La cámara de apelaciones de Porto Alegre rechazó este miércoles por unanimidad los últimos recursos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva contra la condena a 12 años y un mes de prisión que comenzó a cumplir el pasado 7 de abril por corrupción.
La decisión permitirá al expresidente iniciar la apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (máxima corte penal) y al Supremo Tribunal Federal contra la condena en primera instancia del juez Sérgio Moro, ratificada por el Tribunal Federal Regional 4 de Porto Alegre, según anunciaron hoy sus abogados.
«No puede ser que la defensa busque rediscutir asuntos ya juzgados», dijo el camarista Nivaldo Brunoni, un subrogante, acompañado por sus colegas Victor Laus y Leandro Paulsen.
Brunoni reemplazó al instructor del caso, Joao Pedro Gebran Neto, quien está de vacaciones y había sido el relator de la condena a 12 años y un mes de prisión contra Lula por recibir como soborno un departamento en la playa de Guarujá por parte de la empresa OAS, pese a que nunca fue escriturada a nombre del expresidente ni de alguien de su entorno.
La defensa de Lula sostuvo en un comunicado que apelará contra el mérito de la causa y también por la decisión de haber puesto en prisión al expresidente antes de que sea juzgado este último recurso.
En ese marco, crece la expectativa y también las dudas sobre lo que puede ocurrir a partir de mañana jueves en el Supremo Tribunal Federal en relación a una acción que puede beneficiar a Lula y que objeta como inconstitucional la detención de un condenado en segunda instancia, tal como lo fijó la corte máxima en una jurisprudencia de 2016, al calor de la Operación Lava Jato.
La Constitución indica que una persona debe ser detenida una vez agotadas todas las instancias de la justicia. La defensa de Lula sostiene que el exmandatario aún puede apelar en una tercera instancia.
«Veremos lo que sucede», dijo el juez Marco Aurelio Mello, el encargado en la corte de presentar el asunto en el plenario a partir de mañana.
Las dudas surgen porque el autor de esta acción es el diminuto Partido Ecológico Nacional (PEN), una agrupación nacionalista de derecha que no quiere que el caso, que originalmente buscaba defender la letra de la Constitución, sirva para beneficiar al líder del PT y favorito para los comicios presidenciales de octubre próximo.
El abogado del PEN anunció que, en caso de que el juez supremo Mello someta a votación en el pleno de la corte, pedirá que se ratifique la jurisprudencia de 2016 para no beneficiar a Lula.
El pedido de inconstitucionalidad, una vez presentado, no puede dejar de tratarse, según explicó el juez supremo Mello, y por eso la defensa de Lula quiere aprovechar esta oportunidad.
«Tenemos medidas pendientes de juzgamiento para impugnar la condena, pero también para impugnar la privación de libertad, que fue impuesta al expresidente precipitadamente en este proceso», explicó el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins.
