La purga de los jefes policiales de la provincia de Santa Fe no tiene fin. A la semana de la asunción del gobierno peronista de Omar Perotti, el ministro de Seguridad Marcelo Saín pasó a retiro a 31 comisarios. Fue un intento decoroso de oxigenar la cuestionada fuerza policial por sus vínculos con el delito en general y con el narcotráfico en particular. Ahora, la cúpula de Rosario volvió a saltar por los aires tras apenas dos semanas en funciones. Tiempo pudo saber que en los próximos días se podrían sumar a una treintena más de altos mandos a la lista: «Estamos haciendo una depuración profunda. Es histórico. Los desplazamientos podrían duplicarse. El proyecto ya está en carpeta y tiene el visto bueno del gobernador», confió una alta fuente del Ministerio de Seguridad.

«Vamos a iniciar un trabajo de revisión de la institución policial. No los vamos a tirar por la ventana. Tienen un crédito por el tiempo que les toque conducir esto, que es un crédito como el mío. Porque tenemos responsabilidad política. Yo, el mes que viene puedo estar afuera. Ustedes también», les dijo Saín a mediados de diciembre a los 19 jefes regionales de Santa Fe unas horas después de haber efectivizado la primera purga.

Aquel encuentro fue a puertas cerradas, en la casa de gobierno, donde todos los presentes debieron dejar su celular en la puerta. La presentación del ministro fue catalogada por los medios locales como «descarnada» y «frontal». Pero sus palabras trascendieron igual. «No les vamos a pedir un mango. No hay caja. Ninguno come vidrio. Tenemos años de experiencia en esto. Ustedes sabrán lo que hacen, pero no los vamos a defender ni por la malversación de un cucurucho de helado», fueron algunas de sus palabras.

Los voceros consultados indicaron que con los pases a retiro desactivaron sectores de la fuerza que administraban diferentes cajas vinculadas a negocios ilegales, que los funcionarios socialistas o bien no pudieron cortar o no quisieron hacerlo.

«Una de estas bandas manejaba todo lo que tenía que ver la zona norte de San Lorenzo y otra la zona sur. Eran dos grupos muy cerrados que respondían al exjefe general de la Policía de Investigaciones (PDI), Daniel Corbellini», agregó la fuente, quien precisó que este sector «supo monopolizar el uso político de la fuerza».

Hace poco más de un año, Corbellini había sido corrido de la PDI luego de una serie de ataques a las fachadas de edificios públicos y el exministro de Seguridad socialista, Maximiliano Pullaro, lo ubicó al frente de la Central de Análisis Criminal. La fuente confió que un tercer grupo operaba directamente en la Unidad Regional de San Lorenzo, donde su exdirector general Gonzalo «El Chino» Paz y al menos cuatro de sus subordinados, quedaron vinculados a la investigación que se le sigue a Esteban Lindor Alvarado, procesado por narcotráfico y homicidio.

Paz también tenía una aceitada relación con el exjefe de Drogas Peligrosas en Rosario, Gustavo Spoleti, quien cayó detenido –y luego fue liberado bajo fianza– en noviembre acusado de enriquecimiento ilícito, falsificación ideológica y lavado de activos.

La última baja forzada fue la de Claudio Romano –a quien también se lo relaciona a Spoleti–, quien estuvo hasta el jueves a cargo de la Unidad Regional de Rosario, donde había recalado a mediados de diciembre, cuando reemplazó a Marcelo Gómez, quien había arrancado con el pie izquierdo con la gestión Perotti: Saín lo desplazó luego de que levantara intempestivamente la custodia policial de edificios públicos que casualmente después fueron baleados.

En los primeros nueve días del año se registraron en Rosario 12 asesinatos, de los cuáles tres son atribuidos a crímenes por conflictos interpersonales; uno habría sido en ocasión de robo; y los ocho restantes se corresponderían a ajustes de cuentas presumiblemente por drogas.

De acuerdo a los voceros, el nuevo jefe de toda la policía de Santa Fe, Víctor José Sarnaglia, no responde a ninguno de estos sectores de la fuerza bajo la lupa. Estuvo al frente de diferentes unidades regionales y más de una vez le tocó investigar a sus pares. Se retiró hace unos años atrás, envuelto en una interna policial y política, pero mantuvo el vínculo con las fuerzas: llegó a ser uno de los creadores de la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires y realizó diferentes cursos en el exterior, adonde cosechó una estrecha relación con el FBI.

Al referirse a la escala de violencia de Rosario, Sarnaglia resumió al portal local Aire Digital: «Estamos dentro de lo que era previsible que ocurriese. Era parte del diagnóstico: al acabarse una especie de cogobierno con las organizaciones criminales, era sabido que esas organizaciones iban a luchar por no perder el poder que tenían. Viven de eso, mueven muchísimo dinero y no quieren perder su territorio». «

Cada 26 horas, un homicidio

«Se busca pacificar a la sociedad. En los barrios muchos de los vecinos están armados, y no necesariamente porque están vinculados a la delincuencia», cuenta a Tiempo un colaborador del área de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Para saber dónde está parado, el Ministerio puso en funciones al Observatorio de Seguridad Pública. La idea es concentrar el análisis de la información que pueda producir la policía, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Salud, entre otros organismos del Estado para generar políticas públicas de seguridad.

Tiempo tuvo acceso a los resultados preliminares del primer informe: en 2019 la provincia tuvo 337 homicidios, registrando un descenso del 5,6% respecto de 2018. El año anterior, la cifra había sido de 304. Ocho de cada diez de esos homicidios fueron en las ciudades de Santa Fe y Rosario.


Desde el Ministerio aseguraron que se fomentará el trabajo de los agentes con los municipios y que la flamante Subsecretaría de Bienestar y Género en la policía, que dependerá del Ministerio de Seguridad, buscará resolver posibles malestares de los efectivos. Además, la semana pasada comenzó a funcionar la Agencia de Control Policial, a cargo de Mariana Olivieri, en reemplazo de Asuntos Internos.