El entrecruzamiento de llamados telefónicos entre los principales funcionarios y operadores del área judicial del gobierno de Cambiemos aportó un nuevo elemento de prueba a la denuncia de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa sobre la forma en que los ahogaron económica y financieramente, buscaron quedarse con el Grupo Indalo y, finalmente, los metieron presos bajo una acusación que se derrite como el hielo en verano en el juicio oral que se viene desarrollando desde hace dos años.

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (Dajudeco) entregó finalmente un informe de 365 páginas a la jueza María Servini, quien lleva adelante la investigación por la que hoy está prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor del expresidente Mauricio Macri.

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Rodríguez Simón aparece todo el tiempo en el informe. Es una suerte de pivot; en los gráficos que ilustran el documento su nombre parece un sol, puesto que de allí salen como rayos vinculaciones con decenas de otros personajes bajo investigación. 

El apellido Rodríguez Simón se hizo conocido apenas asumió Macri, cuando fueron designados por decreto dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

El reporte de la Dajudeco muestra que en los días previos y posteriores a la asunción de Macri se registraron 33 comunicaciones entre Rodríguez Simón y Rosatti y 16 con Rosenkrantz. Con el hoy presidente de la Corte Suprema el contacto siguió: hay otros dos reportes de contactos intensos y fluidos.

En febrero de 2016, en plena primavera macrista, Cristóbal López y su socio Federico de Achával se reunieron con Rodríguez Simón quien, según los empresarios, los “apretó”. En ese período, el asesor de Macri mantuvo 27 comunicaciones con Rosenkrantz y 32 con el ministro de Justicia, Germán Garavano, mientras que el titular de Vialidad Javier Iguacel se contactó 24 veces con el empresario y exautomovilista Orlando “Orly” Terranova.

¿Por qué es importante el apellido Terranova? Se trata de una familia mendocina históricamente relacionada con el expresidente Macri (Orly fue candidato a concejal en 2020) y con la explotación de la publicidad en la vía pública en la Capital Federal. Cuando las presiones a López y De Sousa eran fortísimas, Terranova apareció como uno de los posibles compradores “salvadores” del Grupo Indalo.

Para esa fecha se produjo otro episodio llamativo: el informe de la Dajudeco muestra que Rodríguez Simón inauguró con ocho comunicaciones una serie de constantes llamados al Hipódromo Argentino de Palermo SA, en manos de Cristóbal López. Esa situación se repitió en los meses posteriores. En marzo, por ejemplo, hubo al menos veinticuatro.

Federico de Achával declaró ante la jueza Servini que en junio de 2016, acompañado por López, se entrevistó con Rodríguez Simón y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en la Casa Rosada, “donde lo ‘presionaron’ para que abonara el impuesto a los ingresos brutos, caso contrario y si bajo esas condiciones la operación no le era redituable, convertirían el Hipódromo Argentino de Palermo en un ‘espacio verde’”.

Tal vez haya sido una casualidad, pero lo cierto es que el 14 de junio, la Agencia Gubernamental de Control realizó una sorpresiva inspección en el Hipódromo.

El informe de la Dajudeco está firmado por Juan Tomás Rodríguez Ponte, postulado para juez durante el gobierno de Macri. La información es engorrosa, críptica, y además hay anexos documentales que todavía las partes (por ejemplo, los abogados de López y De Sousa) no pudieron ver.

Entrecruza comunicaciones por telefonía fija y celular en los diez días anteriores y posteriores a 42 “hitos”, momentos relevantes para la investigación que lleva adelante Servini. Comienzan el 25 de octubre de 2015, la fecha de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con una reunión entre Macri y Cristóbal López. El último hito ocurrió el 9 de agosto de 2019, cuando en la autopista Ricchieri, en un extraño operativo, fue detenida momentáneamente Julieta Camaño, esposa de De Sousa, “por parte de personas que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal Argentina”.

Las líneas investigadas pertenecen a Macri, al asesor judicial José Torello, a Nicolás “Nicky” Caputo, a Rodríguez Simón, a Quintana, a Iguacel, a los extitulares de la Afip Alberto Abad y Leandro Cuccioli, a Martín Rappallini, a Terranova y a Ignacio Rosner, el empresario que en 2017 estuvo a nada de quedarse con el Grupo Indalo.

El informe de la Dajudeco solo muestra las comunicaciones, pero no su contenido. No podría hacerlo: los teléfonos no estaban intervenidos y no hay escuchas detrás de ningún árbol.

Como prueba, aislada, no parece mucho. Ahora viene una etapa de análisis, de poner cada comunicación en una línea de tiempo y sobre esa base obtener conclusiones.

Un dato relevante: el entrecruzamiento de llamados prácticamente excluye a Macri. Parecería que el presidente de la Nación no hablaba con nadie, ni siquiera con sus colaboradores políticos y amigos personales como Nicky Caputo.

Acaso tenga que ver con que –según documentación que obra en la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos– tanto Macri cuanto Caputo, Abad, Cuccioli, Quintana y Torello tenían teléfonos encriptados que les había provisto la AFI . «