En las entrañas del PRO, el abogado Fabián «Pepín» Rodríguez Simón es un viejo conocido que llegó al estrellato del poder durante la presidencia de Mauricio Macri. Lo acompaña en las sombras desde que el magnate asumió la Jefatura de Gobierno porteño, a fines de 2007, con una cercanía y acceso que, trece años después, perdió casi por completo. Su nombre nunca salió del microclima político y judicial hasta que la semana pasada decidió pedir asilo político en Uruguay, cuando solo había sido llamado a una indagatoria. Ahora es el primer funcionario de la era Macri que se profugó y podría ser devuelto a Buenos Aires con las manos esposadas. Desde entonces su nombre se hizo conocido como nunca, pero es una mancha venenosa para casi todo Juntos por el Cambio, aunque la lista no incluye a Elisa Carrió, que lo defendió públicamente esta semana.
También podría redoblar su apoyo ahora que la justicia uruguaya desestimó el hábeas corpus que presentó para conseguir refugio. Su suerte queda en manos de una decisión política del gobierno de Luis Lacalle Pou, que queda expuesto a enfrentar un conflicto diplomático con Argentina por un tema inesperado.
La decisión de Pepín golpeó duro en la coalición opositora y el revés judicial de este sábado aún peor. A Macri y a Carrió la movida no los tomó por sorpresa porque el operador judicial se los anticipó. Aún así, la mayoría de la dirigencia de los tres partidos se enteró por los medios. Esa fuga hacia adelante amplificó su impacto, la sacó del encapsulamiento y puso a JxC en una posición incómoda. La alianza está en pleno proceso de deliberaciones internas para definir candidaturas y se preparaba para atender dos frentes abiertos: el avance en Diputados del proyecto que ya aprobó el oficialismo en el Senado para reformar el Ministerio Público Fiscal, y el lock out patronal de las entidades agrarias por el cierre de las exportaciones de carne.
Si no fuera por el incremento de los contagios y el endurecimiento de la cuarentena que este viernes anunció el presidente Alberto Fernández, el sector más duro del conglomerado opositor habría promovido un nuevo banderazo para este próximo 25 de mayo. No podrá ser. La idea estuvo presente, pero también quedó opacada por las esquirlas uruguayas de un operador judicial que todos ahora quisieran olvidar, especialmente Lilita. Cerca de la fundadora de la Coalición Cívica, aseguraron a Tiempo que Pepín «no forma parte de su agenda».
Pepín está en la Banda Oriental desde el 8 de diciembre y la semana pasada firmó un pedido de asilo político ante las autoridades uruguayas. Después, presentó una solicitud de hábeas corpus que fue desestimado este sábado por el juez penal uruguayo Marcelo Malvar. Pepín apelará hasta llegar a la Corte Suprema del país donde reside. Ese trámite retrasa, por ahora, la posibilidad de que Interpol lo detenga luego del pedido de la jueza María Servini de Cubría apenas Pepín hizo pública su decisión de no volver a la Argentina. Interpol pidió documentación y detalles al juzgado de Servini para activar la alerta roja. La magistrada y el fiscal Guillermo Marijuán lo investigan como presunto integrante y copartícipe de una maniobra planificada durante la administración de Cambiemos para quitarle sus posesiones y encarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del canal C5N.
Malvar coincidió con el fiscal Pablo Rivas y consideró que todavía no recibió ningun pedido de detención. También le reconoció el derecho de proteger sus garantías individuales para preservar su libertad e integridad física. Rodríguez Simón le informó al juez que durante los últimos días lo estaban siguiendo desde vehículos desconocidos y desde ahora deberá notificar al juzgado cualquier sospecha en ese sentido.
