Hay algunos datos confirmados y otros que circulan como trascendidos. El gobierno de Javier Milei muestra por ahora que no es justamente el de la libertad. A 72 horas de asumir, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un protocolo para intentar prohibir la protesta social. Desde el punto de vista jurídico no tiene validez y viola la Constitución. Es un marco de acción para las fuerzas de seguridad federales. Sin embargo el objetivo político es claro: censurar la protesta contra el gobierno nacional.   

Mauricio Macri terminó su gestión convencido de que la marcha contra la reforma jubilatoria en diciembre de 2017 fue un punto de inflexión para su gobierno. Así como Milei inventa cifras de inflación, el entonces gobierno de Cambiemos dijo que en esa manifestación se habían tirado 14 toneladas de piedras. La marcha masiva terminó con disturbios, manifestantes y policías heridos, en gran medida por la provocación de las propias fuerzas de seguridad que estaban en manos de Bullrich, igual que ahora.

¿Qué tendría que decir Cristina entonces de los chacareros que cortaron rutas durante 21 días en marzo de 2008? ¿Y de las decenas de cacerolazos y marchas opositoras que tuvo durante su gestión? ¿Acaso no hubo piquetes? Hubo uno muy importante protagonizado por las centrales sindicales el 10 de abril de 2014. Era esa época en la que los trabajadores protestaban por el impuesto a las Ganancias y no por poder comer, como será en las próximas semanas. La vida siguió y el gobierno finalizó su mandato con una Plaza de Mayo desbordada para despedir a CFK.

El gobierno de Milei prepara un supuesto decretazo que podría conocerse en los próximos días. El presidente intentaría forzar al máximo un instrumento de excepción para imponer su plan económico. De lo que trascendió -sólo eso puede tomarse ahora- la norma violaría la Constitución, avanzaría sobre potestades del Congreso. Sería como clausurar la democracia republicana, esa que el antiperonismo dice defender.

Milei toma como ejemplo el inicio del gobierno de Carlos Menem. Parece no poder diferenciar que el contexto local y el mundial no tienen nada en común. Menem llegó al gobierno con la Ley de Reforma del Estado aprobada por el Parlamento. Fue una negociación con Raúl Alfonsín a cambio de colaborar con que el radical llegase al final de su mandato. Alfonsín partía de la base de que para la democracia argentina era fundamental que por primera vez un presidente elegido por el pueblo le pasara la banda a otro que emanase de la voluntad popular. Tenía razón. En la negociación Menem pidió a cambio entrar con las manos libres a la Casa Rosada, es decir, con los instrumentos para privatizar las empresas públicas que habían costado generaciones.

El Muro de Berlín se había caído en noviembre de ese mismo año. La hegemonía de Estados Unidos y el empuje neoliberal en el mundo eran imparables. Menem, un pragmático a prueba de todo, interpretó esa oleada y se subió. Nada de esto ocurre ahora. Milei no llegó con facultades delegadas, el neoliberalismo no está de moda y EE UU ya no es la única potencia hegemónica. Donald Trump, que pertenece a la misma tendencia de extrema derecha de Milei, es antineoliberal. Su gobierno se caracterizó por medidas proteccionistas para defender la industria norteamericana: aranceles a las importaciones de acero de China, impuestos para las empresas estadounidenses que producen en México y venden en EE UU. ¿Distribuyó el ingreso? Claro que no, de lo contrario sería casi un peronista. Bajó impuestos a los ricos. Fue conservador en la distribución y nacionalista en la economía.

Al no contar con el mismo contexto local y mundial que Menem, Milei parece querer forzarlo utilizando el DNU para legislar como si fuera Luis XV en la Francia del 1700. (Hay que reconocer que a Milei le gusta todo lo anterior a la modernidad del siglo XX. En eso no mintió). El asesor en esta materia es el especialista en chocar la calecita Federico Sturzenegger, que viene por la tercera revancha luego de haber fracasado con Fernando de la Rúa y con Macri. El protocolo que viola el derecho a la protesta consagrado en la Constitución y el supuesto DNU que intentaría reformar leyes que sólo puede cambiar el Congreso son un conqueteo con una neodictadura. Es intentar un Fujimorazo sin cerrar el Parlamento con los tanques, al menos por ahora.