La denuncia por el pago de sobreprecios en la Libia de Khadafi pone al primer ministro Justin Trudeau en el centro del conflicto. La crisis ya obligó a renunciar a dos ministros.
En enero pasado, el premier desplazó a su ministra de Justicia –que en ese país cumple tareas de jefa de los fiscales– al puesto de titular de la cartera de Veteranos. Una suerte de degradación que Jody Wilson-Raybould no toleró ni un mes.
Cronológicamente, cuatro días antes de dejar el escritorio en que se canalizan las demandas de los veteranos de guerra canadienses, el Globe and Mail, uno de los periódicos más prestigios de ese país, publicó que «fuentes del gobierno» habían asegurado que Wilson-Raybould había sufrido presiones para forzar a la Justicia a aceptar un acuerdo en el proceso contra SNC-Lavalin, una corporación de ingeniería y construcciones, por sobornos a funcionarios del gobierno del asesinado líder libio Muammar Khadafi, entre 2001 y 2011.
La «filtración» llevó a la renuncia de Puglass («Nacida de un noble pueblo», en lengua Kwak’wala) el nombre originario de Wilson-Raybould, cuatro días más tarde. A las 72 horas dio un portazo Gerald Butts, secretario privado, amigo desde la universidad de Trudeau y su mano derecha. El lunes pasado siguió el mismo sendero Jane Philpott, presidenta de la Junta del Tesoro, virtual ministra de Hacienda y muy amiga de la exprocuradora.
Luego de su dimisión tras la bomba lanzada por el diario de Toronto, Wilson-Raybould fue llamada a declarar ante el Comité de Justicia de la Cámara Baja del Parlamento federal. «Durante cuatro meses, de septiembre a diciembre de 2018, sufrí una presión consistente y sostenida de muchas personas del gobierno para conseguir que interfiriera políticamente en mi papel de fiscal general de Canadá en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de enjuiciamiento diferido para SNC-Lavalin», dijo Puglass.
Ese acuerdo permitiría que la firma pudiera acogerse a algún tipo de sanciones, como una eventual multa, para evitar un juicio penal que, de resultarle adverso, implicaría que no podrá participar en licitaciones de ninguna especie en Canadá por diez años. La constructora está acusada de haber pagado sobornos por 36 millones de dólares a funcionarios libios para lograr contratos de obras en esa nación norafricana.
Con sede en Quebec, el corazón del Partido Liberal de Trudeau, la compañía es sponsor de esa agrupación política. El argumento del primer ministro para haber apoyado una salida extrajudicial, según tuvo que reconocer estos días, fue que SNC-Lavalin garantizaba 9000 puestos de trabajo en la región francoparlante de Canadá. Un dato no menor cuando en octubre próximo se disputarán las elecciones generales.
«Estoy firmemente convencido de que aquí no sucedió nada más allá de las operaciones normales del gobierno», señaló el exasesor Butts, el ejecutor de las presiones contra la ministra de Justicia y su degradación posterior, en defensa de su amigo jefe de Estado. «Me voy porque no puede ni debe distraerse un momento del trabajo vital que el premier y su oficina están haciendo para todos los canadienses», adujo.
La renuncia de Philpot fue más explícita: «Debo cumplir con mis valores fundamentales, mis responsabilidades éticas, mis obligaciones constitucionales. Puede haber un costo por actuar de acuerdo con los principios que uno sostiene, pero hay un costo mayor por abandonarlos».
El Trudeaugate amenaza las aspiraciones de los liberales de mantener el gobierno federal en octubre. Ya en Quebec, el histórico bastión, perdieron los comicios en 2018 a manos de la Coalition Avenir Québec (Coalición para el Futuro de Quebec, en francés), partido de centro derecha. El líder de la oposición conservadora a nivel nacional, Andrew Scheer, apuró el pedido de renuncia del premier, de quien dijo que ya no tiene la «autoridad moral» para dirigir el país. «
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