Los ciudadanos chilenos tendrán que votar, «Apruebo» o «Rechazo», a la nueva propuesta de Constitución.

En octubre del año 2019 estalla la protesta social, y en octubre del 2020, el 78% de los electores se pronuncian por la redacción de una nueva Constitución. En mayo de 2021 se eligen los convencionales, mayoritariamente independientes,  de izquierda y centroizquierda, con un 20% de derecha. Pero sorpresivamente, en septiembre del año 2022 se rechaza el texto propuesto por la Convención Constitucional surgida del estallido social.

La iniciativa pasó a manos de la derecha, iniciándose un nuevo proceso. En marzo de 2023 el Congreso Nacional nombra a un comité de «expertos» para elaborar un anteproyecto de Nueva Constitución. Dos meses después, se elige por el voto popular a un Consejo Constitucional que trabajaría en conjunto con los «expertos». A diferencia de dos años atrás, las fuerzas de ultraderecha y derecha obtienen la mayoría de los consejeros, y el 30 de octubre aprobó el marco normativo que se someterá a referéndum este domingo.

Artículos de controversia

Son así llamados pues son más conservadores que los de la Constitución de 1980 de Pinochet.

Uno de esos artículos señala que se protege «la vida de quien está por nacer», en reemplazo del actual, que protege «la vida del que está por nacer». Esto es un cambio de interpretación, que choca con la actual Ley de Aborto, debido a que la nueva norma protegería la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La Ley de Aborto vigente permite la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay inviabilidad del feto y cuando el embarazo fue por una violación.

Otra norma es la que daría rango constitucional a la expulsión «en el menor tiempo posible» de extranjeros que ingresen al país de forma clandestina o por pasos no habilitados. Esto va en contra del principio de no devolución, vinculante según los tratados internacionales suscriptos por Chile, o con otros principios en el ordenamiento jurídico, como la reunificación familiar y el interés superior del niño.

Se toma el agua como una mercancía y la posibilidad de transmitir (derechos de propiedad) a otra persona (natural o jurídica), y esa transferencia, puede ser a título gratuito o a título oneroso, a través de una compraventa. Se daría así rango constitucional al negocio (de las multinacionales mineras y no mineras) en torno al agua.

Se asegura constitucionalmente la existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –jubilación privada– lo que impediría la creación de un sistema de reparto. Una de las razones de la revuelta de octubre de 2019 era el fracaso de este sistema privado, dado que retribuye al jubilado un 25% de lo que percibía cuando era parte de la población económicamente activa.

Con respecto a la educación, se establece el financiamiento por estudiante (voucher), que implicaría el financiamiento de establecimientos privados con recursos públicos, reduciéndose al Estado a un «rol sostenedor y no garantizador» de la educación. Una de las razones de la revuelta social del 2019 fue el fracaso del sistema voucher.

En salud, se pretende asegurar a perpetuidad la existencia de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) de carácter privado, obstaculizando la creación de un sistema mixto o público que considere alguna cuota de solidaridad.

El maximalismo, ahora de derecha, puede conducir a un nuevo rechazo, dado que se requiere de una Carta Magna que trascienda las ideologías e incluya a todos los chilenos. De triunfar el rechazo, se mantendría la Constitución de 1980, con las reformas que se le han introducido desde el retorno de la democracia. La mayoría de las encuestas dan ganador al Rechazo, pero esta tendencia se redujo con la campaña de la derecha, dado el monopolio que tienen de los medios de comunicación y sus efectos en la subjetividad.