casa
El viernes, la jueza Arroyo Salgado ordenó su arresto domiciliario y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica. En una resolución de 24 carillas hizo una síntesis en la que explicó todos los pasos previos y pedidos de informes que ordenó antes de tomar esa determinación. El eje de la decisión es su delicado estado de salud producto de la enfermedad que padece, llamada linfangioleiomiomatosis.
«Es una enfermedad muy rara, la tienen cincuenta personas en el país. Es una enfermedad crónica que no tiene cura. (…) Me tengo que cuidar los pulmones, no puedo estar cerca de humo ni en lugares húmedos y todos los años me tengo que dar las vacunas contra el Covid y gripales», dijo Abaigar durante su declaración indagatoria.
Como se mencionó, la jueza analizó informes del Sanatorio Güemes y del Hospital Centrángolo, donde Abaigar se atendió varias veces y un dictamen del Cuerpo Médico Forense que determinó que si hubiera que comenzar con tratamiento inmunosupresor las condiciones carcelarias no serían las ideales para el tratamiento. La jueza hasta le pidió opinión a la querella de José Luis Espert, que se inclinó a favor de la domiciliaria. Sobre esa base decidió concederla «por razones de prudencia» y «a fin de prevenir una situación de perjuicio al estado de salud presentado por Alesia».
En ese marco, en la noche del viernes Abaigar fue trasladada por efectivos del Servicio Penitenciario Federal a su domicilio, donde cumple con la domiciliaria y las pautas impuestas por el Juzgado.
Curiosamente, la domiciliaria fue concedida unas horas después de que el senador Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley presentaran en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra Arroyo Salgado por mal desempeño de sus funciones. «La Sra. jueza federal está desplegando fuerzas de seguridad, recursos y tiene personas detenidas e incomunicadas en un complejo penitenciario federal en una investigación para saber quién puso un pasacalle y tiró excremento en una vereda», esgrimieron en la presentación.
Al cierre de esta edición trascendió que el Juzgado había ordenado la excarcelación de tres de las personas que fueron detenidas el miércoles. Se trata de Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes. Por el contrario, Arroyo Salgado se negó a liberar a la concejal del PJ de Quilmes, Eva Mieri. «
