Mientras crecen las denuncias a prepagas y obras sociales por falta de coberturas e incumplimientos, hay una paradigmática que está viviendo tiempos de crisis, ajuste y desmantelamientos. Se trata de Unión Personal (UP) y Accord Salud, obra social y prepaga de UPCN, y la situación llega al punto de poner en riesgo el funcionamiento de centros de salud.

“Desde hace tres años nuestro hijo de 8 años usa paf por asma. Nos cubría el 70% por tratamiento crónico, pero cuando fuimos en enero a la farmacia nos dicen que desde diciembre Unión Personal dio de baja tratamientos crónicos y de diabetes. Así que ahora lo tenemos que pagar al 40% como cualquier otro medicamento, y cuesta más de 120 mil pesos”, expresa a Tiempo Guillermo S., afiliado de UP en Azul, centro de la provincia de Buenos Aires.

Esa es una de las ciudades donde en el último tiempo la empresa cerró su oficina. Todos los trámites y autorizaciones deben hacerse vía app. El contacto de WhatsApp no responde, según pudo constatar este diario. Para acceder a las consultas médicas, las y los afiliados deben ir al Círculo Médico local donde les firman un bono.

En el centro bonaerense cada vez son más los centros de atención, de imágenes y radiología que están cobrándole más a los afiliados de UP (los valores van de 10.000 a 40.000 pesos dependiendo el tema) porque Unión Personal está “en alerta” por demoras en los pagos. “Cambiaron las autoridades hace poco y está funcionando muy mal, pero tampoco hay mucha alternativa”, se sinceran desde el Círculo Médico azuleño.

Crisis de Unión Personal en Luján y San Pedro

La situación está lejos de ser algo local. A mitad de enero salió la noticia en Luján: se suspendió la atención médica para afiliados de Unión Personal-Accord Salud (prepaga de UPCN) en esa ciudad. “Con más de tres meses de deudas a los profesionales médicos, la obra social y prepaga Unión Personal-Accord Salud ya no atiende en Luján”, publicó el medio cooperativo Ladran Sancho.

Al menos desde octubre se registran reclamos de afiliados y afiliadas en las oficinas de la Avenida Humberto, donde la obra social y prepaga Unión Personal-Accord Salud tiene su oficina.

Ya hace tres meses el servicio de la prepaga se había suspendido, pero luego se retomó al renegociar una deuda que supera los 300 millones de pesos, según comentaron desde UPCN y que tenían con los profesionales de la Asociación Médica de Luján.

“Igualmente, los reclamos de los y las afiliadas continuaron por la disminución de prestaciones y cobertura en medicamentos. Ahora, nuevamente se confirmó la suspensión de la atención y no es claro como continuará funcionando Unión Personal-Accord Salud en Luján. Algunos pacientes fueron derivados a sanatorios de Zarate mientras otros esperan respuestas”, manifiestan.

Y apuntan que no solo en Luján se expresa la crisis de la prepaga que afronta demandas por cobros ilegales de coseguros y copagos incluso en prestaciones exentas por ley (cirugías, tratamientos graves): “Quienes denunciaron y reclaman atención indican que ya no tienen descuentos en medicamentos para enfermedades crónicas y oncológicas o que ya no reciben presentaciones para pacientes con diabetes y discapacidad”.

En San Pedro, hace un par de meses, el Círculo Médico suspendió la atención a afiliados de Unión Personal y Accord. Lo confirmó el presidente de la entidad, Carlos Carzino. Explicó que debieron cobrar a comienzos de noviembre las prestaciones realizadas en agosto, pero el pago no llegó. Pese a los reclamos, no hubo respuestas.

Crisis, copagos ilegales, recortes

La situación con UP y Accord parece haberse empeorado drásticamente a partir de inicios de 2025. Se puede ver incluso en comentarios de afiliados que empezaron a multiplicarse en las redes. Pérdida de prestadores, cierres masivos de oficinas zonales y trámites esenciales imposibles.

Denuncian eliminación de descuentos en medicamentos para crónicos y oncológicos. Y que muchos dejaron de recibir fármacos vitales para diabetes, cáncer y discapacidad. Agregan cobros ilegales de coseguros y copagos incluso en prestaciones exentas por ley (cirugías, tratamientos graves).

