La operación militar estadounidense que sacudió la soberanía venezolana y la tragedia natural que hoy mantiene bajo los escombros a buena parte de la República Bolivariana de Venezuela colocan a ese país ante dos pruebas de naturaleza distinta, pero de enorme impacto político, humano y social. Una nació del cálculo y los intereses geopolíticos y del uso unilateral de la fuerza. La otra, de la furia imprevisible de la tierra, aunque sus efectos se agravan sobre una sociedad castigada por años de sanciones, bloqueo económico y deterioro material.
En los primeros seis meses de 2026, Venezuela ha pasado de la conmoción política provocada por una operación militar estadounidense, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, a una emergencia sísmica que concita atención, dolor y solidaridad mundial. La tragedia obliga a mirar más allá del evento natural, porque ningún terremoto discrimina socialmente, pero sus consecuencias sí golpean con mayor crueldad donde los hospitales, los equipos de rescate, la infraestructura, el combustible y la capacidad estatal han sido debilitados por una larga guerra económica.
De ahí que, en medio de los escombros, lo que debe quedar claro es que Venezuela necesita ayuda, no cálculo político; solidaridad, no tutelaje; cooperación, no chantaje. La tragedia natural ha convocado a una comunidad internacional que se ha manifestado con alto espíritu altruista, humanitario y solidario, pero también la llama a revisar una política de sanciones que, en nombre de la democracia, castiga hospitales, niños, ancianos, trabajadores y familias enteras, porque si la tierra golpeó sin discriminar, la solidaridad tampoco debe discriminar, ni mucho menos condicionarse al derecho de los pueblos y las naciones a su libre determinación.
La tragedia natural sobre una sociedad debilitada
Los dos terremotos no solo derrumbaron edificios, carreteras, hospitales y viviendas, sino que también dejaron al descubierto las profundas vulnerabilidades acumuladas por una sociedad sometida a presiones extremas. La Guaira, Caracas y otras zonas del país se convirtieron en escenarios de dolor, búsqueda desesperada y destrucción material, mientras miles de familias quedaron atrapadas entre el duelo, la incertidumbre y la espera de noticias sobre sus seres queridos.
Toda catástrofe natural tiene un componente inevitable, pero ninguna tragedia se expresa al margen de las condiciones sociales en que ocurre, por lo que un sismo de gran magnitud como el que afectó a Venezuela no pregunta por ideología, clase social ni filiación política, pero sus catastróficos efectos sociales se multiplican, y son más dolorosos cuando encuentra hospitales sobrecargados, equipos sin repuestos, servicios públicos debilitados, viviendas sin mantenimiento adecuado y una economía forzada durante años a operar bajo restricciones que limitan incluso la capacidad de responder ante una emergencia nacional.
De ahí que reducir la tragedia venezolana a un simple desastre natural sería una forma de ocultar la dimensión estructural en el que encuentra al país suramericano. La tierra tembló por razones geológicas, pero la magnitud social del desastre también habla de sanciones, bloqueo financiero, deterioro inducido y pérdida de capacidades materiales para enfrentar una emergencia de gran escala. Allí donde debieron entrar retroexcavadoras, ambulancias, plantas eléctricas, medicinas, combustible y equipos especializados, apareció con crudeza el costo acumulado de una política de asfixia.
Del asedio militar al bloqueo económico
La operación militar estadounidense contra Venezuela no puede verse como un episodio aislado ni desconectado del cuadro actual. Forma parte de una estrategia de presión prolongada, donde la amenaza militar, la guerra de baja intensidad, la criminalización del adversario político y la narrativa del narcoterrorismo han servido para justificar despliegues, sanciones y mecanismos de tutela sobre un país formalmente soberano. Bajo ese marco, la tragedia natural encuentra a Venezuela herida antes de que la tierra terminara de abrir sus grietas.
Desde el 2015, cuando Venezuela fue declarada “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos, el país suramericano quedó colocado en una ruta de hostigamiento económico y sanciones que se radicalizaron en los años posteriores, y terminaron golpeando la vida cotidiana: importación de medicamentos, mantenimiento eléctrico, movilidad, combustibles, repuestos, maquinaria pesada, financiamiento internacional y funcionamiento general del Estado.
Oportuno es advertir que quienes intentan convertir la tragedia venezolana en política carroñera omiten adrede que ninguna nación puede responder plenamente a un desastre de esta magnitud si antes ha sido sometida a restricciones que limitan su capacidad material y condicionan su derecho a la libre determinación.
Y mucho menos se puede pretender descubrir ahora, entre ruinas y cadáveres, las condiciones calamitosas que desde hace años padece el pueblo venezolano, cuando esas condiciones han sido denunciadas con persistencia por quienes siempre advirtieron que el bloqueo no era una abstracción diplomática, sino una forma concreta de castigo colectivo contra la vida material de una nación.
La crítica al gobierno venezolano podría tener espacios legítimos, pero resulta moralmente inaceptable borrar de la ecuación el papel de Washington y de sus aliados europeos en la destrucción progresiva de capacidades esenciales para proteger vidas humanas.
