La contrarreforma laboral, que lejos de modernizar pretende hacernos retroceder 80 años en materia de derechos, tiene aspectos específicos vinculados a los medios de comunicación. Por un lado la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del Estatuto del Empleado Administrativo, y por otro la eliminación del capítulo V de la Ley de Medios, en ambos casos aún vigentes.

La derecha instaló el discurso de que, como muchos trabajadores no gozan de los derechos que les otorgan la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo, la reforma no los afectaría. Esta falacia funciona también para el caso del periodismo. Todo el tiempo denunciamos que en la actualidad se violan los convenios y leyes laborales, pero eso no puede ser pretexto para profundizar la precarización.

En un contexto de salarios de pobreza y pluriempleo en el sector, el Estatuto del Periodista otorga derechos fundamentales. En muchas empresas de medios está vigente y, aun en donde no, permite al trabajador negociar en mejores condiciones su situación y la posibilidad de accionar judicialmente. Su derogación nos dejaría mas desprotegidos y vulnerables a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, aun quienes hoy no están correctamente encuadrados.

El Estatuto otorga estabilidad laboral y protege ante el despido arbitrario con una indemnización especial. Esto no tiene el propósito de una judicialización sino de dificultar la posibilidad del dueño de un medio a despedir, entendiendo que lo que está en juego en la comunicación es la libertad de expresión. El Estatuto pone límites al fraude laboral y resguarda el trabajo independiente, posibilita denunciar la dependencia encubierta y el uso abusivo del monotributo, el periodista tiene potestad para reclamarlo. Además, establece una jornada reducida, de 36 horas semanales, vacaciones y licencias, recargos por horas extras -que además la reforma pretende modificar a un nefasto “banco de horas” que diluiría la jornada-, entre otros derechos.

Y, en paralelo, la reforma elimina impuestos a las grandes empresas de medios, con los que se financian los medios públicos y los medios autogestivos. Esa normativa, de la Ley de Medios, tenía como propósito promover la pluralidad de voces en un sistema híper concentrado.

Esta reforma concluye el sueño de los sectores concentrados y de poder, de la tarea que comenzaron con la dictadura, cuando hicieron desaparecer cientos de dirigentes sindicales y derogaron un tercio de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que había sido sancionada en 1974. Enfrentar y derrotar esta iniciativa con la lucha en las calles es nuestra obligación.