Mientras avancen los trámites del pedido de asilo, Pepín mantendrá una ofensiva en los medios argentinos para asegurar que es perseguido como parte de una venganza urdida por Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchher, López y De Sousa. Sus planteos tienen eco en distintos medios, pero sólo cosechan murmullos o rechazos en JxC. Nadie quiere poner la cara por el exasesor de Macri, amigo personal del titular de la Corte, Carlos Rozenkrantz y exabogado del Grupo Clarín en la disputa contra la Ley de Medios.
Por el contrario, Carrió lo defenderá. «Esa causa es muy grave porque los denunciantes son unos ladrones. López y De Sousa son unos ladrones y lo serán siempre. Entonces, yo puedo tener muchas diferencias con «Pepín», y las tengo en otras cosas, pero es el tipo que le puso la cara al juego y que los hizo pagar impuestos, dijo «Lilita» esta semana en una entrevista a Clarín.
No es lo que piensa el resto de sus socios. El excandidato a vice de Macri, Miguel Pichetto, lo repudió: “Cuando uno considera que es inocente, tiene que presentarse ante la Justicia”, retrucó. Y este sábado, fue refrendado por Mario Negri. «Yo no lo conozco a Pepín, me cayó mal la decisión de irse. Hay que bancársela y venir a la Justicia», dijo a Radio Mitre el jefe del Interbloque de Cambiemos en Diputados.
Ninguno quiere meterse en un barro que puede espesarse durante las próximas semanas, en la medida en que avance el caso que investiga Servini y Pepín siga quedándose solo en Uruguay. Otros guardan silencio y miran los sucesos en los medios. Es el caso del titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, que todavía recuerda cuando Pepín fue designado por Macri al frente del Instituto del Juego porteño y sacó a su amigo y actual diputado bonaerense Daniel del Sol. Han pasado casi ocho años desde entonces, el mismo tiempo que Rodriguez Simón lleva detrás de López y Federico De Achával, los dos concesionarios de los tragamonedas del Hipódromo de Palermo, que siempre fueron una obsesión para Macri, que delegó en Pepín. Su objetivo inicial era cobrarle 4000 a 4500 millones de pesos por ingresos brutos que le reclamaba, un dato que solo fue recordado por Carrió para defender a Pepín y darle épica.
Son mensajes también destinados a Servini, que tiene un expediente lleno de entrecruzamientos de llamados donde el operador judicial habla con funcionarios macristas, el titular de la Corte y otros miembros de la Mesa Judicial que reportaba a Macri a través del entonces jefe de asesores de la presidencia José Torello. Según comprobó la Comisión Bicameral del Congreso Seguimiento de Organismos de Inteligencia, la AFI les entregó a todos los miembros de esa Mesa un celular encriptado para preservar sus comunicaciones. Macri también tuvo uno de esos aparatos, al igual que su secretario privado Darío Nieto, que es investigado por la Justicia por haber recibido dos informes provenientes de una red de espionaje ilegal dentro del Gobierno.
Servini indaga el rol de la Mesa Judicial y el rol de Pepín. Según la Bicameral estaba integrada por él, Torello, el exministro de Justicia Germán Garavano, el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, el exsubsecretario de relaciones con el Poder Judicial Juan Bautista Mahiques, el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, y el empresario de los juegos de azar y extitular de Boca Juniors, Daniel Angelici. El «Tano» nunca habría perdido la interlocución con los empresarios que impulsan la denuncia y, al igual que la mayoría de Cambiemos, se pregunta qué hará Pepín si tiene que volver esposado a Buenos Aires. Servini indaga el rol de la Mesa Judicial y el rol de Pepín. Según la Bicameral estaba integrada por él, Torello, el exministro de Justicia Germán Garavano, el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, el exsubsecretario de relaciones con el Poder Judicial Juan Bautista Mahiques, el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, y el empresario de los juegos de azar y extitular de Boca Juniors, Daniel Angelici. El «Tano» nunca habría perdido la interlocución con los empresarios que impulsan la denuncia y, al igual que la mayoría de Cambiemos, se pregunta qué hará Pepín si tiene que volver esposado a Buenos Aires.
