Después de la primera cumbre del gobierno nacional con la mesa chica de la CGT, este jueves el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibió en Casa Rosada a un selecto grupo de diputados del bloque de la Unión Cívica Radical. Arribaron para dejar en manos del oficialismo el proyecto de reforma laboral de su propia elaboración.

El texto de 29 páginas dispone de una serie de siete actualizaciones del marco normativo que regula las relaciones laborales. Entre las principales modificaciones propone la reducción de la carga fiscal sobre el empleo, que implicaría la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y por hasta 5 empleados, para garantizar la reducción del costo laboral para las pymes.

En la misma línea plantea una reducción de la litigiosidad. Se reducirían las multas por trabajo no registrado y dispondría nuevos mecanismos de indemnización. Se establecería por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventarlo. Además se dispone la suba del periodo de prueba de tres a seis meses, dos menos de los propuestos por el gobierno nacional en el DNU 70/2023.

La derecha corrida por derecha

Hay, en tanto, dos puntos que generan más controversia. Por un lado, la declaración de la educación como servicio esencial, lo que limitaría la capacidad de ejercer el derecho a huelga del personal docente. El otro punto que generará discordia será la eliminación de las contribuciones de las cuotas solidarias a los sindicatos, que dejarían de ser obligatorias para pasar a ser optativas. Este artículo, que tiene rotundo impacto en las cajas sindicales, fue el principal punto de discusión que se abordó en la reunión del gobierno nacional y la CGT de este miércoles.

Durante la cumbre, el gobierno le deslizó a la cúpula cegetista la posibilidad de quitar este último punto, lo que permitió ablandar las tensiones y lograr cierto guiño de Los Gordos para avanzar en la modificación de la ley laboral. En 24 horas, sin embargo, las amistades se terminaron. Mientras Posse, el secretario Ejecutivo de Gobierno, José Rolandi, y el secretario del Interior, Lisandro Catalán, recibían en la planta baja del palacio de gobierno a los legisladores radicales, la CGT anunció el segundo paro nacional a la presidencia de Javier Milei para el próximo 9 de mayo.

A pesar de que en el gobierno no vinculan el llamado del paro general a la reforma laboral que acercó el bloque boina blanca, entienden que la presentación del mismo en estas condiciones abrirá un nuevo capítulo en la disputa con la central obrera. Sin embargo, desde el seno del presidente confirmaron a Tiempo que no tienen expectativas de que la modificación de las cuotas sindicales prospere en la discusión de la comisión. “Queremos que la ley salga con el mayor consenso posible y esto va a traer problemas, lo van a terminar bajando en el debate”, vaticinó ante este medio un funcionario con acceso directo al despacho presidencial.

Para el radicalismo que responde a Rodrigo de Loredo, en tanto, la modificación de las cuotas no será moneda de cambio. Según advirtieron desde el bloque, el radicalismo se mantendrá firme en esta discusión e intentará aprobar todo el proyecto tal cual fue presentado. “Se achican cuando hay que pelear de verdad contra la casta”, chicaneó un dirigente ante este medio luego de ser consultado por las conversaciones que el gobierno entabló con el sindicalismo para también alcanzar acuerdos con este sector.

En esta misma línea, y siguiendo con los guiños al sindicalismo, la misma fuente del seno libertario advirtió que el gobierno no recibe con resentimiento el llamado a huelga convocado para mayo. “Es lógico que la CGT quiera defender a sus representados”, reconoció.

Del corto encuentro participaron los diputados Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Pamela Verasay; y los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi. Todos responden al cordobés y se alistan en sus filas en la confrontación que el ex precandidato a gobernador mantiene con su par Facundo Manes.

Con una nueva ventana de discusión abierta, el oficialismo se prepara para enviar nuevamente el proyecto de Ley Bases la próxima semana, con la esperanza de que el debate en comisión no se extienda por más de cinco días y se logre el traspaso al debate en el recinto sin mayores modificaciones. De cumplirse este riguroso calendario, la “ley Trafic”, como la apodan con sorna los opositores, podría estar aprobada para la última semana de este mes.