Diecinueve integrantes de fuerzas de seguridad, ex espías del Ejército y civiles comenzaron a ser juzgados en La Plata por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo, ubicada junto a la comisaría 1° de La Matanza, donde durante la dictadura, funcionó un centro clandestino de detención por el que pasaron cientos de detenidos de secuestrados en la zona oeste del Conurbano. 

El juicio revelará los secuestros, torturas y desapariciones cometidas contra 84 víctimas, de las que 31 continúan desaparecidas. Entre los acusados está el ex jefe de investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, el ex ministro de gobierno provincial de facto, Jaime Lamont Smart, y su ex secretario y ex juez federal. Juan María Torino, alejado de la magistratura en 2004 por un caso de corrupción.

El juicio oral se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF1) de La Plata y comenzó este lunes con la lectura de las acusaciones contra siete militares del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército; 10 policías bonaerenses y los dos abogados. El debate investigará los crímenes cometidos en ese centro que integró la red de centros de tortura y exterminio que implementó la Policía provincial, conocido como Circuito Camps, por el que pasaron trabajadores, sindicalistas, estudiantes secundarios y militantes políticos, y que fue una de las bases de coordinación del Plan Cóndor.

“Es la primera vez que se hace un juicio por este centro clandestino de detención. Tenemos mucha expectativas de obtener lo que buscamos, que es que se consiga la condena de las personas imputadas”, dijo el fiscal de juicio, Alejandro Alagia. Y explicó que a medida que surjan pruebas en el debate solicitará ampliar la acusación de los imputados por homicidio: “Si se trata de un genocidio, al ministerio público no le alcanza que las condenas sean por privación ilegal de la libertad y tormentos sino también por la desaparición y asesinatos”, detalló.

El tribunal está compuesto por Alejandro Esmoris, Pablo Vega -ambos integrantes del cuerpo que el año pasado otorgó la domiciliaria a Etchecolatz- y Nelson Jarazo. Los magistrados escucharon la lectura de las acusaciones que se realizó en la sala del tribunal desbordada de público y en la que solo estuvo uno de los acusados: el ex jefe de seguridad de la Policía Bonaerense, José Luis Baume. El resto de los imputados asistió a la audiencia a través de videoconferencias desde Ezeiza, Campo de Mayo, Mar del Plata y Comodoro Py.

El juicio permitirá juzgar las desapariciones de Mónica Sofía Grinspon, embarazada, y su compañero Claudio Ernesto Logares. Ambos fueron secuestrados en Montevideo en 1978, junto a su hija Paula, de 23 meses, que fue apropiada por el subcomisario Rubén Lavallén, con la colaboración del médico policial Jorge Vidal, hoy sentado en el banquillo de los acusados. Su abuela, Elsa Pavón, logró recuperarla en 1987 con la implementación, por primera vez, de las pruebas de ADN que utilizan las Abuelas de Plaza de Mayo.

También se juzgarán los secuestros de Gustavo Lavalle y Mónica Lemos, que estaba embarazada de ocho meses, y que del mismo modo fueron capturados y llevados a San Justo con su hija, María Lavalle, de 14 meses. La bebé fue devuelta a su abuela, Haydee Vallino de Lemos, una de las fundadoras de Abuelas. Recién en 1987 la abuela logró recuperar a su otra nieta, María José Lavalle, nacida entre agosto y septiembre de 1977 en el Pozo de Banfield, y apropiada por una policía de la Brigada de San Justo, Teresa González. Los policías, militares y civiles están acusados por la desaparición del matrimonio, el secuestro y ocultamiento de la mayor de las hermanas y la apropiación de la menor.

El debate también indagará en la desaparición de la militante uruguaya Asunción Artigas Nilo y de su compañero Alfredo Moyano, padres de la menor apropiada y restituida por Abuelas, Victoria Moyano Artigas.