“Mi papá tiene plan oncológico. Cerraron la oficina de Morón. Hay miles que pagan fortuna y los dejan sin atención, sin medicamentos, sin comunicación. Afiliados desesperados piden ayuda en redes y a la Superintendencia de Salud”, publicó el medio En Orsai.

Con la resolución ministerial 1926/24 y la política de “libre competencia”, el gobierno dejó vía libre a las empresas, y proliferaron los coseguros, que atentan contra el ingreso de familias enteras.

En la práctica se reducen dramáticamente guardias, estudios y derivaciones a sanatorios de alta complejidad (Anchorena y red Accord), afectando a provincias enteras fuera de CABA/GBA. Uno de los focos más graves del conflicto se da en la ciudad de La Plata, donde afiliados denuncian que desde hace aproximadamente cuatro meses los servicios se encuentran prácticamente suspendidos.

Clínicas que dejaron de atender, prácticas que no se autorizan y estudios que se postergan indefinidamente forman parte de un escenario que genera angustia e incertidumbre.

Según relatan usuarios platenses, la interrupción de prestaciones convive con el cobro de cuotas cada vez más altas. La situación se vuelve especialmente crítica en casos de pacientes con enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos o necesidades quirúrgicas urgentes.

paritarias union personal upcn

Pero la crisis ya es nacional. “Soy de San Martín de los Andes, en diciembre del 24 empezaron con algunos cortes, todo el 2025 no tuve cobertura… soy paciente psiquiátrica, depresión severa y acá me atienden en el hospital público que no tiene salud. Mental, solo ambulatorio. He mandado cartas, oficios de Defensa al Consumidor, papeles con reclamos, fotos de las cosas que me han pasado y hace 2 meses que ni siquiera una vez me atendieron el teléfono, estoy sin laburo, quiero darle de baja porque sino abril no voy a tener de dónde sacar plata para pagar”, afirma Nina Sosa, que tiene Accord Salud, la prepaga de UP.

Otra afiliada, Marta Montilla, acota: “Soy de Lomas de Zamora, cerraron la oficina. Cada vez tengo menos prestadores. Y me cobran una barbaridad por ser sola”.

Al mismo tiempo, se multiplican los reclamos por la falta de acción de los organismos de control. “En mi caso ya hice la presentación de denuncia en la superintendencia de salud por falta de prestaciones, después de 2 meses me dieron un número de gestión, y bien gracias, ya pasaron 4 meses más sin ninguna solución”, publicó Nelson Hernán Guerrero.

Una de las grandes víctimas son las personas monotributistas, que frente a las medidas del Gobierno desde diciembre de 2023, en caso de querer dejar UP cada vez aparecen menos opciones. De fondo la sentencia parece siempre la misma: que acceda a la cobertura de salud aquél o aquella que pueda costearla. El resto, que haga lo que pueda.

La Superintendencia de Salud recibió miles de reclamos, pero desde la desregulación, delega el “control” en una justicia sin respuestas. Los copagos y recortes siguen. La situación se agrava por despidos en el sector público y por salarios a la baja, que generan menos aportes a la obra social. Salarios a la baja que, paradójicamente, son avalados sistemáticamente por UPCN en la firma de las paritarias.

Denuncias por discriminación

Desde el año pasado ATE denuncia que Unión Personal discrimina por afiliación sindical y vulnera el derecho a la salud de las y los trabajadores del Estado.

«Desde julio del año pasado, la obra social Unión Personal (UP) viene desplegando un ataque sistemático contra trabajadoras y trabajadores del Estado afiliados a ATE y también contra quienes no se encuentran afiliados a ningún gremio, implementando prácticas discriminatorias que favorecen exclusivamente a quienes integran UPCN, sindicato que actualmente administra la obra social».

Así lo denunció Luciano González Etkin, abogado del Consejo Directivo Nacional de ATE, quien explicó que Unión Personal —obra social de todas y todos los estatales nacionales — debe garantizar igualdad de condiciones independientemente de la afiliación sindical. Sin embargo, desde mediados de 2025 se profundizó «una política abiertamente discriminatoria».

“La primera medida fue la creación del plan ‘Classic +’, destinado únicamente a afiliados de UPCN, excluyendo al resto. Luego intentaron directamente quitar hospitales y prestaciones a quienes pertenecemos a ATE o no estamos afiliados. Esa maniobra fue frenada gracias a una fuerte reacción política y jurídica de ATE”, detalló González Etkin.

