El Gobierno de la Ciudad ataca como una provincia y se victimiza como un municipio. Esta premisa no es azarosa y resume en parte el accionar de la gestión macrista en sus 18 años de administración. Es porque en reiteradas oportunidades enfatizó con orgullo su autonomía, implementando como corresponde sus propias políticas educativas, sanitarias y sociales al mismo tiempo que le reclamaba más dinero del que le correspondía al Estado nacional respecto a la coparticipación, montos para manejar su propia fuerza de seguridad, subsidios para el subte y varias obras que deberían estar en manos del distrito porteño, pero que fueron finalmente realizadas por Nación.
La Ciudad debería funcionar como una provincia tras la aprobación de la Constitución porteña de los ’90. Pero ¿funciona como tal? Este 1 de septiembre se cumplen 20 años de la sanción de la Ley de Comunas (la 1777), una norma que el gobierno porteño restringe desde su sanción en 2005. En ese marco, este 2 de septiembre a las 17, se realizará en la Legislatura un encuentro a dos décadas de la aprobación.
La Constitución porteña, en su artículo primero, establece que sus instituciones autónomas se organizan como democracia participativa y en su título sexto define a las comunas como comunidades de gestión política y administrativa descentralizadas, y que esta Ley es la que regula su integración, funcionamiento y competencias.
“Las comunas son una institución de carácter constitucional concebidas para ejercer la democracia participativa, para que la ciudadanía decida en qué ciudad quiere vivir y cuáles son las políticas que necesita. El problema es que el distrito se encuentra inmerso en una grave degradación institucional porque el gobierno solo cumple la ley si ésta no se contrapone con los intereses privados”, señaló a Tiempo Stella Johnson, integrante del Consejo Consultivo Comunal N° 6.
Entre otros puntos, el gobierno cumple parcialmente con los artículos formales que imparten la división en comunas y su conformación como el 5 el 6 y el 7; pero obvia los que imponen las partidas presupuestarias y la participación ciudadana como el 10, parte del 11 y el 12. E ignora el artículo 13 que invita a las comunas a que planifiquen políticas en salud, educación, medioambiente, hábitat, cultura, deporte, seguridad.
“Desde el 2007 a la fecha, el gobierno ha renunciado a la función de planificar la ciudad y la ha delegado en el sector económico concentrado: es un facilitador y garante de los negocios”, agregó Johnson y remata: “Lo que el mercado hace en la ciudad es totalmente opuesto a lo que necesitamos para un buen vivir, para preservar el patrimonio y la identidad de los barrios, quedó demostrado con los códigos urbanísticos y de edificación, la venta o concesión de tierra pública, y la invasión del espacio público por parte de los polos gastronómicos, entre otros”.
Los consejos consultivos integrados por vecinas y vecinos jamás fueron convocados a participar de las discusiones para la elaboración de los códigos mencionados, pero tampoco fueron invitados a ninguna de las reuniones de vecinos organizadas por el gobierno, porque éste los considera hostiles, dada la resistencia que ofrecen ante los proyectos que el Ejecutivo redacta de manera inconsulta.
Rubén López, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 15 y de la asociación Amigos de Parque Los Andes, explica que “el gobierno no descentraliza, a lo sumo desconcentra algunas funciones a la junta comunal, pero por otra parte designa o impone a las juntas comunales gerencias con lo que bloquea la autonomía del accionario de los juntistas que fueron elegidos por el voto de los vecinos”.
El referente señala que el gobierno no difunde la existencia de los consejos consultivos ni dan participación en términos de lo que indica la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la ley orgánica de comunas.
“Por ejemplo, el Consejo Consultivo de la Comuna 15 desconoce por falta de información la planificación de acciones territoriales y nos enteramos por los hechos consumados», advierte.
Una jurisdicción que motiva a la antipolítica
De funcionar correctamente la Ley, la ciudad descentralizada en 15 comunas, donde cada una actuaría como una mini intendencia y los ciudadanos participando en los consejos consultivos, podría intervenir en las problemáticas de sus barrios. “Y las juntas, formadas por siete comuneros votados deberían ser los interlocutoras de la ciudadanía nucleada en los consejos consultivos. Imaginate si todo esto funcionara, qué gran ejercicio democrático sería, ¿no?”, ironizó Osvaldo Cordo, secretario de Relaciones Institucionales del Consejo Consultivo de la Comuna 10.
Pero Cordo explica que la realidad es otra porque las comunas no tienen presupuesto propio, y las obras las sigue manejando el gobierno central. “Las obras se imponen y las competencias de los comuneros son mínimas. Por ejemplo, pueden participar en el arreglo de las plaza y podas de arbolado, pero el resto, salud, educación, producción, tránsito, etcétera, se gestionan desde el gobierno central porque están consideradas competencias concurrentes”, agregó y concluyó: “La falta de implementación de la Ley incentiva a la antipolítica a medida que se van generando ciertas formas de autoritarismo”. «