Las audiencias asimismo permitirán develar cómo fue la persecución a los trabajadores, a los movimientos populares de esa zona del Conurbano y a los estudiantes. Uno de los episodios que traerá a la luz es el operativo de septiembre de 1977 cuando fueron secuestrados una decena de estudiantes secundarios de Morón, Ituzaingó y Tres de Febrero que militaban en la UES de la zona Oeste. Todos continúan desaparecidos.

El centro clandestino

“En este centro clandestino queda demostrado, como pasó con (el CCD) La Cacha anteriormente, la íntima relación de la dirección civil, la policía y los mandos militares en el plan sistemático de desaparición de personas”, explicó Alagia.

Pese a su importancia y aunque dos de los acusados no llegaron al juicio por cuestiones de salud relacionadas con la edad avanzada, el juicio se realizará con una sola audiencia semanal.

“Hacía mucho que no teníamos un juicio por centro clandestino”, explicó la abogada Guadalupe Godoy, representante de las querellas de la Liga Argentina por los DDHH y la Unión por los DDHH. “Desde 2015 que no se hace un juicio de estas características con todo lo que implica, porque el Tribunal tiene una lista de espera que implica a las Brigadas de Banfield, Quilmes, Avellaneda – El Infierno y 1 y 60 de La Plata, así que la ansiedad también tiene que ver con poder avanzar para que se realicen los otros juicios”, detalló.

La abogada remarcó que el juicio será “larguísimo” si no se resuelve la decisión del tribunal de hacer una sola audiencia semanal. Y recordó que el antecedente no es alentador: “En el juicio a la CNU del año pasado, para 28 testigos tardamos prácticamente un año. Es decir que en un juicio de estas características el panorama es preocupante”.

Las otras querellas que acusan en representación de las víctimas son: el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh) a través de los abogados Alberto Palacio y Liliana Molinar; la APDH en conjunto con CTA, la Universidad de La Plata y la familia Lavalle Lemos, con las abogadas Josefina Rodrigo, Marta Vedio y Marcelo Ponce Nuñez; Abuelas de Plaza de Mayo representadas por Emanuel Lovelli; el colectivo Justicia Ya!, con las abogadas Pía Garralda y Luz Santos Morón; la doctora Delfina Patiño, también miembro de HIJOS (MVyJ) La Matanza; y por último la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, con la representación de Pedro Griffo y Agostina Ferraro, respectivamente.

Los acusados

Los militares que enfrentan la justicia son Rodolfo Enrique Godoy, militar, jefe del Área 114 del Ejército, acusado de 49 casos de secuestro y torturas. Luego están los integrantes del Destacamento 101 de Inteligencia, Emilio Alberto Herrero Anzorena, acusado por 42 casos; Ricardo Armando Fernández, acusado por 42 hechos; y Jorge Héctor Di Pasquale, imputado por 53 secuestros y torturas. También el ex teniente primero Roberto Balmaceda, implicado en 49 casos; y el ex jefe de la Sección Reunión Interior de esa dependencia de espionaje castrense, Carlos María Romero Pavón, involucrado en 72 casos de secuestros y torturas.

De la Policía Bonaerense están acusados Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director General de inteligencia, implicado en 53 casos de secuestros y torturas. También el ex jefe de la Brigada de San Justo, Alejandro Alberto Menichini, acusado por 20 víctimas; los ex segundos jefes -en distintos períodos- Leopoldo Luis Baume, Juan Carlos Ojeda y Roberto Armando Félix, implicados en 55, 16 y 25 hechos, respectivamente, y los guardias Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, Héctor Horacio Carrera y Ricardo Juan García. También el médico policial Jorge Héctor Vidal, quien está implicado en 71 secuestros y torturas.

Por último, dos civiles integrantes del gobierno bonaerense de facto, Jaime Lamont Smart y Juan María Torino, que llegan a juicio considerados como partícipe primario y secundario, respectivamente, ambos en 81 episodios de secuestro y torturas de prisioneros políticos.