Tras ese primer revés, UP avanzó con una nueva estrategia: «imponer coseguros y pagos a afiliadas y afiliados de ATE y a trabajadoras y trabajadores sin afiliación sindical, mientras que quienes se sumaban a UPCN accedían a prestaciones sin costo».

Esta práctica incluyó cirugías, tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas e incluso consultas básicas. «En muchos casos, compañeras y compañeros fueron directamente extorsionados: ‘Si te afiliás a UPCN te operamos, si no, pagás 300 o 400 mil pesos’”.

Frente a este escenario, ATE impulsó una ofensiva jurídica nacional que incluyó denuncias ante organismos oficiales, presentaciones ante la Superintendencia de Servicios de Salud y un amparo colectivo con medida cautelar favorable, que ordena suspender el cobro discriminatorio de coseguros. Dicha cautelar fue apelada por UPCN y actualmente se encuentra en instancia de resolución en la Cámara Federal.

Según el fallo del Juzgado Nacional de 1ra Instancia Trabajo N°69 (octubre 2025), Unión Personal debe “suspender inmediatamente las modificaciones, sin discriminar entre afiliados a UPCN y no afiliados, y mantener la bonificación del coseguro”. El incumplimiento genera la falta del derecho a lo más básico: el acceso a la salud.

Paralelamente, se presentaron numerosos amparos individuales que ya obtuvieron fallos positivos. El 18 de febrero la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón informó el dictamen del Juzgado de Faltas Nº 4 donde multa por más de 13 millones de pesos a Accord Salud por incumplir la Ley de Defensa al Consumidor.

“Hoy tenemos dos grandes frentes abiertos: la discriminación antisindical y el vaciamiento de prestaciones. Unión Personal está vulnerando el derecho constitucional a la salud en función del color sindical. Si sos de UPCN, accedés. Si sos de ATE o no estás afiliado, pagás o te quedás sin atención. Todo esto ya está denunciado en la Justicia y a partir de febrero empieza otra ofensiva judicial desde ATE muy fuerte a los efectos que se reconozca la cautelar colectiva y se garantice el derecho a la salud”, completó González Etkin.

Sin Gratitud

La crisis, falta de pagos y desmantelamiento de coberturas por parte de Unión Personal pone en riesgo a centros de salud. Es lo que denunció Gratitud, un centro de residencias terapéuticas en Monte Grande: “Desde el mes de septiembre de 2025 no hemos percibido pago por los servicios prestados de internación y hospital de día de los pacientes derivados por la Obra social Union Personal de la Nación por intermedio de la prestadora Psique S.A quien tenía a cargo la Auditoria de Salud Mental y adicciones y a quienes se les facturó los servicios prestados. La deuda asciende al día de la fecha a 39.542.935,5 pesos, correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a febrero de 2026”.

La directora institucional de la residencia terapéutica Gratitud, la licenciada María Laura Martín, remarcó que durante estos cinco meses Unión Personal y Psique se responsabilizaron mutuamente por la falta de pago. Y sin dar respuesta. Hasta que durante el mes de enero Psique decide quitar la prestación de salud mental a los pacientes de Unión personal y la cobertura de las internaciones a partir del día 14 de febrero.

“Se comunicaron con nosotros para decirnos que habría una serie de reuniones donde se hablaría de un plan de pagos de la deuda. Psique nunca volvió a comunicarse con nosotros. Tampoco Unión Personal”, relató.

Solicitaron a UP que brinden alternativas de espacios para derivación de los pacientes, y nunca brindaron una respuesta: “Tratándose de pacientes de riesgo por una cuestión legal no se puede simplemente pedirles que se retiren. Nuestra institución pese a la falta de pago y la promesa de pago de la prestadora Psique continúo brindando servicio a los pacientes internados. Algunos de estos pacientes de extrema gravedad, duales y con medidas de protección de persona por ser de riesgo cierto e inminente para sí y terceros”.

Y remató: “nos encontramos en una situación gravísima donde ya hace tres meses no podemos pagar el alquiler, nos han rescindido contrato de alquiler, nos fundieron y no nos brindan lugar donde derivar a los pacientes. No solo nos han provocado prejuicios económicos que nos llevan a cerrar la institución. Sino que violan un derecho constitucional hacia las personas que hoy no pueden acceder a prestación de salud mental”.